El reciente rescate -Operación Espíritu de Libertad- en nuestro país por parte de la institución británica Animal Defenders International, junto con las autoridades peruanas de tres leones en cautiverio en circos en Cusco que estaban sometidos a maltrato[1], nos conduce a la elaboración del presente artículo.
En una sociedad como la peruana, en la que todavía las convicciones religiosas ejercen una importante influencia en las políticas públicas, y se encuentran presentes en numerosas manifestaciones de la vida social, muchas veces el debate acerca de la libertad religiosa se concentra solo en resaltar el necesario carácter laico de todo Estado Democrático de Derecho que propugne como valores superiores la libertad y la igualdad, frente a la necesidad de proteger o considerar, de cierta manera y en nombre de la tradición, las creencias religiosas mayoritarias a la hora de adoptar decisiones que influyan en el ejercicio de derechos civiles y políticos. En el mejor de los casos, se llega a debatir acerca de la igualdad entre organizaciones religiosas.
Por Oscar Alejos, asociado del estudio CMS Grau Perú y especialista en Derecho Administrativo La visión tradicional de la fiscalización consideraba esta actividad como destinada a encontrar hechos ilícitos que ameritaban sancionar. En tal sentido, la fiscalización no era más...
Recientemente ha sido publicado el Informe del Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral 2012 (en adelante, el Pleno) el cual contiene como principal atractivo la ampliación de los supuestos de reposición en la vía ordinaria laboral.
Las reglas de protección al consumidor tienen entre sus aspiraciones el tratar de alcanzar, en la medida de lo posible, la satisfacción de las expectativas razonables de los consumidores. En los últimos años, la interpretación de las reglas sobre protección al consumidor se ha vuelto extremadamente rígida, al punto que la autoridad encargada de aplicar sanciones ante el incumplimiento de tales reglas ha venido estableciendo criterios que, lejos de generar incentivos para que los proveedores traten de ganarse el favor de los consumidores, los impulsa a encontrar mecanismos para evadir los importantes sobre-costos generados por una regulación interventora y rígida.
Por: Sebastián Soltau Salazar Estudiante de Derecho de la PUCP. Ex-Director de la Comisión de Desarrollo Social de THEMIS. Hace un par de días leí una noticia relacionada al caso de una trabajadora que fue despedida por la compañía de ambulancias...
Por Ramón Huapaya, profesor de Derecho Administrativo Económico en la PUCP y asociado del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados Luego de un complejo proceso, el Congreso de la República ha decidido brindar facultades al Poder Ejecutivo para legislar...
Por: Gino Rivas, abogado y adjunto de docencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y analista de la unidad de persuasión y sistema de justicia de PsychoLawgy. Si ponemos a una rana en una olla de agua hirviendo, la...
Algunos días atrás se publicaron algunas modificaciones a la regulación sobre el Libro de Reclamaciones en nuestro país. Siempre tuve reparos respecto de la forma en la que se había estructurado la regulación más allá de que la idea de que exista un canal de comunicación entre proveedores y consumidores me parece saludable. Una de las modificaciones introducidas establece que aquellos proveedores que facturen anualmente más de 3000 UIT, deberán reportar, de forma obligatoria, al Indecopi a través de un aplicativo, todos los reclamos o quejas que sean presentados por los consumidores.
Esta mañana, el Poder Ejecutivo, amparado en el artículo 135 de la Constitución, publicó en el diario El Peruano el Decreto de Urgencia N° 017-2019. Dicha norma tiene como objeto establecer medidas urgentes para garantizar la protección del derecho...

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