La próxima semana (miércoles 4 de junio) se inaugura la primera fase del Lugar de la Memoria (LUM), donde se pondrá en funcionamiento el auditorio y abrirán los espacios públicos. Más allá del impecable trabajo arquitectónico, merece especial atención el significado detrás de la obra cimentada en un distrito que experimentó solo algunas de las tantas manifestaciones del conflicto armado interno que, apenas arribado a la capital forzó voltear miradas que por tiempo estuvieron de espaldas a una triste realidad al interior del país. Sobre esta iniciativa no debemos olvidar que además, constituye un deber del Estado para con los ciudadanos, y especialmente con las víctimas, el de crear un espacio dedicado a difundir las causas y consecuencias de este profundo drama nacional para evitar que ello vuelva a suceder. Así, a propósito de este evento, en el presente editorial buscaremos exponer el trasfondo y los efectos de una iniciativa que precisamente, quiere evitar que tropecemos en el círculo vicioso del cuento repetido porque solo “aquel que no conoce la historia, está condenado a repetirla”.
El pasado 29 de diciembre, la Defensoría del Pueblo publicó un pronunciamiento con respecto a tres puntos de la campaña electoral. El primero, sobre la neutralidad electoral, indicó que los funcionarios y autoridades deben ser neutrales y no pueden destinar recursos públicos a campañas. El segundo, la publicidad estatal, mencionó que las entidades públicas no pueden gastar en publicidad durante campaña. Finalmente, el tercero estableció que no se pueden destinar recursos de universidades con fines de proselitismo político. Este pronunciamiento responde a una coyuntura en donde un candidato a la presidencia es dueño de tres universidades y la Primera Dama es presidenta del Partido Nacionalista, el cual ha presentado a Milton Von Hesse como candidato presidencial. En el presente editorial, analizaremos el pronunciamiento punto por punto, así como en qué medida los casos mencionados anteriormente infringen lo estipulado en él.
Tras darse a conocer la decisión de cancelar el Proyecto Río Verde por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la gestión de Luis Castañeda Lossio ha recibido una vez más una ola de críticas por las pérdidas que implica dejar sin efecto dicha iniciativa. En efecto, el proyecto no solo iba a crear el Gran Parque de Cantagallo (de 25 hectáreas de áreas verdes) y circuitos recreacionales, sino que también reubicaría a 265 familias de la comunidad shipiba en un complejo multifamiliar con condiciones sumamente favorables en cuanto a modernidad y seguridad. De esta manera, el proyecto convertiría 6 km de la ribera del Río Rímac en área verde y beneficiaría a la perjudicada comunidad shipiba. No obstante, la gestión municipal optó por utilizar el fidecomiso destinado a tal proyecto para la construcción de tres bypass. Por ello, en el presente editorial se analizarán las razones por las cuáles no se debió cancelar este proyecto.
A nuestro parecer, lamentamos cuánto se ha venido prolongando una promesa que empezó con visos populistas y que ha dejado a nuestros jueces en vilo por casi 30 meses. Además, ratificamos en que se trata de un pedido sumamente justo, pero que necesita de una acuciante solución técnica y un esquema lúcido de cómo y de qué manera finalmente se va a llevar a cabo la tan esperada homologación.
Mientras que en las últimas semanas, el escenario internacional con justa razón ha acaparado un inusitado protagonismo, Gaza, Israel, Rusia, Malasia, aquí, Edita protagoniza lo que algunos han denominado una cortina de humo para encubrir uno que otro evento, ley universitaria, paquetazo, elecciones municipales, Orellana, y muy por debajo de la tormenta, la decisión del vocal Segundo Morales de dictar libertad condicional al ex ministro del gobierno fujimorista, Juan Briones Dávila, tras haber cumplido tres cuartas partes de la pena. La noticia que pese a su importancia ha logrado pasar por agua tibia, merece para esta oportunidad nuestra atención. ¿Quién fue este señor?, ¿por qué fue condenado, ¿por qué ha sido destinatario de tal beneficio? ¿la decisión se ajusta a Derecho? son todas preguntas que buscaremos resolver a través del presente editorial que espera no sucumbir entre los avatares coyunturales que agobian las portadas de nuestros medios.
Desde fines de enero, se han realizado múltiples protestas en Rumania por la publicación de dos Decretos de Ley por parte del Gobierno —encabezado por el Partido Socialdemócrata— que pretenden reducir las sanciones para delitos de corrupción. El primer...
El pasado jueves, en París, el Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró a la festividad de la Virgen de la Candelaria, celebrada el mes de febrero en la ciudad de Puno, como Patrimonio Cultural Inmaterial. En razón a ello, en el presente editorial, se hará un breve recuento de los antecedentes de la declaratoria, las características que hacen especial a esta festividad y las implicancias que conlleva la decisión de la Unesco.
El expediente de postulación, elaborado por un comité multisectorial que se encargó de resaltar el valor histórico y cultural de la festividad así como de diseñar un plan de salvaguardia de la misma, fue entregado por nuestro país a la Unesco en el 2013. Pese a que la candidatura de Perú estaba dirigida a conseguir el reconocimiento internacional de la fiesta y no la exclusividad de la misma, esta originó el reclamo del gobierno boliviano que consideró que nuestro país pretendía registrar como Patrimonio Cultural Inmaterial una festividad basada en danzas tradicionales bolivianas. Sin embargo, el reclamo llegó a su fin cuando ambos países suscribieron una declaración en la que las danzas, músicas y vestuarios del pueblo de Puno son acompañados por las danzas, música y vestuarios del pueblo de Bolivia.
Esta madrugada, tras dos semanas de intenso trabajo, se cerró finalmente la Conferencia de las Partes, mejor conocida como COP20, tras la firma de un acuerdo de mínimos que servirá como "borrador" para el acuerdo que se firmará al próximo año en la COP21 en París y que remplazará al Protocolo de Kyoto de 1997. El evento tuvo como sede la ciudad de Lima y contó con la participación de los delegados de 194 países que son parte de la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que busca discutir las políticas para el cuidado del medio ambiente y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. En este marco, y a pesar de que nuestro país ha jugado un rol protagónico al ser anfitrión de este evento, han aparecido a lo largo de estos días diversas críticas que acusan al Estado de no ser coherente con sus políticas internas y los compromisos asumidos en el ámbito internacional. Por ello, para finalizar nuestra Semana Temática, el presente editorial abordará y analizará el actuar de nuestro gobierno en las políticas internas y sus incoherencias en la realización de políticas ambientales.
Alrededor de las 6:30 a.m. del último jueves, producto de un trabajo conjunto entre la Dirección de Drogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro), la Policía de Colombia y la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA), fue capturado en la ciudad de Cali (Colombia) el abogado y empresario Rodolfo Orellana en cumplimiento de una orden de detención internacional. Este operativo estuvo a cargo de la fiscal Marita Barreto y fue posible gracias a informaciones proporcionadas por Interpol, las cuales llevaron a los agentes policiales hasta una residencia caleña registrada a nombre de Germán Pizarro, quien sería esposo de Zunilda Ramos, también investigada en el caso. Orellana es buscado desde julio, cuando la Fiscalía ordenó su detención a causa de una investigación por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir contra él, su abogado Benedicto Jiménez y veinte personas más. Ante este notable acontecimiento, el presente editorial analizará la importancia del caso concreto en función a las figuras emblemáticas que tomaron parte en la orden de detención y consiguiente captura de Rodolfo Orellana.
En julio de este año, Perú 21 difundió un audio que ponía a Alfredo Quispe Pariona, electo representante del Colegio Profesional de Psicólogos ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), bajo sospecha. En este, Quispe señalaba que los...
