Todo comenzó en el 2002 cuando un clérigo musulmán formó Boko Haram. Sin embargo, lo que inicialmente fue una escuela islámica, se convirtió en el 2009 en un grupo extremista que atacaba al gobierno para así imponer un Estado islámico. Desde entonces, Nigeria vive en zozobra. El pasado 14 de abril, el grupo islamita atacó de nuevo, esta vez secuestrando a 276 niñas del internado de una escuela en Chibok. Recientemente, se difundió un video en el que las niñas secuestradas, vestidas con hijabs (velos), cantan el Corán. Luego, se muestra al imponente líder del grupo, Abubakar Shekau, declarando que Alá le ha ordenado vender a las niñas al mercado y que cumplirá tal mandato. Cerca de 50 niñas lograron escapar, pero el futuro de las otras aún es incierto y se especula que algunas ya han sido vendidas como esposas al precio de 12 dólares[1]. Este macabro panorama lleva a pensar que las niñas estarían expuestas a la trata de personas, un terrible fenómeno global que será analizado en el presente editorial.
La situación en Venezuela ha mantenido a la comunidad internacional atenta desde hace ya varios años, y en particular hace algunos meses, a raíz de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. No obstante, la comunicación presentada a la Corte Penal Internacional (CPI) el pasado 7 de abril por la Asociación Parlamentaria Democrática de América (APDA) (suscrita por 198 parlamentarios de ocho países de América Latina: Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Argentina, Brasil y Colombia) introduce otro elemento en el debate. Dicha comunicación se habría presentado con la intención de que dicho Tribunal abra investigación por los supuestos crímenes de lesa humanidad que se habrían registrado.
“No estoy pidiendo un favor”[1], decía la pancarta de un manifestante en la marcha por la igualdad convocada en apoyo del proyecto de ley que busca regular la Unión Civil no matrimonial para personas del mismo sexo que se discutirá la próxima semana en el Congreso. Varias cosas llaman mi atención del manifestante. Hay en él la conciencia de que nos encontramos frente a algo exigible, lo que jurídicamente caracterizamos como un derecho subjetivo, la intuición de un derecho individual que debe ser garantizado por el Estado. No es una gracia ni una petición, es el reconocimiento del respeto y garantía de un derecho individual atribuible a su esfera personal o a la de cualquiera de nosotros.
Pensaba dedicar este primer post sobre derecho internacional económico al análisis del caso que involucra a la empresa Bear Creek y al Estado peruano [1], que nos llevaría a discutir sobre el margen de maniobra con el que cuenta un Estado para poder cambiar su legislación interna, luego de haber realizado una concesión e incluso a cancelar esta. Sin embargo, la reciente denuncia por parte de Malasia de su tratado bilateral de inversión (TBI) con Holanda [2], me motivó a comenzar con el tema del título, en tanto es uno que está poniendo al derecho internacional de las inversiones “in the pendientes” y era propicio para inaugurar este espacio.
La Unión Europea cumple 21 años entre una accidentada recuperación económica, el espectro del extremismo en las elecciones europarlamentarias del 2014, y el ajedrez de Rusia en la vecina Ucrania. Pero su mayor problema quizás sea “de fábrica”, y no de circunstancia. ¿Por qué 2 de 3 europeos creen que su voz no importa en su Unión? (Eurobarómetro 2013) Este ensayo considera que hay errores históricos de diseño y percepción que aún le cobran factura a la Unión Europea. Aquí, un rápido repaso de la historia del sueño europeo, y de cómo los políticos de Maastricht y sus sucesores aún no convencen en la dirección del proyecto político más experimental desde la creación de los Estados Unidos de América.
“Los Estados Unidos no son perfectos”. Es con estas palabras, las cuales formaron parte del discurso de Barak Obama en la Nueva Escuela de Economía en Moscú en el 2009, que inicia el texto del cuarto informe periódico presentado por Estados Unidos respeto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Este fue examinado por el Comité de Derechos Humanos (órgano encargado de la vigilancia del PIDCP) el pasado 14 de marzo. Si bien todos los Estados parte de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas pasan por este mecanismo periódicamente, la noticia resulta interesante por varias cuestiones. En primer lugar porque el monitoreo a través de informes periódicos es uno de los pocos mecanismos de control que ejerce dicho comité sobre Estados Unidos, dado que este no ha ratificado el protocolo adicional que permite la tramitación de denuncias individuales. El otro mecanismo de control aplicable a este país es la queja interestatal por violación de derechos humanos; lo cual, en el ámbito de las relaciones internacionales, resulta poco probable.
A inicios del mes pasado la situación de crisis en Ucrania alcanzó su punto máximo al ser derrocado el presidente electo en el año 2010, Viktor Yanukóvich. Esto ocasionó que un grupo ucraniano con muy poca vinculación con Rusia asumiera el poder y, lejos de calmarse, la situación en dicho país ha empeorado. Rápidamente, el nuevo gobierno ha querido deslindarse de toda intervención rusa, tomando acciones como la eliminación de una ley del 2012 que declaraba el ruso como idioma oficial. Frente a esto, Rusia se ha pronunciado contra el “gobierno inconstitucional” y bajo el fundamento de proteger sus intereses ha desplegado sus flotas a Crimea, poniendo en peligro la estabilidad en esa parte de Europa. Ante esta actitud, las críticas no se han hecho esperar. El pasado martes 04 de marzo, el Presidente Obama lanzó una advertencia a Putín, señalando que Moscú “no tiene derecho” a usar la fuerza para intervenir en Crimenea y reiteró que Rusia está “violando” leyes internacionales. Frente a esta coyuntura, en el presente editorial abordaremos las razones detrás de dicha invasión a fin de analizar la legitimidad de un acto como tal conforme a las normas del Derecho Internacional.
El miércoles 12 de febrero del 2014, fue convocada una manifestación pacífica por parte de varios dirigentes estudiantiles. En representación de universidades venezolanas como la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, los estudiantes se reunieron para llevar un documento al Ministerio Público con el propósito de exigir la liberación de los estudiantes detenidos en las protestas que se produjeron en el Estado de Mérida. Lo ocurrido en tal lugar tuvo como antecedente una serie de asambleas estudiantiles llevadas a cabo a lo largo del país con el propósito de discutir el problema de la inseguridad que tanto aqueja a los ciudadanos. Los estudiantes se reunieron frente a la casa del Gobernador de Estado, José Gregorio Vielma Mora, para exigir una respuesta del gobierno a dicho problema; y a partir de este incidente comenzaron las represiones por parte de los cuerpos oficiales hacia los estudiantes.
El pasado 14 de enero se publicó en la página web del Congreso de la República el Proyecto de Ley 3144/2013_CR[1] promovido por el Congresista Sergio Tejada, miembro del Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Se trata de un Proyecto de Ley de “Reforma Constitucional que otorga Rango Supraconstitucional a los Tratados de Derechos Humanos así como aquellos relativos a la prevención contra la corrupción”.
Cuando comenzó la lectura de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (en adelante CIJ) sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile, los abogados internacionalistas nos sentimos como en una montaña rusa. Cuando el Juez Tomka[1] repasó el estudio de la Corte sobre las proclamaciones de 1947[2] y el Acuerdo de 1952[3], todos mis dispositivos electrónicos comenzaron a sonar indicando la llegada de mails, tweets y whatsapps de victoria y regocijo, dado que dichos instrumentos no establecían ningún límite marítimo.

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