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En el ámbito jurídico y político es de conocimiento común que el Estado posee el monopolio de la fuerza mediante órganos especializados como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Esto, con el propósito de contrarrestar comportamientos socialmente reprochables y así asegurar dos bienes jurídicos de especial importancia: el orden y la seguridad pública. A diferencia de otros bienes jurídicos que el derecho protege, éstos solo pueden ser garantizados a través de la constante intervención y vigilancia del Estado.
El tema de la “concentración de medios” está nuevamente sobre el tapete. Ello a propósito de las polémicas declaraciones del presidente Ollanta Humala sobre la libertad de expresión en alusión a la asociación entre el grupo El Comercio y Epensa. La problemática se ha discutido desde varias aristas y aunque persista un enfrentamiento rígido entre las partes, es innegable señalar que si en algo coinciden es que un acaparamiento de medios –si existiese alguno- sería dañino para nuestra democracia. La pregunta, sin embargo, es si estamos o no frente a uno. No quisiéramos precipitarnos a responder, pero sí creemos necesario aportar al debate desde una perspectiva jurídica e informativa, en estricto, respecto al tan comentado artículo 61 de la Carta Magna.
Hace unos días se celebró la Navidad, la fiesta más importante para los seguidores de la religión católica, pues, aun cuando no hay consenso sobre la fecha exacta en la que vino al mundo, con ella se conmemora el nacimiento del niño Jesús. Basta con prender la televisión o leer los periódicos para ver cómo distintas personalidades envían saludos aprovechando estas fiestas. No podía faltar entre éstos el del Presidente de la República, Ollanta Humala, y su familia deseando a la población una feliz Noche Buena. Y es que si bien para muchos la Natividad es motivo para reencontrarnos con los otros y compartir alegrías, aun quedamos quienes cuestionamos de ella la ideología del consumismo, pero más aún, la universalización de una fiesta religiosa amparada por un Estado que dice ser laico.
El pasado miércoles 18 de diciembre la Megacomisión encargada de investigar las incidencias del segundo gobierno de Alan García aprobó recomendar una acusación constitucional contra el ex presidente al encontrar indicios de participación en la concesión irregular de indultos y conmutaciones a sentenciados por narcotráfico durante su mandato. Entre las pruebas que sustentan esta posición se encuentran documentos que contienen la firma de García, en los que cuestiona las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales, además de cartas donde se invita a los internos a solicitar indultos o conmutaciones.
A nuestro parecer, lamentamos cuánto se ha venido prolongando una promesa que empezó con visos populistas y que ha dejado a nuestros jueces en vilo por casi 30 meses. Además, ratificamos en que se trata de un pedido sumamente justo, pero que necesita de una acuciante solución técnica y un esquema lúcido de cómo y de qué manera finalmente se va a llevar a cabo la tan esperada homologación.
Si el voto fuera voluntario, las personas que racionalmente han escogido no informarse respecto de los candidatos elegirían no votar, lo cual generaría que se excluyan los votos de menor ‘calidad informativa’.
Lo que parece haber en este gobierno es una falta de indignación y una visión reduccionista de los problemas que acarrean el país. Así el resguardo de los patrulleros a la casa de Lopez Meneses se tratase simplemente de una práctica habitual de corrupción en la PNP –algo bastante ingenuo de afirmar-, dicha práctica resulta a todas luces escandalosa.
Fiel continuador de la senda marcada por su predecesor en el poder, Hugo Chávez, Maduro, haciendo uso de una inflamada retórica anti imperialista y anti oligárquica, ha llevado a cabo quizá una de sus más nocivas y perjudiciales políticas publicas, que atenta de forma flagrante contra los derechos de propiedad y libertad de empresa.
Al margen de las opiniones que cada cual pueda tener sobre las intenciones de Fujimori y lo expresado en la entrevista, el presente artículo editorial se centrará en analizar los matices jurídicos y normativos que nos conducirán a concluir si los hechos realizados por Fujimori, su hijo Kenji y el vocero de su partido constituyen un comportamiento permitido o prohibido por ley.
Con la llegada del nuevo Presidente del Consejo de Ministros, Cesar Villanueva, el Ejecutivo, una vez más, replantea la forma en que serán llevados a cabo sus principales proyectos. Como es usual en los gobiernos de turno, el cambio de primer ministro puede ser entendido de diversas maneras. Veamos qué nos dice la llegada de Villanueva a la Presidencia del Consejo de Ministros.

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