Por: Nicole Roldán
Economista del Estudio Bullard, Falla & Ezcurra Abogados
Recientemente hemos observado cómo algunas de nuestras autoridades han realizado acciones tendientes a aumentar sustancialmente las multas y a establecer sofisticadas fórmulas de cálculo con el fin de lograr una mayor disuasión.
Así por ejemplo, en el tema de regulación laboral, la reciente creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)[1] trajo consigo un aumento de hasta 900% en las multas máximas imponibles por infracciones laborales. En la misma línea, el Ministerio del Ambiente ha propuesto aumentar las multas por infracciones ambientales desde 10 mil UIT a 30 mil UIT[2]. INDECOPI por su parte, presentó a fines del año pasado, una propuesta metodológica de cálculo de multas basadas en el beneficio ilícito, probabilidad de detección y factores agravantes, que busca lograr la total disuasión de las infracciones.
Si bien a primera vista estas medidas parecieran apropiadas, lo cierto es que pasan por alto el contexto en que estas se desarrollan, lo que podría frustrar su éxito. Veamos.
Tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica los organismos sancionadores cuentan con funcionarios poco capacitados lo que impide identificar correctamente infracciones y seguir un procedimiento adecuado. Otro de los problemas es la existencia de normas que carecen de toda razonabilidad o han quedado obsoletas, así por ejemplo multas por no izar la bandera en fiestas patrias o límites de 60km/hr en zonas de alta velocidad, entre muchísimos ejemplos más.
Obviamente, ninguno de estos temas se soluciona aumentando las multas. No existe una fórmula mágica. Si aumentamos las multas sin tener funcionarios capacitados, muchos inocentes terminarán pagando altos costos, y si no eliminamos normas absurdas tendremos infracciones repetidas e injustas.
Para lograr el objetivo de disuasión, entonces, el Perú debería comenzar por capacitar a sus funcionarios y eliminar normas irracionales. También se deben corregir los incentivos, de modo que los funcionarios no tengan como meta acumular multas. Luego, es momento de dar a conocer mejor las normas y entregar incentivos positivos, como por ejemplo reducciones de multa por programas de compliance o el auto reporte. Finalmente, se puede pensar en aplicar fórmulas sofisticadas. Como se ve, Perú está partiendo al revés, pensando en fórmulas de cálculo sin corregir lo fundamental. Mejor tomemos medidas de fondo, que si bien requieren más tiempo, tendrán un impacto mucho mayor y duradero que simplemente recurrir a mayores multas.
[1] Ley N° 29981 que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
[2]http://www.larepublica.pe/18-12-2012/ejecutivo-preve-elevar-multas-para-infractores-ambientales-hasta-30-mil-uit
