Las expectativas sobre la labor del Ministerio Público aumentan cada vez más, especialmente cuando declaraciones llegan de Brasil. El pasado lunes, los fiscales peruanos se reunieron con Jorge Barata para realizar el interrogatorio que revelaría aportes de Odebrecht a varias campañas presidenciales y que involucran a gran parte de la clase política del país. Es por ello que en el presente editorial nos proponemos a analizar, desde una perspectiva jurídica, el panorama político-jurídico actual, enfocándonos principalmente en tres ejes: la importancia de las pruebas sólidas por parte de la Fiscalía, la trascendencia del principio de la presunción de inocencia en la aplicación de medidas cautelares y  la relevancia de la regulación del delito de financiamiento ilícito.

Si bien las declaraciones de Barata representan un gran aporte a la investigaciones de la Fiscalía, según el Código Procesal Penal, estas deben ser consideradas como el inicio de una exhaustiva búsqueda por hallar los medios probatorios adecuados; es decir, que deban ser lo suficientemente concluyentes y convincentes para la presentación de una investigación preparatoria sólida ante el Poder Judicial y de esta forma asegurar que se haga justicia. La importancia de sustentar de manera sólida las declaraciones de Jorge Barata reside principalmente en la búsqueda de la verdad y mediante un proceso que establezca las garantías necesarias para el acceso a la justicia, que incluye la introducción de pruebas pertinentes y necesarias. En las declaraciones hechas por Jorge Barata, este indica que las diferentes entregas de efectivo de aporte a las campañas presidenciales no cuentan con un comprobante debido a que este no se registraba de manera contable y para evitar evidencia de la contribución; sin embargo, también indicó que sí existen pruebas materiales, como correos y seguimiento de efectivo, que pueden llevar a la Fiscalía a armar un caso sólido. Las declaraciones de Jorge Barata no son suficientes, es necesario sustentar todo lo dicho con medios probatorios que garanticen la búsqueda de la mayor veracidad de los hechos ocurridos.

Es cierto que las declaraciones de Jorge Barata representan un gran aporte a las investigaciones del Ministerio Público, pero estas, por sí solas, no demuestran la culpabilidad o inocencia de los mencionados por el ex gerente general de la constructora en el Perú. Barata mencionó aportes de efectivo a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori, Alan García, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski; sin embargo, sin un debido proceso previo, estas personas cuentan con una de las garantías que priman en el Derecho: la presunción de inocencia.

La presunción de inocencia, que se encuentra en el artículo 2° numeral 3 de la Constitución Política, no solo es un derecho, sino que también constituye un principio del Derecho Sancionador mediante el cual se evita que se castigue a alguien jurídicamente inocente. Es por ello que el Derecho Sancionador solo activa sus mecanismos punitivos cuando existe certeza de que una persona es culpable de aquello que se la acusa y por lo tanto se le debe aplicar la sanción que corresponde. Para lograr que este derecho no sea transgredido, se debe hacer uso de todos lo elementos que permitan demostrar al acusado su inocencia o a la culpabilidad de este. Es así que cobra importancia una debida investigación que contenga los medios probatorios necesarios por parte de la institución adecuada, con el objetivo de lograr preservar este principio propio de un Estado Constitucional. En conclusión, los implicados son considerados inocentes hasta que las investigaciones y el proceso penal concluyan lo contrario.

Otro de los puntos que se ha venido cuestionando a raíz de las declaraciones de Jorge Barata es el tema de la aplicación de la prisión preventiva a las sindicados como presuntos receptores de los aportes a las campañas presidenciales. Cabe destacar que la prisión preventiva es una medida cautelar que funciona como un mecanismo que permite garantizar el acceso a la justicia. Si bien es una medida que puede distorsionar el principio de presunción de inocencia y afectar gravemente la libertad de los individuos, su empleo razonable es una manera de procurar la presencia del imputado y que el proceso penal se lleve de la manera más efectiva posible.

El Nuevo Código procesal Penal regula en el artículo 268° la figura de la prisión preventiva cuando se constatan tres supuestos:

“a) Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; b) que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y c) que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).”

Además, en los artículos 269° y 270° del mismo libro se indican cuáles son los supuestos en los que existe peligro de fuga o de obstaculización del proceso. Finalmente, en la Casación N° 626-2013, Moquegua, se agregan dos elementos adicionales a los que establece el artículo 268°, dichos elementos son i) proporcionalidad de la medida y ii) justificación de la duración de la misma.

La prisión preventiva debería ser una medida excepcional cuando se vean amenazados los fines del proceso penal, más no la regla cuando exista presión social sobre el órgano judicial. Si bien es cuestionable la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia 1, los fiscales peruanos deben prestar constante atención a los otros implicados en las declaraciones de Jorge Barata con el objetivo de procurar que no se de cabida a la impunidad, pero haciendo uso razonable de esta figura penal. Así, la población peruana espera y exige a la justicia peruana que los responsables de los actos de corrupción relacionados con Odebrecht sean efectivamente sancionados y cumplan con la pena que se les imponga.

Por otro lado, surge nuevamente la discusión sobre qué delitos cabe imputar a los políticos implicados en este caso. Si bien es cierto que la Ley N° 28094, “Ley de Organizaciones Políticas”, y el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios regulan las fuentes de financiamiento de partidos políticos, y establecen sus prohibiciones y límites, el incumplimiento de tales disposiciones solo conduce a infracciones administrativas.

Por ello, la ausencia de un delito penal que tipifique la entrega y recepción de dinero para financiar campañas políticas con el objetivo de obtener beneficios particulares conlleva a que los ex presidentes y la candidata fujimorista involucrados en el caso Odebrecht estén o sean investigados por el delito de lavados de activos como una salida a la impunidad.

De ese modo, en conformidad con el Decreto Legislativo 1106 que regula el delito de lavado de activos, corresponde a la Fiscalía no solo demostrar que el dinero de Odebrecht tiene un origen ilícito, sino también que Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori conocían o podían presumir  la fuente ilícita del dinero recibido por parte de la constructora brasileña. Solo así podría configurarse el delito de lavado de activos y ser sancionados penalmente; caso contrario, no se podría invocar al Derecho Penal sino solo sanciones administrativas.

Casos como este evidencian la necesidad de tipificar el financiamiento ilegal de partidos políticos para así proteger la institucionalidad democrática que deben representar los partidos políticos en un verdadero Estado Constitucional, más aún cuando las siguientes elecciones presidenciales se encuentran próximas a realizarse.

Lamentablemente, el caso Odebrecht y las recientes declaraciones de Barata han reafirmado la desconfianza de la mayoría de los peruanos hacia los partidos políticos en el Perú. Esto representa un claro debilitamiento de nuestra democracia, ya que el rol de los partidos es fortalecerla tal como lo señala el artículo 35° de la Constitución Política. Los partidos políticos deben caracterizarse por hacer una política con ética y permitir que los ciudadanos participen activamente de esta, ya sea postulando a un cargo de representación popular o promoviendo la crítica y el debate. No obstante, los casos de corrupción en los que se han visto involucrados la clase política peruana solo genera que los ciudadanos prefieran candidatos ajenos a cualquier partido político o a uno cuya aparición es precisa solo para el inicio de las elecciones presidenciales.

Las declaraciones de Barata escriben un episodio más del caso Odebrecht, el cual ha generado una serie de interrogantes y cuestionamientos, y ha revelado muchas falencias en nuestro sistema penal y en nuestras instituciones. Es necesario que tanto las autoridades como los ciudadanos exijan justicia, pero siempre con respeto de los derechos fundamentales y los principios constitucionales de un Estado de Derecho.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here