Un fantasma recorre América Latina: el fantasma del chavismo. La influencia de Hugo Chávez, propulsor del llamado “socialismo del siglo XXI” (que se parece mucho al socialismo del siglo XX), ha ido avanzando progresivamente por la región y, a pesar del reciente fallecimiento del ex mandatario venezolano, está llegando cada vez más lejos en otros países como Argentina.
Sacarse de encima al Poder Judicial es una clásica receta del chavismo. Se ve claramente en Venezuela, por ejemplo, donde el gobierno puede ignorar ampliamente los mandatos de la ley y la Constitución porque tiene el dominio sobre el Tribunal Supremo de Justicia, máximo órgano del sistema judicial venezolano. La mismísima presidenta del TSJ afirmó en el 2009 que “la división de poderes debilita al Estado”. Rafael Correa a su vez logró aprobar en el 2011 un referéndum que le permitió sacarse de encima el problema de un PJ que lo controle y deshacerse de la molestia del sistema de pesos y contrapesos que es premisa fundamental del Estado de Derecho.
El pasado 8 de abril, Cristina Fernández de Kirchner reveló su propio plan de ataque contra el PJ argentino. El paquete de seis proyectos de ley que presentó la presidenta de Argentina incluye dos que causan especial preocupación.
El primer proyecto de ley propone aumentar de 13 a 19 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura (órgano que se encarga de nombrar los jueces, entre otras funciones, comparable a nuestro Consejo Nacional de la Magistratura) y que estos nuevos miembros se elijan por voto popular. En nuestra opinión, esta sería una reforma muy grave por varias razones. En primer lugar, creemos que el PJ de cualquier país debe estar tan alejado de la política como sea posible. El que el órgano que nombra a los jueces y sirva de control dependa del voto popular es una receta para conseguir que el sistema judicial se politice, cuando por su naturaleza debería ser apolítico y obedecer únicamente a la ley. Además, no sería en absoluto difícil que el gobierno desplegara medidas clientelistas y populistas para ganar el favor del electorado, con el cual podría colocar candidatos políticos en este órgano y apoderarse del tercer poder del Estado. Nos parece perfectamente plausible que esto mismo ocurra en Argentina: Cristina Fernández tiene el poder y los motivos para hacerlo, así como el ejemplo los países ya mencionados.
La segunda reforma propuesta pretende que las medidas cautelares contra el Estado no puedan durar más de seis meses, dentro de los cuales se tenga que emitir el fallo judicial. Esto es un exceso grotesco por parte del Ejecutivo. No vemos razón alguna por la cual el Estado deba tener privilegios respecto de cualquier persona en el control judicial de sus acciones o de su sometimiento a la ley. El Estado debe tener igualdad legal frente a cualquier contraparte en un proceso judicial. Es claro a qué apunta esta propuesta: el gobierno quiere poder hacer lo que le plazca sin preocuparse por que el Poder Judicial interfiera. Todo ello sin mencionar que el gobierno argentino tiene desde hace ya bastante tiempo una enemistad con el diario El Clarín, un arduo opositor, contra el cual tiene pendiente un proceso judicial dentro del cual se ha concedido una medida cautelar a favor del diario. Esta medida, pues, parece ser, además de lo ya mencionado, una ley con nombre propio en contra de un enemigo político del gobierno de turno.
Lo que está por ocurrir en Argentina no es poca cosa. La independencia del PJ es, en nuestra opinión, una base fundamental del Estado de Derecho y de la democracia, y estas reformas son una amenaza frontal a ella. El pasado 18 de abril se desplegaron protestas multitudinarias contra a este proyecto de reforma, y se ha convocado a un segundo día de protestas este 24 de abril, día en que finalmente se votará por ellas. El progresivo avance, paso a paso, de Argentina hacia el socialismo del siglo XXI amenaza con hacer de este país una seudo democracia latinoamericana más. Desde este espacio editorial, esperamos que este próximo miércoles no se dé un paso más.
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