En marzo del presente año, se comenzó a debatir en el Congreso la denominada “Reforma Electoral”. Debido a la relevancia del tema, Enfoque Derecho creó una Semana Temática con artículo y entrevistas a distintos especialistas para analizar cada una de las medidas planteadas e invitar a reflexionar a nuestros lectores sobre la importancia del tema. Lamentablemente, los proyectos que hasta el momento se han aprobado y los que tienen consenso para llevarse al Pleno no representan el corazón de una verdadera reforma que permita cambios estructurales en la legislación electoral. Por ello, para cerrar esta iniciativa, el presente editorial analizará las propuestas que el Congreso debe aprobar para generar una verdadera transformación de nuestro sistema electoral.
Para discutir las implicancias de la curul vacía, medida recientemente aprobada por el Congreso peruano, es necesario comprender cómo funciona el crimen organizado, fenómeno al cual alude y que ha cobrado especial protagonismo. Lejos de las ideas imprecisas del cártel o la mafia, organizaciones verticales cuyos integrantes acatan decisiones centralizadas en un líder o unos cuantos cabecillas, la evidencia da cuenta más bien de redes acéfalas, de circuitos productivos con estructuras fragmentarias, cuyos puntos de contacto permiten transacciones para el comercio ilícito de estupefacientes, madera, oro, armas o personas[i]. En particular en el Perú, el fenómeno lo configuran principalmente pequeños y medianos emprendimientos, en gran medida de corte familiar, dedicados de manera específica a unas pocas actividades de estas economías ilícitas: el desvío de insumos químicos, la extracción del mineral o la madera, el refinamiento de pasta base o clorhidrato de cocaína, el acopio y transporte de las mismas, etc[ii].
Enfoque Derecho presenta nuevamente el Versus, una confrontación de ideas entre Fernando Tuesta, politólogo y especialista en temas electorales, y Guillermo Cabieses, abogado y profesor de Derecho y Economía, donde discuten en el marco de la #SemanaDeLaReformaElectoral, si los partidos políticos deben ser financiados con fondos públicos.
En nuestro sistema constitucional, los derechos de participación política suponen no solamente el derecho de sufragio para elegir a nuestros representantes, sino también el derecho del ciudadano de votar individualmente hasta por 2 candidatos entre todos los que postulan de una lista de un partido al Congreso.
Adrián Lengua, Elody Malpartida y Francisco Mamani, miembros del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, entrevistan a Verónika Mendoza, actual Congresista de la República, sobre la propuesta de participación igualitaria en espacios políticos. ED: ¿En qué consiste la reforma de la...
En el año 2003, la Ley de Partidos Políticos (LPP) estableció que las agrupaciones políticas, independientemente de su categoría, debían regirse por normas de democracia interna. A partir de entonces, los candidatos a todos los cargos de elección popular (con excepción de los invitados) han sido proclamados bajo este mandato. Pese a ello, las élites partidarias de la mayoría de partidos y movimientos regionales han venido desarrollando estrategias para seleccionar de forma discrecional a sus candidatos.
El proceso de revocatoria como instrumento de control político ciudadano es una herramienta útil y se enmarca en un proceso democrático. Sin embargo, en la legislación anterior esta tenia debilidades muy visibles que permitían que con muy pocas firmas se inicie un proceso de revocatoria. Ahora, esto no solamente exige una inversión por parte del estado, sino que también exige un esfuerzo de la autoridad de turno, cuando en realidad estos procesos responden más a revanchismos políticos o venganzas del político que no ganó las elecciones. Quien impulsó la revocatoria fue Castañeda Lossio y Solidaridad Nacional, con el apoyo del APRA, opositores del gobierno de Susana Villarán. Además de las firmas, no había un control institucional del JNE o de la ONPE que sustente el proceso de revocatoria.
Desde hace un buen tiempo el sistema político peruano atraviesa una profunda y compleja crisis, la que con el pasar del tiempo se ha acentuado revelándonos que, si nadie tomas medidas, siempre es posible estar peor que antes. Si bien la caída en el año 2000 del régimen fujimorista y el enjuiciamiento y condena de los personajes que lideraron una organización criminal que corrompió el conjunto de las instituciones estatales para la obtención de fines estrictamente personales e ilegales parecía constituir un punto de inflexión entre la extinción de un sistema político corrupto y el surgimiento de un sistema político sustentado en las reglas del Estado de derecho y la transparencia, los hechos indican que no ha sido así.

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