Los días 28 y 29 de abril, la Empresa Administradora de Peaje de Lima (Emape) dispuso un importante número de rocas de gran tamaño sobre la playa La Pampilla, sin contar con la autorización respectiva. Este hecho ha generado el reclamo de un gran sector de la ciudadanía, quienes han exigido la paralización del arrojo de rocas en la referida playa. No obstante, muchos ciudadanos no tienen certeza sobre la autoridad a la cual se tiene que acudir para la solución de dicho problema.
Un conjunto de disposiciones han sido emitidas por el Gobierno con el objetivo de promover la gran inversión privada. Se trata de los D.S. No 054-2015-PCM, D.S. No 060-2015-PCM, Ley 30230, del D.S. 001-2015-EM, y del Proyecto de Ley No 3941. No se trata de normas aisladas y dispersas, se trata de un conjunto de normas articuladas. El objetivo que ellas plantean es la eliminación de los supuestos sobrecostos sociales y ambientales. El problema es que más allá de la intención de sus autores, en los hechos, estas normas desmantelan aspectos significativos del sistema de protección del medio ambiente, y dejan en la indefensión el derecho al territorio de los pueblos indígenas, dejándolos en una situación de indefensión.
El pasado 25 de febrero del 2015, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución Ministerial No. 034-2015-MINAM, mediante la cual se aprobó la Guía para la Elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente. De esta manera el MINAM cumple, aunque de manera tardía, con la aprobación de un nuevo documento que permitirá una correcta implementación de los Estándares de Calidad Ambiental (“ECA”) para Suelo emitidas a través del Decreto Supremo No. 002-2013-MINAM y 002-2014-MINAM.
Desde siempre, el ser humano ha creído ser el centro y la razón de la naturaleza. En el libro de Génesis se dice que Dios le otorgó al hombre “dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra” (1:26). Esta idea ha prevalecido a lo largo de la historia haciendo del ser humano la especie más importante. Lo mismo sucede en el derecho, donde todas las normas se crean para beneficiar al ser humano. Como señalan Cárdenas y Fajardo, “[l]a cultura jurídica moderna se ha visto definida por un antropocentrismo permanente. La cuestión ha generado una construcción imaginaria de diferenciación; donde existe un espacio denominado Sociedad en el cual los hombres interactúan organizándose políticamente; y en oposición otro lugar llamado Naturaleza que se define y compone por todo lo que el mismo hombre pueda dominar, a través de relaciones de apropiación. Esta presuposición centrista ha constituido la regla fundamental sobre la cual se erige y opera el Derecho”[1].
Elody Malpartida, miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, entrevista a Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo y especialista en temas ambientales.
EM: Antonio Brack, el primer Ministro del Ambiente que tuvo el Perú, falleció el día 30 de diciembre del 2014. A través de las redes sociales usted manifestó la importancia de la labor de este ministro en cuanto al posicionamiento de la agenda ambiental en el país. ¿Cuál considera usted que fue su legado y en qué puntos concordaba con él?
El 2014 fue un año que trajo consigo múltiples efectos positivos y negativos para el ambiente. A continuación se detallarán algunos sucesos que marcaron el presente año.
Durante trece días, el régimen internacional sobre cambio climático se propuso realizar un cambio de la esencia de los principios y los valores de la Convención Marco sobre Cambio Climático y del Protocolo de Kioto. Hoy resulta apresurado realizar un balance, puesto que lo que se sembró en Lima germinará, se cosechará o se marchitará recién en París.
Esta madrugada, tras dos semanas de intenso trabajo, se cerró finalmente la Conferencia de las Partes, mejor conocida como COP20, tras la firma de un acuerdo de mínimos que servirá como "borrador" para el acuerdo que se firmará al próximo año en la COP21 en París y que remplazará al Protocolo de Kyoto de 1997. El evento tuvo como sede la ciudad de Lima y contó con la participación de los delegados de 194 países que son parte de la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que busca discutir las políticas para el cuidado del medio ambiente y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. En este marco, y a pesar de que nuestro país ha jugado un rol protagónico al ser anfitrión de este evento, han aparecido a lo largo de estos días diversas críticas que acusan al Estado de no ser coherente con sus políticas internas y los compromisos asumidos en el ámbito internacional. Por ello, para finalizar nuestra Semana Temática, el presente editorial abordará y analizará el actuar de nuestro gobierno en las políticas internas y sus incoherencias en la realización de políticas ambientales.
El Perú es uno de los países con mayor riqueza ecológica y diversidad climática en el mundo, en el que coexisten una múltiple variedad de ecosistemas, que proporcionan bienes y servicios esenciales para la vida[2]. Sin embargo, este maravilloso panorama se ve afectado por la presencia de un mal latente: el cambio climático. De hecho, el Perú es uno de los 8 países más vulnerables frente a este fenómeno.

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