No es novedoso afirmar que los servicios estatales en el Perú son altamente ineficientes. Tampoco es necesario entrar en mayor análisis para sostener que un factor de peso para la eficiencia de dichos servicios lo constituye el manejo de los recursos humanos. Y es que, en la actualidad, el Estado peruano no cuenta con ningún régimen de administración de recursos humanos ordenado, y el caos es notorio. La Encuesta Nacional de Hogares 2004-2010 (ENAHO 2011) registró que cada año ingresan en promedio cuarenta mil personas en el sector público, siendo al 2011 un total de 1’440,000 personas que trabajaban en este sector, quienes han ingresado a sus puestos sin ningún concurso público previo.
En nuestro país, existen más de 500 normas sobre el servicio civil, más de 102 escalas remunerativas en 82 entidades del Poder Ejecutivo, más de 400 reglas diferentes que regulan el pago a los servidores públicos y más de 198 conceptos de pago, entre remunerativos y no remunerativos, de acuerdo a un informe propio de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Dicho problema de regulación, sin embargo, podría resolverse mediante el proyecto de ley 1846, también conocido como la Ley de Reforma del Servicio Civil, pendiente de aprobación en el Congreso. A través de ésta, la situación laboral de los trabajadores públicos será, por fin, reordenada en la medida que se unificará los tres regímenes del Estado (privado, público y CAS) bajo uno sólo público laboral y lo más importante, sobre la base de un sistema meritocrático.
En ese sentido, de aprobarse, los efectos serán sumamente favorables. Los trabajadores del Estado tendrían incentivos para realizar un mayor desempeño, de modo que existiría un servicio civil más eficiente, con profesionales de mayor calidad, lo cual conllevaría un mejor servicio público brindado a los ciudadanos y, al mismo tiempo, aceleraría el desarrollo institucional del país. Además, un régimen ordenado y bien estructurado será más atractivo para los profesionales que comúnmente optan por laborar en el sector privado.
Pero no todo es color rosa. Los gremios de trabajadores han manifestado su rechazo a través de numerosas protestas a nivel nacional lo que ha generado suficiente presión sobre el Congreso para seguir postergando la aprobación de la ley. La primera discordancia, por parte de la CGTP, es la supuesta violación al derecho de la negociación colectiva, pero ello ya ha sido garantizado mediante el nuevo dictamen de la Comisión de Trabajo. Además, aducen que debido a que existen empleadores públicos con más de 15 años en el sector, el hecho de ser incorporados a un régimen único perjudicará a los trabajadores, pues a muchos no se les reconocerá el tiempo trabajado antes de integrarse a dicho sistema.
Aun así, las evaluaciones despiertan mucha incertidumbre por miedo a que se produzca una ola de despidos como producto de las evaluaciones. Un precedente histórico que esta medida trae a la memoria es que en la época del gobierno de Fujimori se comenzaron a ofrecer incentivos económicos para retirarse del sector público, lo que posteriormente conllevó a la promulgación del Decreto Ley N° 26093, en el que se establecieron evaluaciones semestrales para el personal del sector público. Esto llevó a una serie de despidos arbitrarios desde 1992 hasta 1996. Este suceso se aseveró en el 2001 y se promulgó la ley 27487, la cual derogó el anterior decreto ley y llevó a la creación de comisiones encargadas de revisar los ceses colectivos en el sector público, en el que si bien terminó su labor hace unos años con la publicación de cuatro listas, se recolectaron 111 mil solicitudes de reincorporación al aparato estatal y que tan sólo las tres primeras listas beneficiaron a 28 mil ex trabajadores
Los mencionados argumentos en contra han sido rápidamente rebatidos por el presidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Juan Carlos Cortés, y el premier Juan Jiménez. Así, respondieron que si bien el temor de los despidos masivos se entiende en base a la experiencia fujimorista de los 90s, carece de lógica, pues por el contrario, mejorará y garantizará la calidad de quienes ejerzan la carrera pública. Asimismo, de acuerdo con el doctor Javier Neves, la pérdida del empleo sólo ocurrirá si el rendimiento deficiente es reiterado, pues si una persona no tiene las condiciones aptas para desarrollar el puesto que se le ha confiado, lógicamente debería cesar.
Desde esta redacción reprochamos los argumentos que desacreditan el valor meritocrático en todo puesto laboral, menos aún si se trata de un servicio remunerado a través de los impuestos de todos los peruanos. A diferencia del sector privado, en el cual los empleadores pueden ejercer fácilmente un control directo sobre el personal y de ese modo fiscalizar y sancionar en miras a elevar su competencia y eficiencia, en el Estado los sueldos los pagamos los ciudadanos y nadie tiene los incentivos ni el interés de asegurarse que todos trabajen eficientemente. La meritocracia no sólo asegura un mecanismo de contratación objetiva (de modo que se evitan las contrataciones arbitrarias), sino que es el único mecanismo que asegura una mayor eficiencia laboral en el Estado con imparcialidad e igualdad, en tanto las contrataciones no se basan en clientelismo político, nepotismos, favoritismos o discriminaciones ilegítimas (como el origen social o la ideología política), sino en criterios de nivel profesional, conocimientos técnicos, desempeño, etc. Además, no existe justificación para no reducir el aparato estatal si se demuestra que es necesario. Resulta absolutamente irracional mantener puestos de trabajo innecesarios o funcionarios que no están desempeñándose adecuadamente.
Por último, debe tomarse en cuenta que pocas iniciativas han logrado tanto consenso. La medida cuenta con el respaldo de la Presidencia de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio del Trabajo, la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de la Comisión de Trabajo y la Comisión de Presupuesto del Congreso. Esto, por supuesto, sumado al 84% de ciudadanos encuestados al respecto estuvo de acuerdo con el sistema de meritocracia establecido en la ley.
No debe postergarse más la aprobación de la medida. Pocas veces convergen buenas ideas y respaldo de la mayoría. Si lo que queremos es un servicio eficiente y de calidad, ahora es un buen momento para no ceder ante los intereses de unos pocos.
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