• Por Ursula Indacochea Prevost, abogada especialista en Derecho Constitucional.

Para entender la reciente decisión de la jueza Haydeé Pérez de disponer la prisión preventiva de Mateo Silva-Martinot, acusado de atropellar dos veces a Alejandro Ballón e intentar darse a la fuga, hay que dejar de mirar el árbol, y empezar a mirar el bosque. Dejar de analizar el asunto desde una perspectiva estrictamente legal, para prestar atención a otras variables que pueden explicar esa decisión, y que suelen pasar desapercibidas. Una de esas variables, quizás la más importante, es la independencia del Juez. ¿Qué tan independiente es un Juez para adoptar una decisión como esta?

En un reciente estudio comparado denominado “Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada”, realizado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF)[1], se examinan una serie de elementos externos a los sistemas de justicia, que presionan a los jueces e impiden que actúen con independencia, cuando deben adoptar decisiones sobre la libertad de un procesado.

el juicio de los medios

La conclusión obtenida, es que estas presiones conforman un “clima social” que desalienta la aplicación excepcional de la prisión preventiva y más bien incentiva a que se utilice regularmente y de forma arbitraria. Algunos rasgos de este clima podrían resumirse así:

a) La existencia de una asociación natural entre “ser procesado penalmente” y “ser detenido”: en la percepción social, basta que alguien sea imputado como culpable de un delito para que se desate un sentimiento colectivo de indignación, y se exija su detención, más aún si los hechos indican que ha sido detenido en flagrancia. Es decir, que la prisión preventiva se asume como la consecuencia natural de la imputación de un delito, y más aún si se trata de uno grave.

b) La voz de las autoridades: esta percepción social es generada y alimentada por las propias autoridades (y luego, amplificada y diseminada por los medios) y construye un “ambiente” que rodea al Juez.

Aquí están los políticos de distintas orientaciones exigiendo al Poder Judicial una aplicación más severa de la ley penal y responsabilizándolo por la situación de inseguridad del país. También están las máximas autoridades de los poderes estatales -y en especial del sistema de justicia- que a través de sus declaraciones obtenidas por los medios, generan una idea en el Juez de hacia donde se inclina la “opinión institucional” y, por tanto, de lo que se espera de él.

c) El “juicio de los medios”: además de reproducir el discurso de la inseguridad una y otra vez, y diseminar las declaraciones de las autoridades, los medios aprovechan los casos más notorios para generar titulares escandalosos, investigando la vida de las víctimas o de sus familiares para agregarle una cuota de emotividad a la noticia, y generar una empatía con la audiencia que muchas veces se basa en una lectura sesgada, incompleta o poco objetiva de los hechos. Todo ello alimenta una especie de  “juicio paralelo” que se lleva a cabo mediáticamente, en el que abogados, políticos, psicólogos, y hasta adivinos, especulan, alegan, opinan y finalmente “deciden” el caso.

d) La posibilidad del procedimiento disciplinario: Si dispone la libertad del procesado, el Juez asume el riesgo latente de que la opinión pública reclame que se le inicie un proceso disciplinario para investigar su conducta funcional, y de que esto finalmente ocurra. Esto es muy poco usual en el caso contrario, si decide ordenar su prisión preventiva.

e) El temor al señalamiento y el cuestionamiento público: En este contexto, el Juez sabe que si no dicta prisión preventiva, probablemente deberá enfrentar  la supuesta indignación social canalizada por los medios, y soportar la insinuación velada de que su decisión es contraria al sentido común o incluso que no puede sino obedecer a razones poco claras. Enfrentar a los medios puede ser abrumador, sobre todo si no hay certeza de que se recibirá el respaldo de la propia institución judicial. En ese escenario, los jueces pueden sentir que es menos riesgoso hacer lo que la percepción social espera de ellos.

f) La debilidad de la presunción de inocencia: Además de lo anterior, existe en la cultura cívica una débil recepción de la presunción de inocencia como un derecho humano básico e innegociable. En la percepción social, esta presunción es sumamente relativa, y normalmente acaba con la detención: “si lo detienen, es porque algo habrá hecho”.

Estos elementos pueden ayudarnos a comprender el contexto en el cual la jueza Haydeé Pérez, titular del Juzgado de Paz Letrado de Cañete, tenía que decidir si dejaba en libertad a Mateo Silva-Martinot, o si disponía su detención preventiva. ¿Quiénes han declarado sobre este caso? ¿Qué dicen los titulares de los diarios y los reportajes televisivos? ¿Qué opinan las autoridades? Con todo este ruido, no basta analizar si se cumplió o no con tal o cual requisito para la aplicación de la medida. Pongámonos la mano al pecho: ¿tiene un Juez, en esas condiciones, la fortaleza y los respaldos legales suficientes para actuar independientemente? Si pedimos independencia y sujeción a la ley, pensemos primero en nuestros jueces.


[1] Disponible en: http://www.dplf.org/es/resources/independencia-judicial-insuficiente-prision-preventiva-deformada-los-casos-de-argentina

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