El famoso bono

El Gobierno Central ha otorgado un bono de 1000 soles por una única vez a los militares y policías que alcanza al personal en actividad e incluye a las viudas, deudos y al personal que ha pasado al retiro por invalidez. Asimismo ha aumentado, de manera permanente, 100 soles mensuales al personal activo y pensionista militar y policial. Estos aumentos remunerativos se hacen realidad a partir de la observación de una ley expedida por el Congreso que solicitaba un aumento derivado de los saldos presupuestales no ejecutados que, por cierto, podían alcanzar hasta 5000 soles al mes y llevarían a un hueco fiscal de montos incalculables. En otras palabras este bono y el aumento son un paliativo o, en su defecto, es la contrapropuesta del Ejecutivo a un tema por demás espinoso. El costo del bono que efectivamente dará el gobierno es de alrededor de 150 millones de soles y se financiará con recursos propios de los Ministerios del Interior y Defensa, ello implica dejar de gastar en ciertas cosas para pagar el bono extraordinario.

Este pedido de aumento salarial de los militares y policías sin embargo está absolutamente justificado pues los sueldos de estos sectores de la administración pública están tan rezagados que se han creado todo tipo de “compensaciones” para cubrir ese desfase. Así, se recibe una compensación por gasolina, otra por mayordomo y otras sucesivamente para tratar, en algo, de mejorar los ingresos.

Pero una de las razones más importantes por las que no se puede aumentar los sueldos de policías y militares es que en ellos sigue existiendo la cédula viva, que no es otra cosa que aumentarle al personal activo y un monto igual a este, a los pensionistas y a las viudas del personal militar. Así las cosas cualquier aumento salarial se vuelve insostenible. Por ello, hace 4 años se cerró la cédula viva para el resto del personal de la administración pública pero los militares y policías quedaron con este régimen porque, para ser realistas, siempre se les ha tratado con la deferencia que implica el conocimiento que sus sueldos venían muy atrasados y, por supuesto, porque ningún gobierno se quiere pelear con militares y policías.

Ahora bien, cabe recordar que, tal y como señala la Constitución los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Esto quiere decir que no pueden crear o generar una obligación dineraria por parte del Estado hacia terceros. La Constitución señala, sin lugar a dudas, en su artículo 79° que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Ello por una sencilla razón, el Congreso es y será un ámbito político donde se expresan opiniones políticas y no necesariamente técnicas. Por ello, son los técnicos, los que deben analizar y evaluar técnicamente y en aras del bien común lo relacionado con la hacienda pública, que no es sino los gastos del Estado en general. Hacerlo de otra manera sería permitir a los políticos la capacidad de gastar y a través de este gasto asignar recursos de todos los peruanos usando, generalmente, criterios políticos. Ello por supuesto no quiere decir que no se requiera siempre una coordinación estrecha en leyes que presuponen gasto. Estas, presentadas por el Ejecutivo, deben ser discutidas y votadas en el seno del Congreso. Para ello, la coordinación entre legislativo y ejecutivo es crucial pero los roles de ambos poderes públicos son diferentes y lo serán siempre. Por ello el artículo de la Constitución antes reseñado no hace sino reconocer una realidad y hacer que ambos poderes del Estado coordinen el gasto. A uno le da la iniciativa y al otro le da la facultad de aprobación.

Nota aparte debe ser el reconocer que dado que los militares y los policías tienen ahora derecho a voto, los políticos se dejan llevar por necesidades electorales y es por ello que de todas las tiendas políticas, inclusive las del partido de gobierno, se ha votado a favor de la ley que luego tuvo que ser observada por el Ejecutivo. Muestra del poder de los militares y los policías es por supuesto, la amenaza de huelga que finalmente llevó al bono.

Lo importante es ordenar las remuneraciones públicas e incluir en ellas a médicos, maestros, policías y militares. En otras palabras, sincerar la planilla pública. Esto sólo es posible hacerlo en un momento de relativa estabilidad económica como el actual y esta es una oportunidad que de nuevo, está dejando pasar este gobierno. Esperemos que el que venga, arregle de una vez por todas, la planilla estatal para que casos como este bono y la presión que se ha puesto para conseguirlos, no se repitan.
 

¿Cómo citar este artículo?

BLUME CILLONIZ, Cecilia. El famoso bono. En: Enfoque Derecho, 8 de marzo de 2010.  http://www.enfoquederecho.com/?q=node/267/ (visitado el dd/mm/aa a las hh:mm).