Febrero es mes de carnavales. Perú no es Brasil, por lo que no disfrutamos de ese impresionante espectáculo que es el Carnaval de Rio de Janeiro con el desfile de las escuelas de samba, y lamentablemente tampoco del impresionante movimiento (artístico) de las garotas que constituyen patrimonio nacional en Brasil. Pero, ingeniosos al fin y al cabo, los peruanos siempre encontramos productos y servicios sustitutos o  alternativos a aquellos que por diversas causas no están a nuestro alcance. Y gracias a los organismos encargados de la administración de justicia –sobre todo el Poder Judicial, qué duda cabe- en estos primeros meses del año  hemos encontrado  algunos productos sustitutos al Carnaval de Rio. La diferencia, claro, es que en lugar de la espontánea sonrisa que surge con las imágenes del Carnaval, el carnaval local genera una preocupación tras otra.

Primero fue la sorprendente medida cautelar dictada en favor del Gobierno Regional de Ancash y de su Presidente, César Alvarez. El Sr. Alvarez, sumamente cuestionado por diversas irregularidades en el manejo de dicha región, era investigado por la Contraloría General de la República. Convencido de su inocencia y argumentando que la fiscalización de la Contraloría perturbaba las labores habituales del Gobierno Regional, el Sr. Alvarez consiguió que un Juez Mixto de Huaraz ordene una medida cautelar que, increíblemente, prohibía a la Contraloría ejercer las funciones que le son inherentes; ¿para qué existe una Contraloría que no puede investigar?. Recordemos que en un Poder Judicial donde la especialización es la regla (de allí la creación en los últimos años de los juzgados constitucionales, comerciales y contencioso administrativos), el Juez Mixto es un juez no especializado que conoce de diversas materias, es decir, de todo un poco. Esta medida cautelar quedó sin efecto al prosperar la apelación de la Contraloría, pero es altamente preocupante que aunque durante pocos días, haya estado vigente una decisión judicial como esa.

Luego se produjo un evento muy parecido, aunque con distintos actores. El Sr. Javier Ríos es un abogado que en el 2007 fue elegido por el Congreso como miembro del Tribunal Constitucional (como sabemos, en el Perú los miembros del TC son elegidos no sólo en función de sus méritos sino de  acuerdos y conversaciones entre los partidos políticos). Luego que la prensa descubrió que participó en una reunión por lo menos sospechosa con personajes vinculados al APRA y a otros menesteres (con el Sr. Agustín Mantilla a la cabeza), su elección quedó sin efecto. Sin perjuicio que con posterioridad el Sr. Ríos intentó restar eficacia a la decisión de Congreso renunciando a aquello que ya no existía (su elección) lo cierto es que un Juez Constitucional aceptó una medida cautelar y  ordenó al Congreso que lo nombre como magistrado del TC. Cuando el juez se dio cuenta del grosero error que había cometido, del revuelo mediático y de las quejas públicas de distintos sectores del gobierno, pese a contar con el apoyo del Presidente del Poder Judicial, dio marcha atrás y “suspendió” su decisión. Es evidente que recién realizó un verdadero análisis de los hechos luego de conceder la cautelar, y no antes como correspondía. Y por si fuera poco, ese mismo juez amenazó a un periodista apuntándole con un arma. Increíble.

Párrafo aparte merece todo lo que ha sucedido recientemente en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La desaprobación del Dr. Avelino Guillén, Fiscal Supremo, es más una cuestión atribuible al propio Dr. Guillén que al CNM. Rindió un examen y no lo aprobó.  Es cierto que nadie pensaría en un resultado  desaprobatorio, pero así ha sido. La corrección de los exámenes estuvo a cargo de profesionales intachables, por lo que más allá de la sorpresa no existe otra cosa. Pero a partir de este hecho se han hecho públicos otros que sí preocupan enormemente, como la denuncia contra el Dr. Efraín Anaya, consejero del CNM, quien habría pedido dinero a un fiscal para “ayudarlo” en el proceso de ratificación,  o la recomendación del propio Dr. Anaya para que forme parte del equipo evaluador del CNM de un magistrado con dudosos antecedente.

Todo preferimos el Carnaval de Rio que las tristemente célebres conductas carnavalescas locales. Habrá que seguir con atención el desenlace de estos hechos.