Laboral

El dia de hoy, EnfoqueDerecho publica una interesante entrevista a Ana Luz Mamani, Presidenta de Mujeres del Sur, organización de trabajadoras sexuales. Uno de los principales objetivos de esta organización es lograr que se reconozca dicha labor como una forma de trabajo, para poder acceder a los mismos beneficios que derivan de cualquier otra relación laboral (seguro, gratificaciones, etc).

A finales de octubre del año pasado, se publicó la Ley Nº 29426, Ley que crea el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados en el Sistema Privado de Pensiones (REJA), régimen temporal destinado a aquellos afiliados que cumplan con las condiciones o se encuentren en las situaciones siguientes: (i) Que cuenten, al momento de solicitar el beneficio, con un mínimo de 55 años cumplidos para varones y 50 años cumplidos para mujeres, (ii) que se encuentren desempleados durante 12 meses a más, (iii) que la pensión calculada en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) resulte igual o mayor de una Remuneración Mínima Vital (RMV).

No cabe duda que si en algún campo del derecho existe un alto nivel de conflictividad es en el laboral. La naturaleza de la relación de trabajo, caracterizada por la subordinación a la que está sujeto el trabajador frente al empleador, conlleva a un estado de conflicto permanente, que en muchas oportunidades alcanza el ámbito judicial.

Aun para los más radicales defensores de la igualdad entre hombres y mujeres, hay un hecho objetivo que justifica el trato diferente a favor de éstas: la maternidad. El ordenamiento nacional, desde la antigua Ley sobre Trabajo de Mujeres y Menores, concedió beneficios exclusivos a las mujeres por su maternidad. Hoy en día tales beneficios consisten principalmente en: descanso pre y postnatal, permiso por lactancia, licencia laboral por adopción, protección a la mujer gestante frente al desempeño de labores riesgosas para su salud o la del feto y 30 días adicionales de subsidio por nacimiento múltiple.

Las empresas pagan las remuneraciones a su personal bajo la modalidad que estimen (depósito bancario, cheque o cash).  No hay normas que regulen la forma de pago de las remuneraciones y ello genera en ocasiones que los trabajadores no puedan cobrar sus beneficios sociales o tengan dificultades para hacerlo.

Hay países –como Argentina– que han implementado esta propuesta de ley.  Se trata que los trabajadores solamente puedan cobrar sus remuneraciones y beneficios sociales a través del sistema financiero que ellos elijan brindándose mejores garantías para la tutela de los sueldos.