Quién no recuerda el famoso “teléfono malogrado” que tanto jugábamos en la infancia: se iniciaba con una frase que debía ser repetida por una cadena de personas, la última de las cuales debía supuestamente repetir la frase original, lo que en la mayoría de los casos no sucedía (la frase dicha por el receptor final era totalmente distinta a la inicial). Influía en esta distorsión los ruidos, la posible mala intención de algún ‘transmisor’ así como el desconocimiento del receptor de la frase original.
 
El escenario que hemos podido observar en nuestro país en los últimos meses a raíz de las protestas por los Decretos Legislativos 1064 y 1090 (en adelante los Decretos) no difiere mucho del conocido juego de infancia. Es así como la buena intención del gobierno llega distorsionada a las comunidades nativas y viceversa.

Al parecer, una vez más, la falta de un diálogo claro y directo desde el inicio y entre los principales interesados (el Estado y las comunidades nativas) fue propicia para permitir que un problema inexistente se convierta en un gran conflicto, en el que los únicos perdedores somos los peruanos al desalentar proyectos de inversión en las zonas más pobres del país.
 
Debió entablarse un diálogo claro, que se desarrolle teniendo en cuenta las tradiciones, cosmovisión y creencias de quienes se verían directamente involucrados (prefiero referirme a ellos así y no como afectados, ya que es precisamente dicha concepción el punto de partida de todo el conflicto) por tales Decretos. Si el Estado hubiera dialogado con las comunidades nativas antes de la publicación de los Decretos éstas habrían comprendido que sus derechos no serían violados y que no existía una intención maquiavélica de sacar provecho a costa de ellos. Por el contrario, además de regular actividades en la zona de selva, se buscaba proteger a las comunidades mediante un marco legal dirigido a acabar con las prácticas ilegales (actividades que encuentran el paraíso en donde se carece de aquel) que a su vez permitiría dar mayor valor a sus tierras en su negociación con privados. Por ello hablemos claro, evitemos los teléfonos malogrados.

Por otro lado, cuando señalo la necesidad de un diálogo directo, hago referencia a que se debió tener en cuenta la posible existencia de ‘ruidos’ que como apreciamos excedieron voluntariamente los ECAs (estándares de calidad ambiental), es decir no se observó la transparencia en la entrega de información al receptor que desconocía la frase original. Aún cuando todos los peruanos somos parte interesada en la mejor solución de este conflicto, no es menos cierto que para ello existen peruanos capacitados para prevenir conflictos sociales de esta naturaleza. El Estado tiene a su cargo la responsabilidad de acudir al lugar de los hechos a dialogar con las  comunidades nativas y utilizar las herramientas adecuadas para implementar una ley positiva como eran estos Decretos. Lo anterior hubiera evitado en gran medida la enorme campaña mediática que se generó alrededor de este conflicto, pérdidas de vidas y de recursos.  Estos recursos se debieron invertir en la información adecuada de estos Decretos y no en la movilización de tropas para controlar el conflicto.

Lo vivido nos deja una gran lección: no se puede jugar al teléfono malogrado con temas serios. Aprendamos la lección sin plazo de vencimiento, es decir, aprendámosla para toda la vida.  Esto ayudará al desarrollo sostenible de las zonas más pobres del país y evitará que se ahuyente a la inversión de empresas así como de entidades sin fines de lucro.