1. Implicados en audios que revelan negociaciones ilícitas renuncian a sus cargos

La difusión de diversos audios publicados por IDL-reporteros, en los que se desbarata un arraigado mecanismo de corrupción, ha generado renuncias de altas autoridades e incluso capturas. En dichos audios se revelaban negociaciones ilícitas que sin duda atentan contra el normal cumplimiento de deberes que los funcionarios están obligados a respetar.

Es así que luego de dicha difusión, han renunciado a sus cargos: el Ministro de Justicia, Salvador Heresi; el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila; y el presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos. Cabe señalar que a este último se le ha capturado el día de ayer en horas de la mañana en su domicilio, y se ha dispuesto el allanamiento e incautación de los bienes de su propiedad que puedan ser prueba u objeto del delito. Por su parte, César Hinostroza, Juez Supremo implicado directamente en los audios revelados, señaló que evaluará su renuncia al Poder Judicial. Ello luego de que la Corte Suprema de Justicia, vía resolución administrativa, le exija la presentación de su renuncia.

El delito que se habría cometido en estos negociados es el de tráfico de influencias. Dicho delito está regulado en el artículo 400 del Código Penal, y se configura con el mero ofrecimiento de una influencia -real o ficticia -para interceder ante un funcionario que conozca un caso judicial o administrativo. Cabe resaltar además que, como señaló la abogada Romy Chang en entrevista para Juicio Justo, la corrupción no sólo se da con el pago a un funcionario para que realice un acto distinto o contrario al de sus funciones, sino también con el pago para el cumplimiento normal de sus funciones.

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  1. Medidas contra los grupos que revelaron audios no tuvieron éxito

Luego de la publicación de audios que involucran a altas autoridades del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público realizó una diligencia de “exhibición de documentos” en las oficinas de IDL-Reporteros, grupo periodístico que reveló dichas conversaciones. La diligencia en cuestión no pudo culminar dado que no se presentó un documento que sustente dicho actuar de la Fiscalía. En esa línea, Gustavo Gorriti, director periodístico de IDL-Reporteros, calificó de informal dicha diligencia y declaró que existe un interés para que la investigación no siga adelante.

Cabe resaltar que el Ministerio Público emitió un comunicado en el que señaló que dicha diligencia fue conforme a ley, específicamente conforme al artículo 218 del Código Penal. No obstante, dicho dispositivo señala que sólo procede la exhibición e incautación de bienes sin previa autorización judicial cuando existe peligro por la demora.

Por otro lado, la Fiscalía Suprema de Control Interno dejó sin efecto los oficios mediante los cuales se les exigía a IDL-Reporteros y a Panorama -programa de Panamericana Televisión -, la remisión de los audios que comprometen a las altas autoridades cuestionadas.

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  1. Conforman equipos de trabajo como respuesta a escándalo por audios

Luego del escándalo desatado, el Ejecutivo, mediante Resolución Suprema, dispuso la creación de una comisión que tendrá como objetivo crear un proyecto de reforma del sistema de justicia.

Dicha comisión denominada “la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia” estará conformada por Allan Wagner (Presidente), Hugo Sivina, Delia Revoredo, Walter Albán, Samuel Abad, Eduardo Vega y Ana Revilla. Todos ellos poseen una reconocida trayectoria y deberán entregar en el plazo de 12 días posteriores a la instalación de la comisión un primer informe, en el que se planteen medidas urgentes y concretas a aplicar.

Por otro lado, el Ministerio Público ha designado un equipo de fiscales que puedan colaborar con las investigaciones hacia los implicados en dichas grabaciones. Frank Almanza, fiscal superior de Lima; Fany Quispe, fiscal provincial penal; y Rocío Sánchez, fiscal provincial transitoria, conforman el equipo.

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