Observar el proceso constitucional tiene dos objetivos centrales: uno analizar el estado de la protección de los derechos fundamentales y, otro, conocer el estado del control de los excesos del poder. Pero, no son dos objetivos independientes porque no hay democracia constitucional sin respeto de los derechos humanos, ni derechos humanos sin el control del poder.
En el Perú, luego de una década y media del retorno a la democracia constitucional, se pone en evidencia los avances y debilidades de esta. Así, la alternancia democrática del gobierno con elecciones transparentes, el respeto a la libertad de expresión, la existencia de una oposición política, la recuperación aunque parcial de la independencia del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, junto con el crecimiento económico han permitido al Poder Ejecutivo implementar programas sociales de inclusión social, mejorar la educación y ampliar la participación de los grupos vulnerables.
Lo que se ha traducido en la reducción de la pobreza y el incremento de la clase media, mejorando el bienestar general y la calidad de vida, en relación a hace quince años. Sin embargo, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, la corrupción, la discriminación, la desigualdad, la precariedad del empleo, el recodo de terrorismo, junto a la falta de un sistema de partidos políticos, constituyen un grave lastre para el fortalecimiento del Estado Constitucional.
Esos fenómenos, potenciados a través de los medios de comunicación social, han contaminado de tal modo la democracia constitucional, que casi la mitad de la población muchas veces preferiría un gobierno autoritario a uno democrático, o, que la resignación social, que es una forma de connivencia, señale en períodos electorales que el (la) candidato(a) presidencial no importe que robe con tal que haga obras.
Ad portas de un nuevo proceso electoral, todos los líderes políticos ya han iniciado su lanzamiento preliminar para ganar la Presidencia de la República, antes que buscar tener una buena representación y mayoritaria en el Congreso; debido a que en el Perú rige un modelo presidencial de gobierno, según el cual, el que gana la presidencia se lleva todo el poder en principio. Sin embargo, hay dos reflexiones a realizar:
Una jurídica, que demanda fortalecer el sistema de control y balance de poderes, mediante la expedición de una legislación electoral que atienda el financiamiento y a la democratización interna de los partidos políticos; la eliminación de la inmunidad e inviolabilidad parlamentaria frente a las investigaciones fiscales y judiciales; la sanción al transfuguismo parlamentario, y; la revocatoria del mandato de los representantes parlamentarios, por causales que la norma establezca. Todo ello, para legitimar al Congreso frente a la ciudadanía.
Otra política, en virtud de la cual para emprender los cambios necesarios y urgentes a realizar no solo de cara a una propuesta electoral, no se puede desconocer los avances realizados y los temas pendientes por resolver en el proceso democrático-constitucional; sino también, identificar con claridad el rol que les corresponde jugar a los titulares de dicho proceso que es político por excelencia.
Esto es, que son los poderes de facto y no los poderes de iure quienes ejercen el poder en nuestro país. Ello quiere decir que el diálogo o incluso los acuerdos entre el gobierno y la oposición, o, entre los partidos políticos, son necesarios pero no suficientes. Por eso, son los poderes fácticos mediáticos, empresariales, eclesiásticos, militares, así como, las organizaciones sindicales, sociales de base, quienes deben sentarse bajo la vigilancia ciudadana a debatir pública y transparentemente sus propuestas sobre la economía, la política, la cultura, etc.
Todo ello, con el fin de que suscriban un Acuerdo Democrático Económico y Social, que sirva de plataforma para los programas y propuestas electorales de los partidos políticos y sus candidatos. De lo contrario, la voluntad popular se expresará en las urnas para elegir un nuevo gobierno, pero el poder seguirá residiendo en los poderes fácticos; dejando en el vacío la protección de los derechos fundamentales y el control de los excesos del gobierno.
