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El gobierno debe reducir su nivel de tolerancia y responder en contra de los mineros ilegales como lo que realmente son: delincuentes que evitan la formalidad, evaden impuestos, afectan la salud de los ciudadanos y deterioran el medioambiente.
Entrevista a Maritza Paredes, PhD en Desarrollo Internacional por la Universidad de Oxford y profesora en la facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Enfoque Derecho: Las comunidades campesinas, tanto de la sierra como de...
Enfoque Derecho conversó con el Dr. César Landa, profesor de la facultad de Derecho de la PUCP y ex presidente del Tribunal Constitucional, sobre los proyectos de ley que pretenden exigir como mínimo 3 años de militancia para poder...
Llegada la hora de presentarse ante el Congreso de la República, el premier Lerner avanzó un paso más en la prédica que hasta ahora sostiene el gobierno: crecimiento con mayor dispendio en lo social. Si ello es bueno o...
"Mi idea de un abogado poderoso sería la del abogado que consigue más cosas. Yo creo que es una mezcla entre tres factores: exposición mediática, fama de efectividad procesal y cercanía al poder político".
A través de la Ley de Reforma del Servicio Civil, la situación laboral de los trabajadores públicos será, por fin, reordenada en la medida que se unificará los tres regímenes del Estado (privado, público y CAS) bajo uno sólo público laboral y lo más importante, sobre la base de un sistema meritocrático.
El Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a sorprender a todos con una cuestionable sentencia. Básicamente, en esta oportunidad, se atribuyó funciones ajenas y ordenó (i) destituir a dos Fiscales Supremos, (ii) nombrar como Fiscal Supremo al polémico Mateo Castañeda y (iii) “ordenar” al Ministerio de Economía y Finanzas presupuestar los dos cargos de las fiscales salientes para que así se puedan volver a incorporar en sus puestos. En pocas palabras, la sentencia armó todo un alboroto. Así, en razón a esto y debido a la serie de interrogantes que han aparecido en los medios, en el presente artículo, intentaremos explicar de forma práctica los errores de esta controvertida sentencia.
El proceso de revocatoria como instrumento de control político ciudadano es una herramienta útil y se enmarca en un proceso democrático. Sin embargo, en la legislación anterior esta tenia debilidades muy visibles que permitían que con muy pocas firmas se inicie un proceso de revocatoria. Ahora, esto no solamente exige una inversión por parte del estado, sino que también exige un esfuerzo de la autoridad de turno, cuando en realidad estos procesos responden más a revanchismos políticos o venganzas del político que no ganó las elecciones. Quien impulsó la revocatoria fue Castañeda Lossio y Solidaridad Nacional, con el apoyo del APRA, opositores del gobierno de Susana Villarán. Además de las firmas, no había un control institucional del JNE o de la ONPE que sustente el proceso de revocatoria.
En conclusión, y aprovechando que la ley fue objetada por el Presidente al considerarla inconveniente, creo que el Congreso debería aprender algo: ¡No regule lo que funciona bien, los mercados son inteligentes!
En el año 2003, la Ley de Partidos Políticos (LPP) estableció que las agrupaciones políticas, independientemente de su categoría, debían regirse por normas de democracia interna. A partir de entonces, los candidatos a todos los cargos de elección popular (con excepción de los invitados) han sido proclamados bajo este mandato. Pese a ello, las élites partidarias de la mayoría de partidos y movimientos regionales han venido desarrollando estrategias para seleccionar de forma discrecional a sus candidatos.

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