Por: Milagros Mutsios, abogada asociada del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados y ex miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho.

Luego de celebrar el día del trabajo, conviene reflexionar sobre las industrias que podrían generar mayores ingresos y puestos de trabajo, directos e indirectos, en nuestro país, mejorando nuestra competitividad a nivel mundial.

Al respecto, una de las industrias que debería ser promovida es la forestal.

El 53% de nuestro territorio cuenta con cobertura boscosa.; y de este total, el 93% se ubica en la zona de selva. Estos porcentajes nos convierten en el noveno país del mundo con mayor superficie forestal, el cuarto país con bosques tropicales a nivel mundial y el segundo en Latinoamérica[1].

Frente a esta realidad, conviene notar la situación actual de la selva, una región con los mayores índices de pobreza[2], minería ilegal, narcotráfico y comercio clandestino, entre otras externalidades negativas; en nuestro país.

Preguntémonos entonces: ¿Por qué una región con tanto potencial para la ejecución de actividades forestales muestra un escenario negativo en términos de desarrollo y competitividad?

La respuesta se encuentra al identificar que los mayores problemas del mantenimiento de los bosques son justamente los factores que hemos señalado. Ello en contraste a la creencia errada de que la destrucción de los bosques viene de la mano con su explotación legal sostenible.

Estos problemas traen como principal consecuencia que en lugar de potenciar el aprovechamiento sostenible de los bosques, atendiendo a su naturaleza (e.g. industria maderera, reforestación, ecoturismo, conservación) se quemen los arboles con el objetivo de eliminar la cobertura boscosa y desarrollar actividades incompatibles con el tipo de suelo natural.

En este escenario, es importante tener presente que los bosques son un recurso renovable y por ende inagotable, siempre que la tierra sea la adecuada para su plantación y sostenimiento. Una vez que la cobertura boscosa se quema (de manera ilegal) para cambiar el uso del suelo a uno con características opuestas al forestal, será muy difícil (sino imposible) que los árboles vuelvan a crecer. A ello se le debe sumar el que, desafortunadamente, los propios titulares (o poseedores) de las tierras, preferirán utilizarla para los fines escogidos; en lugar de dar paso a la explotación sostenible de los bosques.

Así las cosas, una solución que debería traerse a la mesa es impulsar la industria forestal. Así, la inversión privada a través de empresas madereras, reforestadoras, de transformación secundaria de la madera, entre otras con giros similares, podrá permitir generar fuentes de ingreso para aquellas poblaciones que cuentan con un bosque para sí mismos pero ningún recurso para subsistir; y podrá limitar el avance de actividades ilegales, a través de la propia vigilancia del bosque protegido por privados.

Considerando lo anterior, el derecho no puede encontrarse alejado de la promoción de esta industria. Por el contrario, su intervención es necesaria con la finalidad de otorgar a los inversionistas, la predictibilidad y seguridad requerida a efectos de no hacer sentir que su inversión, así como la selva misma, muchas veces queda olvidada y desprotegida.

En esta línea, desde el 2014, se ha venido aprobado diversa regulación en materia forestal (y de fauna silvestre) tal como: (i) la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley No. 29763, (ii) el Reglamento para la Gestión Forestal, Decreto Supremo No. 018-2015-MINAGRI, (iii) el Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, Decreto Supremo No. 020-2015-MINAGRI; (iv) el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas, Decreto Supremo No. 021-2015; así como diversos lineamientos que permiten precisar el contenido de la regulación citada.

Las normas citadas regulan los títulos habilitantes que permiten el desarrollo de la industria forestal dependiendo del tipo de tierra en cuestión. Por ejemplo, en tierras de dominio público se requerirá contar con una concesión. Dependiendo del tipo de actividad que se quiera realizar, esta podrá ser (i) concesión forestal con fines maderables, (ii) concesiones para productos forestales diferentes a la madera, (iii) concesiones para ecoturismo; y (iv) concesiones para conservación.

No todos los títulos habilitantes permiten el aprovechamiento de los recursos naturales, entendido como su extracción. Así, las concesiones detalladas en los numerales (iii) y (iv) prohíben el aprovechamiento forestal. Por tanto, es posible concluir que la regulación plantea un equilibro que busca mantener la diversidad de la inversión en la industria forestal referida a tierras de dominio público.

Por otro lado, en el caso de los terrenos privados, la obtención de títulos habilitantes es más sencilla, pues lo que se busca, en nuestra opinión, es incentivar la instalación de plantaciones forestales (i.e. reforestación) recuperando así la cobertura boscosa natural perdida. En efecto, en un terreno privado o un terreno de comunidades campesinas, la instalación de plantaciones forestales no requiere una autorización forestal salvo el encontrarse inscrita en el Registro de Plantaciones, en la oportunidad debida (tres años desde su siembra)[3].

El marco normativo descrito no se encuentra exento de temas que deben mejorarse. Tales podrían orientarse a reconsiderarse el límite de extensión de las concesiones forestales atendiendo a las características técnicas de un proyecto, mayor predictibilidad al momento de verificar el origen legal de los productos, definir a mayor detalle las facultades que autoridades forestales y no forestales sobre su injerencia en el sector; entre otras medidas que tengan como finalidad promover la inversión forestal sostenible, creando puentes de desarrollo para una industria (y una región) con mucho potencial pero poca atención.

En todo caso, el escenario descrito nos permite tener presente la necesidad de otorgarle la importancia debida a un sector que tiene el potencial necesario para generar oportunidades de desarrollo a una región que lo requiere; así como para el país en su totalidad.

______________________________________________________________________

[1] SERFOR. Evaluación y Diagnóstico Empresarial del Sector Forestal y Potencial Forestal Maderable. Ucayali y Madre de Dios. Lima: Cámara Nacional Forestal. 2016, 21.

[2]  Léase, CASTRO, Sofía. Pobreza, minería y conflictos socioambientales en el Perú / Sofía Castro Salvador. –Lima : INTEPUCP,2013. 114 p. (Cuadernos de investigación Kawsaypacha, 1). Así como, la base de datos del Informe Técnico: Evaluación de la Pobreza Monetaria 2007-2017 Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

[3]    Precisamos que lo anterior, no significa que el titular de una plantación se encuentre exento de tramitar los permisos y/o autorizaciones necesarias ante otras autoridades y privados involucradas (e.g. derechos sobre el terreno, derechos de uso de agua, instrumentos ambientales, entre otros).

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here