Toda renuncia de nuestra libertad que hacemos hacia el Estado tiene como justificación la protección de nuestros derechos y libertades, y por eso las intervenciones del Estado siempre deben estar limitadas por criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Si quienes defienden la utilidad de programas como el PRONAA y Qali Warma creyeron que reorganizando el programa y cambiándole de nombre iban a hacer borrón y cuenta nueva, y todo saldría de maravilla, a estas alturas hay algunas malas noticias que dar.
Es bien sabido que la condición de las prisiones en el Perú, salvo en excepciones muy contadas, es paupérrima, tanto para los presos como en aspectos elementales como la seguridad. Afortunadamente, creemos que existe una alternativa que puede, al menos, empezar a solucionar los problemas, que es la concesión de la administración de las cárceles a inversores privados.
Como ya se ha hecho costumbre, el congresista Jaime Delgado presentado una iniciativa que ha generado polémica en los medios: se trata del proyecto de ley de insolvencia familiar.
Es muy fácil anunciar intenciones gubernamentales o legislar a favor de metas abstractas. Lo difícil es que tal legislación se haga realmente eficaz. Cuando se determina algo que el Estado debe promover (el deporte, la ciencia o la cultura), todos se alegran cuando se crean organismos especializados para ello (incluso muchos proponen la creación de ministerios para esos casos). Pero pocos se preocupan de que ello tenga algún resultado positivo real.
La inminente compra de la refinería La Pampilla (de propiedad de Repsol) por la empresa de petróleo estatal, Petroperú, amerita algunas reflexiones en torno al tema de la actividad empresarial del Estado.
Sacarse de encima al Poder Judicial es una clásica receta del chavismo. El pasado 8 de abril, Cristina Fernández de Kirchner reveló su propio plan de ataque contra el Poder Judicial argentino.
Durante los últimos días las encuestas han demostrado una reducción en la distancia de intención de voto entre Nicolás Maduro y su opositor Henrique Capriles. Esta corta distancia de sólo 7,2 puntos porcentuales que separa a los candidatos resulta esperanzadora para muchos simpatizantes de Henrique Capriles que ven el día de hoy como uno que marcará un momento decisorio para el destino de los venezolanos: la continuación del modelo chavista o un punto de inflexión con miras hacia las reformas económicas y la libertad. Sin embargo, la balanza sigue inclinándose hacia el sucesor chavista, con una intención de voto de 44,4% frente a un 37,2% correspondiente a Capriles, esto quizás debido a la ola emotiva generada por la muerte de Chávez en la población.
El pasado lunes, el juez Malzon Urbina declaró fundado el Hábeas Corpus interpuesto por la dirigente del Mercado Mayorista N° 01 "La Parada", Ida Ávila Sedano. El fallo ha sido objeto de un desborde de críticas tanto por parte de la opinión pública, como del Poder Ejecutivo y la Municipalidad de Lima. Más allá del carácter quijotesco que literalmente denota la sentencia, es importante destacar las transgresiones al debido proceso en que incurre la citada resolución.
Es deleznable que sea el mismo Estado el que busque forzarnos a trabajar para él contra nuestra voluntad a cambio de una paga insignificante.

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