Por Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos, gerente de Estudios Económicos y Consultoría Empresarial Sociedad de Comercio Exterior de Perú – ComexPerú

Recientemente, se ha presentado en el Congreso una iniciativa legislativa que plantea regular las tarifas por la prestación del servicio de estacionamiento vehicular.

En primer lugar, consideramos que el proyecto implicaría vulneraciones a la Constitución Política del Perú, por atentar contra los principios de iniciativa privada, libertad de empresa y economía social de mercado.

Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto adolece de una serie de deficiencias que no permiten identificar el problema que se pretendería solucionar, ni aporta el sustento necesario que justifique la necesidad de hacerlo.

Así, el sector de parqueo vehicular se encuentra en una situación deficitaria. Solo en 2016, el parque automotor ascendió a 2’600,000 vehículos (encontrándose el 57.7% en Lima) para una oferta de 45,000 estacionamientos. Ante esto, se puede notar que existiría un exceso de demanda y una escasez de oferta, razón por la cual los precios de los estacionamientos no son módicos, ya que lo que se quiere lograr es el equilibrio de este mercado.

La falta de disponibilidad de terrenos tanto para compra o alquiler, así como los largos plazos de recuperación de la inversión son los principales motivos por los cuales la oferta de parqueo vehicular es limitada. Sin embargo, el proyecto provocaría lo contrario, desincentivando la competencia en el sector de parqueo vehicular. La modificación o eliminación del sistema tarifario enviará una mala señal a los inversionistas, que preferirán disminuir sus inversiones, agudizando así el déficit del sector.

La aprobación del proyecto podría disminuir la cantidad de empresas formales que ofrecen este servicio, ya que no les sería rentable; es decir, les sería complicado costear los gastos mensuales en personal, mantenimiento del área de parqueo, además de que la recuperación de la inversión seria muy lenta. Análogamente, esto significaría que las compañías pasen a ofrecer una baja calidad de servicio en general.

Un punto a tener en cuenta es que no se determina los criterios que deberían tenerse en cuenta para calcular el monto de consumo mínimo para que el estacionamiento sea gratuito.

Adicionalmente a los puntos anteriores, el proyecto carece de un riguroso análisis de calidad regulatoria (RIA), en la medida que no se define clara y precisamente cuál es el problema que se busca resolver con el proyecto normativo, para después evaluar con precisión si realmente se necesita aprobar una norma para solucionarlo, sobre la base de criterios esenciales en la metodología del RIA, como los de necesidad, proporcionalidad y mínima intervención.

No se han evaluado todas las alternativas posibles que podrían implementarse para atender el problema identificado, a través de un riguroso análisis de costos, beneficios y efectos respecto de todos los grupos de interés que pudieran ser afectados.

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