Por Patricia Córdova, estudiante de Derecho en la PUCP y miembro del Programa de Desarrollo Social KHUSKA.

 “Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. La posición neutral ayuda siempre al opresor, nunca a la víctima. El silencio estimula al verdugo, nunca al que sufre”.
Ellie Wiesel

Todo comenzó en julio del 2015, cuando la pareja llegó a un hotel en la ciudad de Ayacucho, luego de haber asistido a una reunión social juntos y terminó en una serie de agresiones tanto físicas como psicológicas. Estas agresiones fueron grabadas y difundidas por los diferentes medios de comunicación, generando un gran rechazo e indignación a nivel nacional. Luego de más de dos años, el viernes 17 de febrero del 2018, el Poder Judicial de Ayacucho tomó la decisión de absolver a Adriano Pozo por los cargos de tentativa de violación y tentativa de feminicidio contra Arlette Contreras.

Lamentablemente, así como este son muchos los casos de violencia de género que se presentan a lo largo del año. Sin embargo, no todos logran tener la gran atención mediática que este ha tenido, aun cuando la mayoría de casos comparten el mismo final. Según las estadísticas del Ministerio de la Mujer, el 2017 se registraron 121 feminicidios y 247 tentativas. Por otro lado, sólo en enero del 2018 se han registrado 10 casos de feminicidios y 44 casos de tentativas [1]. Nuestro país se encuentra sumergido en una grave situación de violencia, pues las cifras de los casos de violencia de género, violencia familiar y violencia contra menores son sumamente alarmantes. Ante esta realidad, surgen las siguientes preguntas: ¿qué está haciendo el Estado para afrontar esta situación? ¿está funcionando nuestro sistema de justicia?

Lo cierto es que el feminicidio sí se encuentra tipificado en el artículo 108-B de nuestro Código Penal, estableciendo una sanción de pena privativa de libertad mínima de 15 años. Así también, para los casos de violación sexual la sanción es la misma, con una pena de entre 6 y 8 años de cárcel, más la posibilidad de aumento en caso existan agravantes. Sin embargo, para que se puedan aplicar estas sanciones es necesario que se haya producido la acción de la forma exacta en como lo señala la norma. Esto debido a que nuestro sistema penal se basa en el principio de legalidad, donde “nadie puede ser procesado ni condenado por un acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado por la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado por pena prevista en la ley” [2].

Por otro lado, también es posible ejecutar la sanción para los casos en los que el delito no se haya consumado, pero que sí se había decidido cometer, pues nuestro código también admite la sanción de las tentativas. Es posible que se constituyan tentativas sancionables de dos modos: el primero, cuando el delito que se pensaba cometer no se llega a ejecutar debido a que el medio para realizarlo no es idóneo para la consumación del delito (artículo 17 CP), es decir, que los métodos o herramientas utilizadas no pueden producir el daño que inicialmente se esperaba; el segundo modo, cuando el agente decide voluntariamente desistir de la comisión del delito o impide que se produzca el resultado, en cuyo caso será sólo sancionado por los actos realizados que estén tipificados como delitos (artículo 18 CP).

No obstante, el problema que conlleva a las cifras mencionadas al inicio de este artículo no está en la ausencia de normas sobre el tema, sino en la forma de aplicación de las mismas, así como en la manera en la que el proceso es manejado por parte de los jueces, fiscales y, en general, de los operadores de justicia. El problema es aún más grande si a esto se le suma la gran cantidad de casos que no llegan a ser denunciados.

La historia de Arlette es una de muchas historias que, lamentablemente, se repiten año tras año en nuestro país, no llegando a obtener un desenlace justo. El viernes pasado, Adriano Pozo fue liberado pues se consideró que no existían pruebas suficientes que constituyan la tentativa de feminicidio o de violación; sin embargo, debemos preguntarnos: ¿es que acaso es necesario que la víctima se encuentre agonizando para que el culpable reciba la sanción correspondiente? o ¿cuál es el límite que debe soportar la víctima para obtener justicia? El panorama se vuelve mucho más ensombrecedor si tenemos en cuenta que en este caso se tuvo la suerte de, si es que así se puede considerar, tener una prueba tangible de la agresión, y ni aun así se ha logrado sancionar adecuadamente a la persona que, claramente, es responsable.

Si bien se ha abierto un debate entre los que consideran que el video que mostraba la agresión era prueba suficiente, frente a los que consideran que no hubo una correcta acusación por parte de la fiscalía, una cosa sí es cierta: Arlette, así como todas las mujeres víctimas de violencia, merecen justicia. Es necesario que el Estado proteja a la persona que ha sufrido la agresión, si es que lo que se busca es evitar que este tipo de situaciones se sigan repitiendo. No se debe esperar a que el hecho sea irreversible para aplicar la sanción, es momento de aplicar las normas de manera que cumplan con las funciones para las cuales fueron creadas. El derecho penal no debe cumplir un mero rol sancionador, sino un rol de prevención. Es necesario empezar a cambiar el final de esas otras muchas historias que, ciertamente, aún están por suceder.

 


[1] https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=39

[2] Villavicencio, Felipe (2006). Derecho Penal Parte General p. 90

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