Brita GMBH c. Hauptzollamt Hamburg-Hafen: Una sentencia de efectos Inesperados

Estimado Carlos,

Creo que la cuestión es un poco más complicada de lo que la presentas. En estricto no me parece que la sentencia denote evidencias de haber sido dictada con consideraciones extra-jurídicas en mente, es por ello que considero que sus efectos son "inesperados".

Y, en todo caso, si bien es verdad que el libre comercio es beneficioso para los pueblos y que en última instancia el conflicto árabe-israelí no ha traído sino penurias a ambas naciones, en este caso, no sería una exageración afirmar que la dependencia económica de la que hablas no “sucedió”, sino que tiene como una de sus principales causas precisamente la ocupación israelí, que dificulta el desempeño económico de la zona (revisa los informes del Banco Mundial que linkeo en el artículo).

Ahora, también es verdad que estos controles tienen también como una de sus causas los años y años de violencia terrorista de parte de ciertos sectores de la población palestina (la OLP, Hamás y, en el pasado, Fatah) que incluso preceden a la ocupación y que generaron un sentimiento de desconfianza muy grande. Israel simplemente siente que debe mantener controlada a esta población porque de lo contrario las cosas se saldrán de control. (Revisa el FAQ del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel que linkeo en el artículo)

Pero el problema es que, precisamente, esto ha devenido en un círculo vicioso: Hamás recurre a la violencia “en defensa de los palestinos” y en respuesta Israel impone controles cada vez más estrictos “por razones de seguridad” que luego sirven de excusa a Hamás para seguir promoviendo la violencia.

La única forma de lograr un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes es lograr (en cualquier orden) que Hamás abandone la violencia y reconozca el derecho de Israel a existir como Estado Soberano y que Israel se retire de la Rivera Occidental y Jerusalén del Este para permitir que exista un Estado Palestino viable. Lamentablemente, ambas partes sufren de una desconfianza mutua de tales proporciones, que ninguno confiaría en el otro lo suficiente como para dar el paso necesario. Ambos creen que su contraparte, en el fondo, no quiere la paz y que si uno toma una acción determinada a favor de la paz, el otro aprovechará la situación para su beneficio y la paz permanecerá esquiva. Es por ello que creo que incentivos externos e inesperados como esta sentencia pueden ser de relevancia en el largo plazo.

En última instancia, como dices, el fin de todo esto debe ser siempre la paz.

Saludos.

Estimado Alejandro,

Entiendo tu punto y agradezco tu comentario porque me permite elaborar un poco más mis argumentos.

Estoy de acuerdo contigo en que la mayoría de tribunales internacionales (la CEJ incluida) son reacios a analizar temas espinosos de Derecho Internacional General. No creo que la Corte haya hecho mal en tratar de buscar otra salida al problema, por eso digo que su decisión fue "comprensible". Lo que pasa es que tengo algunos problemas con la interpretación que hizo la Corte, que para ser honesto, no me convence mucho.

Yo creo que la salida de usar el art. 34 de la Convención de Viena (CVDT) no me deja tan satisfecho como la salida que tomó, por ejemplo, en el caso de Chipre que mencionas (para el resto de lectores linkeo la sentencia aqui: Caso C-432/92, Ex Parte Anastasiou (Pissouri) Ltd -http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61992J0432&lg=en). (No he tenido oportunidad de leer los casos africanos a los que te refieres agradecería si me pudieses dar los datos para revisarlos).

Comparemos ambos: en el caso de Chipre, la Corte señaló que "La admisión de certificados por parte de las autoridades aduaneras del Estado importador demuestra que éstas depositan toda su confianza en el sistema de control sobre el origen de los productos, tal como lo aplican las autoridades competentes del Estado exportador (...) Por lo tanto, dicho sistema sólo puede funcionar si se respetan estrictamente los procedimientos de cooperación administrativa. Ahora bien, dicha cooperación no es posible con las autoridades de una entidad como la establecida en la parte septentrional de Chipre, no reconocida por la Comunidad ni por los Estados miembros (...). En estas circunstancias, la admisión de certificados de circulación no expedidos por la República de Chipre, sin posibilidad de control ni de cooperación, supondría la negación misma del objeto y de la finalidad del sistema establecido por el Protocolo de 1977". (parr. 39-41)

El razonamiento de la CEJ en ese caso fue que aceptar certificados de circulación de una entidad distinta al Estado Chipriota -en quien la UE no confía- iría en contra del fin del tratado, por más que Chipre no pueda ejercer todas sus atribuciones sobre esa área. (En cambio, en este caso, no es que Israel no pueda ejercer sus atribuciones en una parte de su territorio, sino que estaría ejerciéndolas en un territorio donde no debería hacerlo).

Personalmente esta salida me parece mucho más clara y directa que la que usó la Corte en el Caso Brita. Pero como en este caso sí hay confianza tanto con Israel como con la Autoridad Palestina (ambos son sujetos reconocidos por la UE, a diferencia de Chipre del Norte), la Corte tuvo que buscar otra forma de responder a la pregunta sin tocar el tema sensible de los asentamientos y para eso se fue al artículo 34 de la CVDT.

Mi pregunta es: ¿realmente se le está imponiendo una obligación a un tercero? ¿Aceptar certificados emitidos por la autoridad israelí en Cisjordania le crea de alguna manera una obligación a la Autoridad Palestina de reconocer esos certificados? No. Es verdad que será difícil, sino imposible para la AP ejercer sus facultades aduaneras dentro de los asentamientos, pero desde un punto estrictamente normativo, no, el reconocimiento de certificados israelíes no crea obligación alguna a la AP de reconocerlos. Simplemente esos certificados Israelíes no deberían ser reconocidos porque son emitidos por un Estado en zonas en donde no tiene facultades para hacerlo.

Es verdad, Alejandro, que la CEJ debe limitarse a fuentes europeas y principios generales del Derecho Internacional; pero la no intervención, la territorialidad y la soberanía son también principios generales, tanto como lo es el principio consagrado en el artículo 34 de la CVDT. Por eso creo que no habrían habido problemas con estudiar el tema de los asentamientos para resolver el caso (y habría sido mucho más interesante!).

En lo demás estoy de acuerdo contigo, la Corte no dejó en la nada a Cisjordania (el tratado UE-AP sigue en pie) y más bien hizo bien en levantar las preferencias a los bienes israelíes. El resultado es el mismo, es sólo que el camino es menos divertido...

Saludos!