Si bien en junio pasado la propuesta legislativa destinada a eliminar el voto preferencial fue archivada, la Comisión de Constitución y Reglamento ha anunciado, a buena hora, que insistirá en su aprobación en la medida que pueda ser tratada “desde nuevos puntos de vista”, según indicó el presidente de la Comisión, Omar Chehade.
No es ningún secreto que el Estado peruano desde siempre se ha caracterizado por su debilidad institucional y su rango de alcance limitado para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, tampoco nos ha sido ajeno el presenciar la aparición esporádica y hasta recurrente de múltiples manifestaciones, huelgas, tomas de calles y marchas protagonizadas por distintos sectores de la sociedad.
El término “derechos fundamentales del hombre” sugiere que son absolutos e inamovibles. Sin embargo, dentro de todo espectro social y político existen valores opuestos. Es decir, gran parte de los principios que condicionan y permiten el funcionamiento de una sociedad tienen una batalla constante con su antítesis.
El pasado 4 de julio se aprobó en la Cámara de Diputados uruguaya el Proyecto de Ley que legalizó la venta, producción y distribución de cannabis, destinado al uso medicinal y recreacional. Ahora bien, ¿cómo la legalización de una sustancia psicoactiva podría formar parte de un política que busca, más bien, luchar contra el narcotráfico?
El pasado 17 de Julio se concretó uno de los más grandes pendientes para nuestro Congreso de la República: finalmente se escogieron los seis nuevos magistrados que requería el Tribunal Constitucional (TC), los tres nuevos directores para el Banco Central de Reserva (BCR) y a la nueva titular de la Defensoría del Pueblo (DP).
A través de la Ley de Reforma del Servicio Civil, la situación laboral de los trabajadores públicos será, por fin, reordenada en la medida que se unificará los tres regímenes del Estado (privado, público y CAS) bajo uno sólo público laboral y lo más importante, sobre la base de un sistema meritocrático.
Toda renuncia de nuestra libertad que hacemos hacia el Estado tiene como justificación la protección de nuestros derechos y libertades, y por eso las intervenciones del Estado siempre deben estar limitadas por criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Si quienes defienden la utilidad de programas como el PRONAA y Qali Warma creyeron que reorganizando el programa y cambiándole de nombre iban a hacer borrón y cuenta nueva, y todo saldría de maravilla, a estas alturas hay algunas malas noticias que dar.
Es bien sabido que la condición de las prisiones en el Perú, salvo en excepciones muy contadas, es paupérrima, tanto para los presos como en aspectos elementales como la seguridad. Afortunadamente, creemos que existe una alternativa que puede, al menos, empezar a solucionar los problemas, que es la concesión de la administración de las cárceles a inversores privados.
Como ya se ha hecho costumbre, el congresista Jaime Delgado presentado una iniciativa que ha generado polémica en los medios: se trata del proyecto de ley de insolvencia familiar.

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