1. MEF sube a 25% tasa del ISC para bebidas con alto contenido de azúcar

El 10 de mayo de 2018, El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó un decreto supremo que aprueba la modificación de ciertas tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Esta medida se dio como reacción del Estado a la falta de recursos disponibles para atender a enfermedades generadas por el consumo de productos como bebidas alcohólicas y azucaradas, los cuales han sido objeto de la modificatoria.

Asimismo, cabe recordar que el ISC es un impuesto indirecto que solo grava determinados bienes. Entre sus finalidades está el desincentivo en el consumo de productos que generan externalidades negativas en el orden individual, social y medioambiental. Pues, según lo que manifiesta el MEF, este cambio legislativo ha ocurrido en un contexto en el que el costo social en Perú por enfermedades no transmisibles – asociadas al consumo de alcohol, cigarrillo, el combustible, entre otros – es en promedio S$24 mil millones anuales de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Harvard, lo que es equivalente a cerca del 11% del PBI anual.

Sin embargo, las críticas a esta medida no han tardado en aparecer en los diferentes medios. Mediante un comunicado, la Cervecería Backus y Johnston, consideró que la nueva normativa alentará el consumo ilegal, que actualmente ya representa cerca de un 30% del mercado. En esta misma línea, Javier de la Viuda, presidente del Gremio de Importadores y Comerciantes de Vino, Licores y Otras Bebidas de la Cámara de Comercio de Lima, manifestó que este aumento tendrá consecuencias negativas no solo para los empresarios del rubro, sino también para la economía del país. Pues la subida va a producir un efecto contrario al deseado. Habrá una menor recaudación fiscal y se generará una migración del consumo de bebidas al mercado formal e informal.

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2. El juez Richard Concepción Carhuancho ordena la incautación de la casa de los Humala

Este martes por la madrugada, el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, se retiraron de su vivienda ubicada en el distrito de Surco, la cual fue incautada por la Fiscalía como parte de la investigación en su contra por presuntos aportes de Odebrecht a la campaña del Partido Nacionalista en el 2011. El expresidente y sus abogados han manifestado este acto como un abuso y una venganza del Poder Judicial luego de que el Tribunal Constitucional ordenó su liberación.

La incautación es una de las limitaciones al derecho de propiedad, que está regulada entre los artículos 218 y 223 del Código Procesal Penal. Así también, ha sido materia de desarrollo en el Acuerdo Plenario N° 5-2010/CJ- 116, en el cual se ha precisado sus alcances, características y objetivos. Entonces, la incautación es una medida cautelar de carácter real, por lo que recae en el patrimonio del imputado o en todo caso sobre bienes jurídicos patrimoniales, a fin de impedir que, durante el proceso, determinadas actuaciones dañosas por parte del imputado, afecten la efectividad de las sentencias con relación a las consecuencias jurídicas de carácter económico del delito o en cuanto a la propia eficacia del proceso.

Por su parte, Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, criticó los últimos pronunciamientos del juez Richard Concepción, los cuales llamó como “ idas y vueltas”. Esto se originó cuando, al parecer, Richard Concepción había tenido posiciones contrarias sobre la incautación de la casa de los Humala. Todo ello incentivó a que Rodríguez manifieste su preocupación, ya que la actitud de Concepción podría generar una imagen negativa para los jueces peruanos por su falta de convicción.

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3. El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba el Reglamento a la Ley Nº 30737 que sustituye al Decreto de Urgencia 003

Esta semana , el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el reglamento de la Ley  Nº 30737, norma que sustituye el Decreto de Urgencia 003, y crea los lineamientos legales para las empresas relacionadas a las investigaciones por corrupción en el sector.

La necesidad de este reglamento radica en que a pesar de que ya existía la Ley Nº 30737, ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, no se contaba con detalles operativos que son de suma importancia para las empresas constructoras y del sector financiero; siendo necesario conocer la viabilidad de las empresas y sus proyectos antes de extender cartas fianzas o préstamos. Asimismo, y como lo han afirmado diferentes políticos, este reglamento, al parecer, mantiene la predictibilidad del sistema que toda ley debe fomentar; de igual forma, se disponen procedimientos para que las empresas transfieran activos a un fideicomiso que sería usado “ para ayudar el pago de la reparación civil desde el primer día”.

Cabe resaltar que el Estado peruano ha comenzado a poner en prácticas los diferentes compromisos en la lucha contra la corrupción que se producieron a propósito del Caso Odebrecht. Sin embargo, el erradicar esta problemática social es un tema bastante complejo desde una perspectiva legal y económica, pues no es suficiente la dación de normas sino que se deben, primero, detectar todos los obstáculos referidos a la implementación, pues sino todos los esfuerzos anteriores serían inútiles, expresó el MEF.

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