Érase un 11 de septiembre de 2011 cuando el presidente Ollanta Humala promulgó la Ley de Consulta Previa y, con ello, parecía ser que se garantizarían los derechos de los pueblos indígenas en las actividades económicas que tengan impacto sobre ellas. No obstante, esta semana algunos medios de comunicación han enfatizado que en los últimos meses de trabajo, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) emitió 16 resoluciones directorales que autorizan el inicio de actividades de explotación minera en zonas donde hay población indígena sin haber proceso alguno de consulta previa. Es decir, el MINEM estaría incumpliendo groseramente con esta ley que ahora parece ser solo letra muerta. Ante ello, el presente editorial analizará las implicancias de la consulta previa y su importancia en el contexto peruano.
Recientemente, diversos organismos internacionales han llamado la atención sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas, enfocándose en un problema estructural que tienen que enfrentar los pueblos indígenas desde la Era Colonial. Este es la imposición de proyectos, a manos de terceros, que buscan la explotación de sus territorios y recursos naturales en abierta contradicción a sus formas propias de vida y visiones de desarrollo, y sin que el Estado obtenga su consentimiento de acuerdo a sus formas propias de toma de decisiones. Al igual que en la Era Colonial, los proyectos impuestos en sus territorios no han traído el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Por el contrario, traen su empeoramiento y empobrecimiento, así como una serie de cambios imprevisibles que los pueblos no pueden controlar. En muchos casos, han destruido la cohesión social de los pueblos indígenas, creando divisionismo y fragmentación en su interior. En el peor de los casos, ha puesto en riesgo la supervivencia misma de los pueblos indígenas.
Hace pocas semanas, Lucía Dammert ‒destacada especialista en temas de seguridad y crimen‒ nos recordaba que la regulación y fiscalización de las armas de fuego debería estar en el centro de las políticas públicas de seguridad ciudadana, puesto que comprar un arma potenciaba el ciclo productor de más inseguridad y más violencia[1]. Alertaba también sobre cómo las armas cortas ingresaban al mercado por vías legales (permisos de importación, licencias de uso y porte, etc.) para luego terminar en manos de la delincuencia, haciendo de América Latina una de las regiones con mayor proliferación de armas de fuego y, como consecuencia, una región sumamente violenta.
  http://www.youtube.com/watch?v=cwj270hq1d4 Como preámbulo a su ponencia magistral en la Jornada de Derechos Fundamentales —organizada por Themis y la Facultad de Derecho de la PUCP— René Prevost, catedrático de la Universidad de McGill en Canadá, conversó con Enfoque Derecho sobre los...
Por Carlos Zecenarro Monge, abogado graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2007) y Máster en Administración por la University of Wales (Reino Unido, 2011). Ex consultor del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI, y ex asesor...
El pasado 09 y 10 de octubre, representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizaron una conferencia en conmemoración del Día Internacional para poner fin a la impunidad en crímenes contra periodistas, a fin de analizar esta problemática y continuar los esfuerzos para solucionar esta situación. Durante ella, se abordaron, entre otros temas, los posibles mecanismos de protección, estándares de prevención, dimensiones de la violencia y el rol de las cortes en la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión. En razón a ello, el presente editorial analizará la problemática de los delitos contra periodistas, y las posibles respuestas que surgen ante este tema.
Por Jessica Maeda, Máster en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden y especialista en Derecho Internacional Humanitario y de los DDHH. “La crueldad es un tirano sostenido sólo por el miedo” William Shakespeare Yuyachkani significa “estoy pensando” o “estoy recordando”....
Enfoque Derecho entrevista a Marcela Huaita, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sobre el enfoque de género en las políticas públicas.
Contra todo pronóstico, el Congreso de la República logró elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ernesto Blume Fortini, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Marianella Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y José Luis Sardón de Taboada, junto con el actual Presidente Oscar Urviola Hani, tendrán la trascendental misión de reconstruir con sus actos y sentencias la legitimidad de una importante institución de nuestro sistema de justicia.
Desde Khuska entrevistamos a Alonso Tufino, coordinador del proyecto Generación +1, quien resalta la importancia del rol que tienen los jóvenes en la implementación de proyectos que permitan un desarrollo humano sostenible.

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