Hace algunas semanas leí una noticia muy interesante sobre la regulación que en algunos países viene aplicándose respecto del consumo de grasas en los alimentos. Lo interesante de esta noticia es que nos muestra un buen ejemplo del absurdo en que algunos Estados caen al interferir en los espacios de libertad de las personas.

El 9 de noviembre de 2010 se aprobó en San Francisco la denominada “happy meal ban” (la que podríamos traducir como la “prohibición de la cajita feliz”). Esta regulación establece tres prohibiciones respecto de los menús para niños de los restaurantes de comida rápida: (a) obsequiar cualquier incentivo (juguete, sticker, premio, etc.) si es que el menú con el cual viene asociado supera las 600 calorías; (b) comercializar menús infantiles que contengan cualquier tipo de incentivo, a menos que el paquete en cuestión contenga porciones de frutas y verduras; y, (c) comercializar cualquier producto que se anuncie como alimento infantil y que contenga un exceso de grasas o sal.

Supuestamente el objetivo de esta medida es el proteger a los niños de hábitos alimenticios poco saludables y que pueden generar una serie de enfermedades que van desde la obesidad hasta problemas cardíacos. Bajo esta premisa, esta medida parecería ser bastante positiva. Sin embargo, ¿realmente una prohibición de este tipo constituye una buena política pública? Personalmente tengo serias dudas al respecto.

En una sociedad abierta y democrática la regla general es una según la cual los individuos son libres para decidir sobre sus propios intereses, sean cuáles estos sean. La única excepción a esta regla es que su comportamiento tenga un impacto negativo en otros individuos (externalidades negativas).

Así, por ejemplo, los individuos son libres para beber bebidas alcohólicas en las cantidades que quieran (incluso cuando ello pueda ser dañino). Sin embargo, se encuentra prohibido manejar en estado de ebriedad, dado que aumenta el riesgo de accidentes y, por ende, de dañar a terceros.

Nótese que esta regla se debe aplicar incluso cuando consideremos que la actuación de los individuos podría ser dañina para ellos mismos. Piénsese, por ejemplo, en el caso de los boxeadores. Cuando un boxeador entra en un ring acepta libremente el ser golpeado por su oponente (bajo determinadas reglas) y verse expuesto a las consecuencias de ello (sólo piénsese en el estado actual de Muhammad Ali!). ¿Por qué permitimos esto? Porque es una decisión libremente adoptada y entendemos que es el propio boxeador el que mejor sabe lo que le conviene.

Pese a ello, lo cierto es que puede presentarse un problema en el proceso de decisión individual: que no exista suficiente información para definir nuestros intereses. Dado que en estos casos no existirá una garantía de que la decisión de los individuos sea adecuadamente adoptada[1], se justificará una intervención del Estado. Pero no una intervención que implique la sustitución de la decisión de los individuos, sino estableciendo reglas que aseguren la generación de la información necesaria para ello.

Así, por ejemplo, si bien los individuos deben de ser libres para decidir qué comen y en qué cantidades, se requiere que éstos puedan tener información adecuada acerca de las características de la comida que ingieren. Dado que los proveedores no siempre tendrán incentivos para trasladar esta información, el Estado debe establecer una regulación que los obligue a informar este aspecto. Con esta información los individuos podrán decidir libremente si prefieren comer una hamburguesa y papas fritas o una ensalada de frutas.

El problema que se presenta al establecer políticas públicas es que muchas veces el argumento de la información es utilizado para intervenir innecesariamente en el comportamiento de las personas. En estos casos se dice que las personas “no están en capacidad de entender ciertas cosas”, por lo que es mejor que el Estado intervenga. En otras palabras, como las personas no son lo suficientemente inteligentes para tomar ciertas decisiones, es mejor que un funcionario público lo haga por ellas (¿?). Como veremos, ello es precisamente lo que ha pasado en el caso de la “happy meal ban”.

Podría decir (con poco riesgo a equivocarme) que en la actualidad existe mucha información sobre los efectos del consumo excesivo de grasas. Resulta poco creíble pensar que una persona que come continuamente “comida chatarra” no sepa que su consumo puede ser dañino para su salud. O que los padres no sepan que deben limitar el consumo de grasas de sus hijos. Si ello es así, ¿por qué entonces establecer una regulación como la mencionada? ¿O acaso se piensa que el “poder” de convencimiento de una cajita feliz es tan fuerte que hará olvidar a un padre que el consumo de grasas puede ser perjudicial para sus hijos?

Lo que se dice es que si bien los individuos conocen de los efectos de las grasas, muchas veces son “muy débiles” para tomar una adecuada decisión. En otras palabras, se dice que pese a tener información casi perfecta, las personas no son capaces de resistirse a una hamburguesa con papas o de limitar el consumo de sus hijos, por lo que requieren una “ayuda” del Estado. En este escenario, el estar expuestos a incentivos como los de la “cajita feliz” supuestamente podría hacer aún más difícil el adoptar la decisión adecuada.

El problema con esta perspectiva es que parte de una premisa errada: se piensa que el dejar a los individuos tomar libremente sus decisiones funciona solo si éstos no se equivocan, saben siempre cuáles son sus intereses y actúan siempre acorde con éstos. Así, se cree que si las personas deciden consumir “comida chatarra” en exceso (o permiten a sus hijos consumirla) no están actuando racionalmente, por lo que se requiere que el Estado decida por ellas. En otras palabras, se requiere que el Estado las “interdicte” de facto y les arrebate su capacidad de decidir. El problema con esta visión es bastante simple: ¡las personas sí se equivocan! ¡Y ello no está mal!

Contrariamente a lo que se cree, la perspectiva liberal parte por aceptar que las personas se equivocan, pero que, sin embargo, en la mayoría de casos conocen mejor lo que les conviene que un funcionario público. Es por ello que, pese al riesgo del error, es preferible dejar que cada persona decida acerca de aquello que le conviene, en lugar de dejar que el Estado lo haga a través de un funcionario público (quien, además, tampoco estará libre de error!).

De hecho, aún si asumimos que las personas cometen errores, finalmente es positivo que ello suceda: solo permitiendo que las personas adopten libremente sus decisiones y asuman las consecuencias de éstas lograremos tener individuos confiables e independientes. Bajo esta perspectiva, lo importante es más el proceso de decisión que el resultado en sí mismo.

Vistas así las cosas, políticas públicas como la que comentamos no hacen más que mostrar una tendencia de muchos estados de actuar como “niñeras” de las personas. Presumen que éstas son demasiado ignorantes o ingenuas como para poder tomar decisiones en su propio interés.

En efecto, ¿por qué debemos considerar que quienes consumen “comida chatarra” son irracionales? ¿Porque asumen el riesgo de, en el futuro, quizá tener problemas de salud? ¿Y por qué pensar que son tan débiles que al verse expuestos a elementos de mercadotecnia (como finalmente lo es la cajita feliz) no podrán ya adoptar decisiones adecuadas? Si bien yo no suelo comer comida chatarra me parece bastante arrogante pensar que soy más racional que aquellos que sí deciden consumirla o que permiten a sus hijos hacerlo.

De hecho, creo que los amantes de la comida chatarra no son seres irracionales. Lo que en muchos casos sucede es que estas personas hacen una evaluación distinta a la mía: valoran más el placer presente de comer comidas grasosas que los posibles daños futuros que podrían sufrir (y decimos posibles porque no son necesariamente efectivos).

Y esta evaluación no es necesariamente irracional. En su evaluación podrían estar considerando, por ejemplo, que en los próximos años habrá una considerable mejora en los conocimientos médicos y habrán nuevas medicinas que solucionarán los problemas actuales, por lo que el supuesto riesgo al que se enfrentan se ve disminuido. De hecho, si consideramos que actualmente ya existen medicinas que reducen los riesgos potenciales del colesterol o que reducen la presión arterial, una decisión de este tipo no es para nada irracional.

Por otro lado, si consideramos que las enfermedades asociadas con la ingesta de grasas no solo responden a un problema en la dieta alimenticia, la decisión se vuelve cada vez menos irracional. En efecto, el incremento de tiempo en actividades sedentarias (ver televisión, jugar play station, pasarse horas pegado a un ipod) también es un factor que debe de ser considerado. Así, una persona podría optar por consumir comidas grasosas y hacer deporte como compensación. ¿Es ello acaso irracional?

Como puede verse, el asumir que las personas son simplemente irracionales por consumir comidas grasosas o que el verse expuestas a mecanismos de publicidad como la cajita feliz no podrán adoptar decisiones correctas, es simplificar las cosas e imponer la visión particular del funcionario público de turno. En efecto, según estas medidas un funcionario público está en mejor posición que un padre para determinar si su hijo puede o no comer una cajita feliz. Bajo esta perspectiva, en el futuro podríamos esperar que el mismo funcionario decida prohibir las fiestas infantiles en los restaurantes de comida rápida, o la publicidad de este tipo de comida, o colocar impuestos a la adquisición de play stations y ipods a fin de incentivar a los jóvenes a realizar más actividades físicas y llevar una vida más sana.

Si bien no niego que las personas puedan equivocarse (decidiendo fumar, beber bebidas alcohólicas o consumir drogas o comidas grasosas), prefiero que tengan la libertad de equivocarse y asumir su error. Después de todo, la otra opción es que el Estado tome las decisiones y se equivoque por nosotros. ¿Qué prefiere usted?


[1] Nótese que no decimos correcta, ya que esto dependerá de las preferencias personales de cada individuo. Decimos simplemente adecuadamente adoptada, es decir, en base a la valoración de información relevante.

5 COMENTARIOS

  1. Tengo al impreción de que la medida tiene como objetivo los niños ( los que en su gran mayoría consumen «la cajita feliz») por ser considerados personas que recién están construyendo un determinado modo de ser, por lo cual limitar campañas tan grandes y agresivas hasta que no cuenten con el discernimiento requerido no me parece errada.

    • Estimado Oscar, interesante comentario. Sin embargo, creo que dejas de lado un aspecto importante: esta decisión no corresponde tampoco al Estado, corresponde en todo caso a los padres. En efecto, la decisión de los límites que deben de tener los niños en el consumo de grasas es un aspecto que debe ser definido por los padres. Finalmente, son los padres los que legalmente tienen la potestad de decidir cómo criar a sus hijos.
      La medida parte de la errada percepción que la fuerza de determinadas técnicas publicitarias es tal que los padres (quienes si tienen discernimiento) no podrán controlar a sus hijos, por lo que es mejor que el Estado sea quien ponga estos límites y no ellos. Bajo esta perspectiva, podríamos empezar a prohibir cualquier tipo de mecanismo publicitario que incentive el consumo de bienes o servicios que el funcionario público de turno considere inadecuados. Siguiendo el ejemplo que utilicé, podría prohibirse la publicidad agresiva de Play Station o de Wii para incentivar el desarrollo de mayor actividad física por parte de los niños.
      Saludos

      • Entonces un menor de edad privado de discernimiento debe estar siempre sometido a lo que su padres determinen como mejor para ellos El estado no tiene la facultad de limitar determinados derechos, cuando estos atenten contra otro individuo .
        Me parece que los padres aun siendo ellos quienes están facultados para conducir a sus hijos y ser en quienes se deposite la responsabilidad de su dirección, no lo saben todo y eso no esta mal, cometer errores es natural y asumirlos también, pero en este caso quien asumiría dicho «error» no serian ellos, en estos casos como en otros muchos el estado interviene regulando aquellos actos de los padre que considere perjudiciales o por ejemplo regulando a la tv para que emita programas de contenidos «poco saludables» en un horario diferente.

  2. Christian:
    No he revisado los estudios empirícos que se han hecho al respecto, que sé que han hecho y muchos, así que escribo intuitivamente. Creo que hay muchos padres que no se preocupan mucho de la salud de sus hijos en el corto plazo y le hacen lo que quieren sus hijos para evitarse problemas. Y cuando los niños ya tienen graves problemas de salud, el costo de su curación se lo trasladan al sistema de salud.

    El problema de obesidad es uno de los principales problemas de salud en los EEUU en la última década (más del 30% de la población de los EEUU tiene problemas de sobrepeso con todos los riesgos y costos que le está causando a su sistema de salud) y, especialmente, en los niños. Ello, se debe a los malos hábitos alimenticios y de actividades físicas de los niños. Los padres para evitar pelearse con los niños, los dejan comer lo que quieran y les compran lo que piden.

    Sé que mi experiencia no califica como evidencia científica, pero cuando estuve un tiempo por allá, me parecía desconcertante y, en algunos momentos aterrador, cómo la gente consumía comida chatarra, gaseosas y dulces en abundancia. En verdad, me parecía una irresponsabilidad de los padres como no corregían los hábitos alimenticios de sus hijos.

    Ahora bien, es un hecho que el sobrepeso es un problema serio en las personas y, más serio aun, en el caso de los niños que le puede traer problemas en su desarrollo futuro. Si aceptamos ese hecho, que creo es irrebatible, la cuestión que sigue es cómo hacemos para evitar que los niños se conviertan en obesos.

    Además, hay que tener presente que en la obesidad hay condicionantes genéticas, ambientales y sociales. En algunas personas, las grasas pueden ser adictivas, motivo por el cual el rechazo a comer comida grasosa no es tan fácil. El ambiente también puede influenciar en nuestros patrones de consumo, sobretodo, en el caso de los niños. Los casos de manipulación sicológica están siendo documentando en los EEUU. Y no me sorprendería que muchas empresas sepan de estos estudios, es más, es seguro que contratan a expertos para lograr posicionar su producto en la cabeza de los consumidores y, en algunos casos, hasta manipularlos.

    Por ello, si sabemos que una persona está tomando una decisión equivocada producto de condicionantes genéticas, condicionantes sicológicas, falsas creencias, y tenemos la capacidad de ayudarla a que no incurra en esos errores, me parecería inmoral no ayudarla. Por ejemplo, mucho de los suicidios se deben a problemas sicológicos y genéticos, y a veces con ayuda sicológica y médica podríamos evitar a que la persona tome una decisión errada. No hacer nada, dejar que acabe con su vida, pese a que tenemos, como sociedad, la posibilidad de ayudarla, me parece inmoral.

    Con esto no quiero justificar la medida que has comentado. Mi punto es que la obesidad es un problema de salud muy importante en EEUU y que no necesariamente la intervención del Estado va a ser peor que la decisión de los padres. Yo creo que la decisión está en saber cómo intervenir. Para ello, hay que estudiar los estudios científicos que se están haciendo al respecto, y a partir de ahí formular las mejores recomendaciones de política pública para ayudar a las personas a que se conviertan en obesas. No hacer nada, porque el individuo sabe que es lo mejor para él, me parece no sólo falso sino hasta moralmente incorrecto.

    • Estimado César, gracias por tu interesante comentario. Algunos reflexiones a partir de lo que planteas:

      1. En efecto hay numerosos estudios que en la actualidad cuestionan la idea generalmente difundida (y tomada casi como una verdad incuestionable) de que el consumo de grasas es el principal causante de obesidad y otros problemas de salud (cardíacos, presión arterial, etc.). Si bien no se niega que la dieta alimenticia tenga una incidencia en este tipo de problemas, actualmente se pone en entredicho que tenga una incidencia tan directa y primordial. Se cree que existen otros factores que son aún más relevantes, tales como la actual extensión de actividades sedentarias (pasar horas frente al televisor, la computadora o los juegos de video, por dar solo algunos ejemplos). Sobre el particular, te recomiendo leer el interesante artículo de Richard Posner y Tomas Philipson “The Long-Run Growth in Obesity as a Function of Thechnological Change”.

      Lo importante de este aspecto netamente científico es que hace aún más cuestionable medidas como la comentada. Si no existe seguridad de que la causa directa de este problema sea necesariamente el consumo de grasas, ¿es adecuado empezar a generar prohibiciones o limitaciones al respecto? Si pensamos que el riesgo lo vale, entonces, para ser coherentes, tendremos que empezar a tomar las mismas medidas respecto de los otros posibles factores, tales como la comercialización de videojuegos, Ipods, computadoras y otros elementos que inciden en la falta de actividad física de los niños (el otro factor mayoritariamente considerado relevante en este problema).

      2. Estoy de acuerdo contigo en que la existencia de estos problemas de salud si puede generar un externalidad importante: su impacto en el sistema de salud. Sin embargo, creo que en realidad el problema en este caso es otro: el mal diseño del sistema de salud. En efecto, los sistemas públicos de salud tienen como problema estructural el no generar los incentivos suficientes para que los individuos asuman los costos de sus actos y opten por estilos de vida más sanos (mejores dietas, desarrollo de actividades físicas, etc.).

      Esto se ve claramente en casos como el del cigarrillo. Si soy un consumidor de tabaco y ello me genera problemas, el sistema de salud igual me atenderá. Es decir, el sistema de salud no hará que interiorice los costos de mi acción (“por qué dejar de fumar si el sistema de salud igual me cubrirá…?”). Lo que en estos casos debería de suceder es la aplicación de restricciones a las coberturas: si la propia actividad del sujeto es la causante del problema, no debería de verse cubierto por su sistema de salud, debería de verse cubierto solo de manera limitada o, en todo caso, debería de pagar más por su cobertura (tal como sucede en los sistemas privados). Si bien soy conciente que esto puede sonar algo duro, lo cierto es que no debemos asumir que todos los contribuyentes del sistema de salud (incluidos aquellos que sí optamos por hábitos saludables) debemos de subsidiar la irresponsabilidad de otros bajo el argumento de una “solidaridad” impuesta.

      3. No concuerdo contigo en el argumento de que si determinamos que una persona está adoptando una decisión equivocada, lo “moralmente” correcto es que el Estado intervenga “ayudando” a esta persona.

      En primer lugar, creo que nos enfrentamos a un problema de fondo: ¿quién determina qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Lo hacemos desde la perspectiva de un funcionario público o de un académico? ¿Acaso un tercero está en mejor posición para determinar que es mejor o peor para mi?

      Creo que el ejemplo del cigarrillo es bastante gráfico. Yo particularmente no fumo y, de hecho, me molesta mucho este hábito. Sin embargo, no creo que quienes lo hagan sean irracionales o desarrollen una conducta errada que requiera la “ayuda” de un tercero para ser corregida. Me atrevería a decir que actualmente existe información casi perfecta respecto de los riesgos derivados del consumo de cigarrillos. Y sin embargo hay muchas personas que, libremente, optan por seguir fumando. ¿Es acaso adecuado que los interdictemos de facto y limitemos su libertad porque algunos podamos creer que se equivocan y simplemente no son lo suficientemente fuertes para tomar la decisión correcta? Intervenir porque pensemos que las personas no tienen la fuerza suficiente para tomar decisiones correctas no solo me parece arrogante, sino incluso peligroso.

      En segundo lugar, creo que lo que realmente resulta inmoral es el privar de libertad de elección a las personas porque pensemos que no tienen la capacidad para tomar las decisiones que a nosotros nos parecen correctas. Bajo esta perspectiva podemos llegar al extremo de inmiscuirnos cada vez más en los ámbitos de libertad de las personas.

      Si seguimos tu planteamiento y determinamos que los padres no toman decisiones correctas respecto de la dieta alimenticia de sus hijos, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Que el Estado se encargue de la alimentación de los niños? ¿Por qué no regulamos también los productos que se venden en los supermercados? Después de todo, las comidas con altos contenidos de grasas no solo se venden en los restaurantes de comida rápida. El riesgo de una intervención cada vez mayor se vuelve altamente peligroso. Particularmente prefiero dejar en manos de los privados el tomar sus propias decisiones y equivocarse, que el que un tercero la tome por nosotros y sea él el que se equivoque.

      Saludos,

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