Enfoque Derecho presenta una entrevista exclusiva a Pablo Sánchez, abogado por la Universidad Católica Andrés Bello, director legal y financiero de Estudiantes por la Libertad, y empresario. Nos habla de la realidad política y social de Venezuela, y de lo que Estudiantes por la Libertad hace para combatir la violencia y el caos.
Hace tiempo lo vengo pensando, de hecho lo charlamos bastante con mi amiga Ursula Indacochea y quedamos en poner manos a la obra. Por algún lado hay que empezar y hoy se me revolvió el estómago, así que acá va.
La Comisaría del Zapallal, como toda comisaría en el sistema peruano, tiene como función principal cautelar el orden público y colaborar con la fiscalía en los supuestos de delitos. De ese modo, las comisarías son vitales en el sistema de administración de justicia penal. Esta experiencia muestra como una Comisaría puede ampliar su mirada al problema que enfrenta y prevenir conflictos, mejorando su relación con la comunidad y colaborando a tener un sistema de justicia penal más eficiente.
La semana pasada se concretó en el Congreso los tres pedidos impulsados por distintas bancadas congresales para interpelar al Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, por el supuesto conflicto de intereses en favor de una empresa de capitales noruegos Interoil, empresa que habría asesorado antes de formar parte del Gabinete en un litigio contra el Estado Peruano. A su vez, se ha presentado igualmente un pedido para interpelar al Ministro del Interior, Daniel Urresti, a quien se le acusa de haber consignado cifras falsas sobre los operativos que está realizando para combatir la inseguridad ciudadana. La mayoritaria inasistencia de nuestros representantes de la Patria que desembocó en una falta de quórum y una consecuente, suspensión de la interpelación a Mayorga, es un indicio de que algo anda mal en la utilización de una figura como la “interpelación”, que legítima en su ejercicio, ha demostrado ser una práctica casi quijotesca a merced de algunos políticos que abusan de ella. En ese sentido, el presente editorial aboga por repensar una figura como ésta en lo que respecta su procedimiento para así, analizar si su uso responde a los fines para los cuales se creó legalmente o si es meramente un instrumento para satisfacer intereses políticos.
Marco Gamarra Galindo, alumno de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, entrevista a Antonio Zapata, historiador y catedrático de la PUCP, sobre la historia del derecho al sufragio de la mujer en el Perú, a propósito de que el pasado 7 de septiembre se cumplió un año más desde que se promulgó, en 1955, la Ley 12391, norma que dio carta de ciudadanía a la mujer peruana y le otorgó, por primera vez, el derecho a voto en las elecciones presidenciales. Aunque la medida no reconoció el derecho a todas las mujeres (entiéndase que solo lo reconocía a las mujeres mayores de edad -21 años- y a las casadas mayores de 18 años que supieran leer y escribir), esta medida legislativa constituyó un avance importante para promover la participación de la mujer en la vida democrática del país.
Los datos de Becker son sólidos, pero no son lo que las inferencias pueden extraer de ellos con confianza. En particular, dudo si es posible inferir el valor de una educación universitaria de una comparación entre los ingresos de los graduados universitarios y los ingresos de las personas que no se gradúan de la universidad (voy a ignorar la categoría intermedia - personas con alguna educación superior, pero no con un título de licenciatura o mejor-). La razón es que los adolescentes no son asignados al azar para ir o no ir a la universidad. Los que no se gradúan de las universidades, por tanto, no son un grupo de control válido. No estoy al tanto de si se han hecho esfuerzos para controlar las diferencias de coeficiente intelectual (IQ) en la evaluación del efecto de la educación universitaria en las ganancias.
Así es, mientras todos los peruanos estábamos esperando el famoso fallo de La Haya que marcaba el fin de la controversia marítima entre Perú y Chile, el fiscal Marco Guzmán Baca decidió archivar la investigación de las esterilizaciones forzadas contra Alberto Fujimori y sus Ministros de Salud. Lastimosamente, debido a las repercusiones que ocasionó el litigio internacional, este tema tan preocupante y sensible no ha tenido mucha acogida por los medios de comunicación. En el presente artículo, recordaremos brevemente la historia de este caso y abordaremos los errores y consecuencias de esta resolución para intentar darle la relevancia que merece.
Quiero comentar un interesante caso que, aunque hace que me refiera a una cuestión un poco más jurídica de lo que me gustaría, considero nos invita a encontrar un eslabón perdido en la Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio delegados bajo el ccTLD.PE. Dicha política establece de forma expresa que las controversias que se pueden resolver respecto al registro o uso de nombres de dominio y derechos de terceros se refieren a ciertos supuestos, entre ellos, cuando el nombre de dominio cuestionado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca registrada en Perú de forma previa al registro del dominio y respecto del cual la parte reclamante tenga derechos.
La preocupación por el maltrato animal aparentemente se muestra como un interés humano relativamente reciente, sin embargo, dependiendo de la perspectiva cultural e histórica se puede inscribir en una trama de larga –o larguísima- duración, aplicando categorías de Braudel. Previamente es menester no confundir de una parte, aquella antigua pauta cultural, esto es la del sacrificio animal, sus expresiones en el Derecho Sacrificial y sus correspondientes criterios normativos, vigentes hasta el día de hoy -e insuflados conceptualmente por enfoques bienestaristas[1]- y de la otra, las prácticas modernas del denominado maltrato animal.
Referirnos a Venezuela pasa inevitablemente por evocar el gobierno de Nicolás Maduro y ello conlleva automáticamente el recordar los abusos y atropellos que el régimen chavista ha implantado en el país llanero desde los años noventa. Esta semana esas desagradables reminiscencias se hicieron más nítidas que nunca. Todo comenzó con la excesiva represión gubernamental aplicada a los estudiantes que participaron en la marcha del 12 de febrero (#12F), donde enfrentamientos entre manifestantes y la policía causaron la muerte de varios estudiantes y, ante el escándalo desatado, el gobierno prohibió la difusión por medios de contenido que pusiera en evidencia su política represiva. El castigo al pueblo venezolano fue por partida doble. Debido a esta coyuntura, en el presente editorial queremos abordar este tema recordando la importancia y el rol de los estudiantes en la historia de nuestro continente para finalmente analizar la situación política de Venezuela.

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