El pasado 09 y 10 de octubre, representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizaron una conferencia en conmemoración del Día Internacional para poner fin a la impunidad en crímenes contra periodistas, a fin de analizar esta problemática y continuar los esfuerzos para solucionar esta situación. Durante ella, se abordaron, entre otros temas, los posibles mecanismos de protección, estándares de prevención, dimensiones de la violencia y el rol de las cortes en la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión. En razón a ello, el presente editorial analizará la problemática de los delitos contra periodistas, y las posibles respuestas que surgen ante este tema.
Tras 18 años de impunidad, el Estado peruano aún no tiene una cifra exacta que indique la cantidad de mujeres que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas. Es por ello que a través de la campaña #contrasuvoluntad, Amnistía Internacional busca...
El jueves pasado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) objetó la resolución del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 (JEE), el cual indicaba que el presidente de la República, Ollanta Humala, había violado el principio de neutralidad desde que...
Ayer 18 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado colombiano que adoptara medidas cautelares en favor de Gustavo Petro Urrego, político que fuera elegido Alcalde de Bogotá a fines del 2011, quien había sido separado del cargo e inhabilitado en sus derechos políticos por 15 años mediante una decisión administrativa adoptada y ratificada por la Procuraduría General de la Nación, órgano que en Colombia tiene facultades de investigar y sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos.
Primera parte Por: Pedro Díaz Rodríguez Estudiante de Derecho en la PUCP El Proyecto de la Ley General de Trabajo, una especie de código que regule la labor de los trabajadores del régimen general de la actividad privada, ya se encuentra pasando...
El pasado martes, en medio de un contexto de gran conflictividad social e indignación producida por la desaparición de 43 estudiantes en la denominada “matanza de Iguala”, la Cámara de Diputados de México aprobó un polémico dictamen que busca reformar los artículos 11 y 73 de su Constitución a fin de establecer que será obligación del Estado garantizar que las personas puedan moverse en los espacios públicos. Evidentemente, las críticas no se hicieron esperar. Varios opositores de la reforma han cuestionado la pertinencia de un cambio de esta naturaleza en el contexto actual, también han argumentado que se estaría abriendo la puerta para que se elaboren leyes secundarias que restrinjan el derecho a la libre manifestación y la protesta. Por ello, en el presente editorial detallaremos los alcances de esta posible reforma y analizaremos si resulta legitima a la luz del denominado “derecho a la protesta” y de la actual coyuntura política en México.

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