Cuando Sergio Urrego Reyes, estudiante colombiano de 16 años, le dio un beso a su pareja en la escuela bogotana Gimnasio Castillo Campestre, se le acusó de haber vulnerado las normas del Manual de Convivencia Escolar implementado en su colegio, por haber incurrido en “manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares”. Tanto él como su pareja fueron enviados al psicólogo escolar. Los padres del joven fueron citados a la escuela, pero como solamente asistió la madre, el colegio se rehusó a dictar clases al joven hasta que ambos padres asistieran a la reunión. Cuando finalmente lo hicieron, se les informó que los padres de la pareja de Sergio presentarían una denuncia por acoso sexual, respaldados por el colegio, a pesar de que ambos adolescentes aseguraban tener una relación de forma voluntaria. Cuando la madre optó por retirarlo del colegio, la carga discriminatoria ya había generado severos daños, y Sergio Urrego Reyes terminó con su propia vida, dejando prueba escrita de que nunca había ocurrido acoso alguno. Esta situación generó que se interpusiera una acción de tutela en contra de las autoridades del colegio por la madre de Sergio. Así, hace pocos días, la Corte Constitucional de Colombia emitió sentencia sobre este caso y declaró que el colegio había vulnerado los derechos fundamentales del joven. Ante esta situación, el presente editorial busca analizar dicha resolución y enfatizar la importancia de implementar políticas en los servicios educativos para promover el respeto hacia la diversidad sexual.
El día de ayer, tras una lectura de fallo que se prolongó por casi 4 horas, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó prisión preventiva contra 4 de los 5 directivos de las empresas socias de Odebrecht en el Perú....
El pasado 26 de febrero, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó una ordenanza que renueva por tres años las rutas de los buses de la capital. La decisión generó suspicacias y varios medios han denunciado que las rutas que han sido renovadas, incluyen también las que deberían ser utilizadas para implementar los corredores complementarios, de integración y aproximación del Sistema Integrado de Transporte. Esta situación ha generado malestar y ha llevado a muchos a cuestionar las medidas que viene tomando la actual gestión de la MML. Por eso, en el presente editorial, se analizará los primeros meses de mandato del burgomaestre Castañeda Lossio, haciendo particular énfasis en los retrocesos realizados- y amparados- durante su gestión.
Por Roy Irribarren Calderón, Director de Enfoque Dereho, miembro del Consejo Directivo de THEMIS y estudiante de la facultad de Derecho de la PUCP. Este último viernes, el presidente Martín Vizcarra, mediante un mensaje a la nación, volvió a plantear...
El pasado 4 de julio se aprobó en la Cámara de Diputados uruguaya el Proyecto de Ley que legalizó la venta, producción y distribución de cannabis, destinado al uso medicinal y recreacional. Ahora bien, ¿cómo la legalización de una sustancia psicoactiva podría formar parte de un política que busca, más bien, luchar contra el narcotráfico?
Hace unas semanas, varios medios de comunicación denunciaron un caso de discriminación en la playa de Naplo. Las imágenes mostraban una soga que dividía la playa e impedía que los no residentes ingresen, creando una suerte de “zona privada” resguardada por vigilantes. En su defensa, los residentes intentaron –fallidamente- justificar el hecho aduciendo era un tema de limpieza, pues los visitantes ensuciaban la playa que ellos tanto se esforzaban en mantener limpia. Como éste, salieron a la luz otros casos que dieron cuenta de una realidad que tristemente se da en las mal llamadas playas privadas. En hora buena, su difusión propició el que la Defensoría del Pueblo se pronunciara no sólo sobre la actitud de los ciudadanos, sino frente a la inacción de las autoridades competentes en velar por que ello no suceda. Y es que detrás de este caso, no sólo es preocupante el tema de la discriminación, sino otro del cual existe gran desconocimiento. Nos referimos al de las playas como espacios de dominio público y el derecho de todo ciudadano al libre tránsito (art.2-11).
"Creo que deberíamos orientar todos los recursos que pudieran invertirse en los Panamericanos a reconstruir el área norte y Piura." (Roque Benavides, 2017) “Creo que sí hay que postergar los Juegos Panamericanos porque hay dos asuntos en contienda y uno es...
Enfoque Derecho El pasado miércoles, los medios de comunicación peruanos denunciaron los tocamientos indebidos cometidos por Moisés Maman, congresista de la República a una trabajadora de LATAM Perú durante un vuelo local. Conforme ha informado la propia empresa en su...
El pasado 21 de Julio, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) presentó una carta al presidente Ollanta Humala, pidiendo que cumpla con la creación de una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este petitorio tiene como fundamento el reclamo de los familiares de desaparecidos durante el conflicto armado interno, quienes consideran que no se ha llevado a cabo ninguna decisión concreta respecto a este tema. Por ello, lo que exigen es que se apruebe una ley que facilite (i) la búsqueda de los desaparecidos, (ii) la identificación de los restos de éstos y (iii) la restitución de los mismos sin recurrir a largos procesos judiciales. Pero, ¿cuál es la importancia de las medidas de reparación a las víctimas del conflicto armado interno? ¿Por qué el Estado Peruano debería priorizar su aprobación? El presente editorial buscará resolver estas preguntas, con el fin de explicar por qué este tipo de iniciativas son necesarias para la reconciliación de un país.
Érase un 11 de septiembre de 2011 cuando el presidente Ollanta Humala promulgó la Ley de Consulta Previa y, con ello, parecía ser que se garantizarían los derechos de los pueblos indígenas en las actividades económicas que tengan impacto sobre ellas. No obstante, esta semana algunos medios de comunicación han enfatizado que en los últimos meses de trabajo, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) emitió 16 resoluciones directorales que autorizan el inicio de actividades de explotación minera en zonas donde hay población indígena sin haber proceso alguno de consulta previa. Es decir, el MINEM estaría incumpliendo groseramente con esta ley que ahora parece ser solo letra muerta. Ante ello, el presente editorial analizará las implicancias de la consulta previa y su importancia en el contexto peruano.

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