Sociología del Derecho

El 5 de julio del presente año la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo entró en vigor en España. Tanto la aprobación como la entrada en vigencia de la norma estuvieron rodeadas por mucha polémica, ya que se trata de una ley que despenaliza el aborto, transformándolo en un derecho, y permitiendo así a las mujeres la interrupción voluntaria de cualquier embarazo no deseado sin la necesidad de alegar ningún motivo hasta la semana número catorce de gestación.

Luego de haber sido observada por el Poder Ejecutivo, la ley de consulta previa –que regula el derecho de consulta de los pueblos indígenas según el Convenio 169 de la OIT–, ha vuelto a las manos de los congresistas de las comisiones de Constitución y Reglamento (CCR), y de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAE) [1].

El día 20 de mayo, pasado el mediodía, en el pleno del Congreso de la República, con 62 votos a favor, 7 en contra, y 6 abstenciones, se aprobó el Dictamen sustitutorio de la Comisión de Constitución y Reglamento de la Ley de Consulta Previa a Pueblos Indígenas en el Perú. Antes de llevar a cabo un análisis político de lo que esta ley representa en la estructura del Estado, o de reflejar el trabajo constante de todos los involucrados en su aprobación, entendamos primero sus implicancias jurídicas a partir del contenido mismo del derecho a la consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT, y plasmado en esta medida legislativa.  

El último año, por los motivos que todos conocemos se puso de moda hablar de los pueblos indígenas, proponer soluciones, hacer documentales, encontrar explicaciones. El presente artículo no apunta hacia las grandes causas del divorcio entre estado y pueblos indígenas, no busca profundizar en la mala conformación del Perú como estado, excluyente y desigual, tampoco pretende solucionar por completo un problema que es demasiado complejo para abordarlo en pocas líneas.