El pasado 17 de Julio se concretó uno de los más grandes pendientes para nuestro Congreso de la República: finalmente se escogieron los seis nuevos magistrados que requería el Tribunal Constitucional (TC), los tres nuevos directores para el Banco Central de Reserva (BCR) y a la nueva titular de la Defensoría del Pueblo (DP). Si bien dichas elecciones se encuentran dentro de las funciones usuales y típicas del Congreso las circunstancias, que de seguro el lector bien conoce, dan cuenta del porqué de la reacción abrupta de la ciudadanía contra estas.
En primer lugar, el día anterior a las elecciones los noticieros de la noche revelaron un audio en el cual se oyen las voces de múltiples parlamentarios discutiendo los comicios que habrían de llevarse a cabo durante la sesión diurna del día siguiente en el Pleno del parlamento. En el diálogo se aprecia cómo de cierta forma los congresistas pactaron cuotas entre los movimientos que representan, con el fin de ocupar los puestos faltantes en las tres instituciones antes señaladas. El suceso llevó a que el epíteto repartija esté en boca de los ciudadanos. No obstante, el audio constituye únicamente el punto de inicio del descontento, en tanto la verdadera desfachatez fue haber consumado las elecciones pese al escándalo que se había desatado la noche anterior. Es decir, los parlamentarios hicieron la vista gorda a las denuncias y críticas de corrupción y los comicios se celebraron sin postergaciones, sin modificaciones, sin reparos y con resultados nada satisfactorios para la población.
En el caso del Tribunal Constitucional fueron escogidos como nuevos magistrados Rolando Sousa, Víctor Mayorga, Ernesto Blume, Cayo Galindo, José Luis Sardón y Francisco Eguiguren. El primero de los mencionados resultó ser el más controversial, dado que el abogado es un defensor representativo del régimen absolutamente violatorio de la Constitución de Alberto Fujimori. Esto sumado al hecho de haber representado y defendido figuras del fujimorato procesadas y condenadas por corrupción y delitos contra los derechos humanos, como el ex general Nicolás Hermoza Ríos. Ernesto Blume, por su parte, ha defendido al ex alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, acusado de los delitos de estafa y enriquecimiento ilícito.. Víctor Mayorga ha sido denunciado por uno de sus asistentes parlamentarios por obligarlo a planchar sus camisas y a darle parte de su sueldo a cambio de mantener su empleo, además de tener una investigación abierta por falsificación de documentos. Cayo Galindo, si bien tiene experiencia en el sector público y una mestría en gestión pública, tiene poca o ninguna proximidad al estudio del derecho constitucional. Continuar con el listado anterior sería tedioso, a pesar que aún hay detalles por mencionar. Sin embargo, basta con lo mencionado para afirmar que los elegidos para desempeñarse como nuevos magistrados del órgano supremo de control constitucional distam mucho de ser las personas idóneas.
El caso de la Defensoría del Pueblo no fue mejor. La elegida resultó ser Pilar Freitas integrante del partido Perú Posible, quien, para comenzar, estaba impedida de desempeñarse como Defensora, en tanto el rol que cumplía entonces como regidora de la Municipalidad de Lima es incompatible con el Defensora. Sin embargo, Freitas se libró de su primer cargo tras “fabricar” su vacancia acumulando tres ausencias seguidas a las reuniones del concejo metropolitano. Esto sumado al cambio de estatutos realizado en la fundación Canevaro, el mismo que le habría permitido quedarse durante varios años en el directorio de la fundación y transferir bienes de la misma, al parecer de manera irregular, situación por la que viene siendo investigada.
Finalmente, la designación de Drago Kisic, Gustavo Yamada y Francisco Gonzáles como directores del BCR fue la que menos desató suspicacias. Sin embargo, al haber estado tal designación en el marco de la infame repartija, también se vio ensombrecida.
Desde este medio y ante los hechos expuestos no nos queda sino reafirmar nuestra postura de desacuerdo y condena con el proceder del Congreso de la República, tanto por la forma en la cual se desarrollaron las elecciones, como por la insuficiencia académica y moral de ciertos funcionarios elegidos. Al cierre de esta edición Franciso Eguiguren, Víctor Mayorga, Cayo Galindo y Ernesto Blume han declinado de asumir sus cargos, lo mismo que Rolando Souza, quien afirmó no aferrarse al cargo, aunque aludiendo que la ley le impide renunciar. Igualmente, Pilar Freitas renunció a su puesto como defensora del pueblo. No obstante, el reproche tanto de este editorial como de la ciudadanía procede de un legítimo hartazgo con la forma en la cual las instituciones en el Perú se ven constantemente vapuleadas y tomadas. Dando incluso la sensación de no vivir bajo una separación de poderes, sino bajo un reparto de los poderes.
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