La semana estuvo marcada por el debate del proyecto de Ley Nº 1215, impulsado por la congresista fujimorista Rosa Bartra, que modifica la Ley de Modalidades Formativas Laborales. Dicho proyecto denominado por la opinión pública como la «Ley de la esclavitud juvenil» tiene como objetivo implantar la modalidad «Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo», en la que los estudiantes de Institutos de Educación Superior Tecnológicos podrán, voluntariamente, realizar experiencias formativas – o mejor dicho, trabajar -en una empresa o en los mismos institutos sin remuneración alguna.
La propuesta ha estado en el ojo de la tormenta por obvias razones. El estudiante no sólo «aprende» en estas experiencias formativas, sino que también realiza una prestación que genera beneficios a la empresa o instituto que los acoja. Esta prestación no sería remunerada, generando un perjuicio a los estudiantes que buscan conseguir experiencia en este tipo de actividades.
La congresista Bartra ha defendido su proyecto, anunciando que retira de forma momentánea la propuesta, no obstante, nunca pudo explicar el porqué se hace una diferenciación entre los estudiantes de institutos técnicos y los estudiantes universitarios, quienes sí reciben un pago por la labor que realizan en sus prácticas pre-profesionales. De esta forma se estaría generando un supuesto de discriminación.
Pero este editorial no se va a enfocar en analizar detalladamente el proyecto de la congresista Bartra, sino que busca hacer notar el proceso de mercantilización del que viene siendo parte la educación peruana. Son diversos los hechos que han venido ocurriendo las últimas semanas y que demuestran la priorización de intereses particulares lucrativos por encima del beneficio de los estudiantes peruanos.
Así, encontramos en primer lugar, la destitución de Lorena Masías como superintendenta de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Masías, quien se encontraba en el cargo desde el pasado 20 de enero del 2015, fue una flamante defensora de la ley de reforma universitaria y en su gestión se logró el licenciamiento de 30 universidades peruanas.
En su reemplazo fue designada Flor Victoria Mori, enfermera que ha sido Decana y Vicerrectora Administrativa en la Universidad Nacional de Trujillo. La nueva superintendenta tiene además un doctorado en enfermería por la Universidad Federal del Río de Janeiro y una segunda especialidad en Gestión de la Salud.
Lo que sorprende de la nueva superintendenta es su estrecha relación que con Orlando Velásquez Benites, ex presidente de la ANR y ex rector de la Universidad Nacional de Trujillo, en cuyo periodo fue elegida como vicerrectora administrativa de dicha casa de estudios, así como sus vínculos con la Asociación de Universidades del Perú, grupo opositor de Lorena Masías.
Recordemos también que el propio Ministro de Educación, encargado de designar a la Superintendenta de SUNEDU, se mostró en repetidas ocasiones en contra de esta institución y la Ley de Reforma Universitaria, señalando argumentos a favor de la ya extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR), organismo que fue uno de los principales impedimentos para una correcta fiscalización de los centros de educación superior.
Cada uno de estos sucesos representa una falta de cuidado al verdadero fin que tiene la educación tras de sí: cultivar y permitir el desarrollo de los estudiantes peruanos. Hoy en día la educación es vista por quienes la otorgan como un negocio que genera lucro más que un servicio brindado a la comunidad.
Ello se genera en tanto en el actual contexto de globalización el conocimiento es una herramienta que busca ser obtenida por casi la totalidad de la población mundial. Así, los grupos que ofrecen este servicio educativo buscan lucrar con este interés de los estudiantes por educarse brindando muchas veces un programa educativo deficiente que igual les permita la obtención de un título profesional.
Este fenómeno conocido como la mercantilización de la educación constituye un mal social que no solo ocurre en nuestro país. Según Luis Cerrón, la mercantilización es capaz de transformar cualquier elemento en algo que se puede comprar, vender o financiar. Afirma el especialista además que este fenómeno no sólo ha afectado a las materias primas, sino que también ha llegado al conocimiento, al desarrollo científico y a la educación .
La educación no puede ser vista únicamente desde una perspectiva empresarial. Al ser una rama de la que depende el futuro de nuestro país debe estar enmarcada de tal forma que se evite la consumación de intereses mercantilistas de parte de los dueños de universidades o institutos. El ánimo de lucro de estas personas no puede estar por encima del interés general de recibir una formación técnica con altos estándares de calidad de los estudiantes.
Proyectos de ley como el de Rosa Bartra y designaciones de autoridades con serios cuestionamientos y que además se muestran en contra de una reforma universitaria ya iniciada, no hacen más que poner en riesgo la educación de los estudiantes. No debemos permitir que proyectos como este contribuyan a mercantilizar el derecho de tantos jóvenes a una educación de calidad, ni mucho menos que pongan en riesgo o atenten contra los derechos de los jóvenes, tanto de institutos universitarios como de institutos técnicos.
