Laura Zuñiga, asociada del área de regulación en servicios públicos del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados.

A la siguiente pregunta trillada: “¿cómo la minería formal beneficia al Perú?”, le sigue siempre una respuesta trillada como la siguiente: “activando la economía”.

El presente artículo intenta -reconociendo las limitaciones de espacio y la amplitud del tema- otorgar un contenido tangible a dicha respuesta, evidenciando el impacto de la actividad minera en el acceso a infraestructura de servicio público.

Hasta hace algunos años, Apurímac era la región más pobre del Perú. Sin embargo, a partir de la entrada en operación del proyecto Las Bambas (2016)[1], la región lideró el índice de crecimiento a nivel regional, con una tasa del 223%[2]. Esto ha hecho que Apurímac abandone aquel nefasto primer lugar y, a la fecha, pertenezca al segundo grupo de departamentos más pobres del Perú con un índice de pobreza de 33,3% a 36,8%[3]. No obstante, como es evidente, aun hay mucho por hacer.

Y es que en materia de brecha de infraestructura, Apurímac tiene un déficit del orden de S/. 4,688 millones en el sector educación[4], el 13.8% de su población padece de analfabetismo, más del 30% de la población no tiene cobertura de alcantarillado y más del 14% de la población padece de desnutrición crónica[5].

Debido a que esta brecha se encuentra en servicios asistenciales, es poco probable que el sector privado se encuentre interesado en ejecutar estas obras; por ello, le corresponde al Gobierno Regional hacerlo.

Cuando una entidad estatal realiza obras, se dice que se encuentra ejecutando inversión pública. Para tales efectos, dicha entidad necesitará gestionar fondos necesarios que le permitan asumir tales costos. En este punto, debe notarse que no existe tal cosa como “los recursos propios del Estado”, el Estado no tiene sus propios recursos. Los fondos que financian al Estado provienen de los impuestos recaudados de los empleos formales que son creados por la inversión privada.

En simple, la inversión pública se activa si existen fondos del Estado, y los fondos del Estado se incrementan cuando se incrementa la inversión privada formal y la recaudación es eficaz.

Durante los últimos 15 años, la inversión privada ha representado el 17.8% del PBI[6] nacional, lo cual supone que se ha podido reducir la brecha de infraestructura de nuestro país en un 30% en sectores importantes como transporte por ejemplo[7]. Pese al revés sufrido durante el año 2017 por la ocurrencia de fenómenos como el niño costero (la inversión privada solo representó el 0.3% del PBI[8]), en lo que va del 2018 la inversión privada representa el 4.5% del PBI, lo cual supone un crecimiento interesante de la inversión pública[9]. ¿A qué se debe esto último? La respuesta sencilla y breve es que, entre otros, se han activado proyectos mineros importantes como Michiquillay[10] y se planea entregar más proyectos en el futuro.

La reactivación de la minera y el renovado interés de los inversionistas han empezado a mover la economía e industrias como la energética son las primeras en sensibilizar el cambio. A manera de ejemplo, el precio spot de energía en lo que va del año 2018 muestra signos de recuperación[11]. Es así como la ejecución de proyectos mineros y su consiguiente demanda de energía han permitido crear no solo empleos directos, sino también un encadenamiento productivo con mayor empleo indirecto en sectores como transporte, almacenes, comunicaciones y servicios en general.

Como hemos señalado, si se incrementa el empleo formal, las posibilidades de recaudación de impuestos que las entidades estatales se incrementan; por ello, las entidades públicas podrán obtener más fondos para la implementación de, entre otros, colegios, hospitales o carreteras.

Es claro entonces que si queremos seguir acortando la brecha de infraestructura en departamentos como Apurímac debemos seguir apostando a la inversión privada en minería formal y así también lo entiende el sector público.

Recientemente, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – ProInversión ha señalado que en el 2018 iniciará el proceso de venta de activos para los proyectos Jalaoca y Colca cuyo orden de inversión será similar al de Michiquillay. La explotación de estos recursos generará fondos para el Gobierno de Apurímac que podrían ser destinados a seguir reduciendo las brechas anteriormente mencionadas. Dicho esto no queda más que esperar que los respectivos concursos sean convocados a la brevedad posible y que, dentro del marco competitivo correspondiente, se seleccione al inversionista mejor calificado. Si esto sucede, es probable que en poco tiempo podamos señalar que la pobreza en Apurímac se ha reducido a márgenes menores al 20%. De darse estos resultados, el ejemplo de Apurímac debiera ser replicable a otros departamentos con potencial minero como Cajamarca por mencionar solo uno.


[1]           El IPE estima además que solo la producción de Las Bambas añadiría S/4.160 millones a la economía apurimeña, cifra que representa 1,75 veces el PBI que alcanzó la región durante el 2015 (S/2.600 millones)

[2]           https://gestion.pe/economia/apurimac-cajamarca-dos-caras-impacto-inversion-minera-peru-126168.

[3]           Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2017. INEI. Pagina. 48.

[4]           http://www.pronied.gob.pe/wp-content/uploads/PRESENTACION-DIRECTOR-PRONIED-EN-CONGRESO-DICIEMBRE-2017.pdf

[5]           Fuente: Instituto Peruano de Economía. Incore 2017. http://www.ipe.org.pe/portal/indice-de-competitividad-regional-incore-2017-excel/.

[6]              Exposición de motivos del Proyecto de Ley 2791/2017.PE mediante el cual el Poder ejecutivo solicita facultades legislativas en diversas materias de fecha 2 de mayo de 2018. Pág.6

[7]           https://semanariocomexperu.wordpress.com/infraestructura-en-america-latina-y-el-peru/.

[8]              Exposición de motivos del Proyecto de Ley 2791/2017.PE mediante el cual el Poder ejecutivo solicita facultades legislativas en diversas materias de fecha 2 de mayo de 2018. Pág.6

[9]              Exposición de motivos del Proyecto de Ley 2791/2017.PE mediante el cual el Poder ejecutivo solicita facultades legislativas en diversas materias de fecha 2 de mayo de 2018. Pág.6

[10]             El proyecto Michiquillay supone una inversión de USD2,500 millones aproximadamente. https://gestion.pe/economia/empresas/southern-recibira-dos-semanas-proyecto-michiquillay-empezar-comunidades-229607.

[11]             http://www.coes.org.pe/Portal/MercadoMayorista/CostosMarginales/Index

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