Joel Campos, abogado y profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la PUCP. Magister en Ciencias Políticas de la PUCP, y LLM en Global Rule of Law and Constitutional Democracy por la Universidad de Génova (Italia).

  1. El Tribunal ha señalado que la prohibición de conformar nuevos grupos parlamentarios o adherirse a uno ya existente no comprende a los supuestos donde un parlamentario se haya apartado de la agrupación política en el ejercicio de la libertad de conciencia, ¿qué problemas podrían surgir en la práctica respecto a la falta de delimitación para fijar cuándo estamos ante el ejercicio justificado de la libertad de conciencia y cuándo no?

La sentencia declara infundada la demanda interpuesta por un grupo de congresistas contra una modificación del reglamento del Congreso, pero recoge, efectivamente, el criterio que señalas: que si bien dicha modificación es válida debe ser interpretada en el sentido de que un congresista sí puede renunciar a su grupo parlamentario de origen por razones de conciencia.

El problema con este criterio es que el Tribunal Constitucional no establece cuando se configura una renuncia por razones de conciencia. En su sentencia anterior (la 0006-2017-PI/TC), el Tribunal Constitucional esbozó, aunque muy tímidamente, algunos criterios que podrían ayudarnos a delimitar esta figura jurídica, pero sin agotarla del todo. A partir de ello, entonces, surgen dos opciones:

  1. que se establezcan los alcances de dicha figura a partir de la línea jurisprudencial avanzada por el TC relativa al derecho a la libertad de conciencia, o
  2. que el propio Congreso a través de una nueva modificación a su reglamento lo haga, con el riesgo de que muchos supuestos, legítimos, de renuncia por razones de conciencia no sean tomados en cuenta.

Al margen de ello, debe quedar claro que quien alega que renunció por razones de conciencia debe probarlo y el pedido de conformar nuevas bancadas o adherirse a otras ya existentes debe ser, previamente, autorizado por los órganos directivos del Congreso.

  1. En el presente caso, ¿estamos ante una sentencia interpretativa o ante una modificación de la norma?

Considero que estamos ante una sentencia interpretativa, pues el Tribunal Constitucional no declara infundada la norma objeto de la demanda de inconstitucionalidad, sino que le atribuye un sentido interpretativo que la hace compatible con los principios y derechos que rigen la función parlamentaria.

Además el propio reglamento normativo del TC autoriza a una mayoría de 4 magistrados a emitir sentencias interpretativas como ha ocurrido en este caso.

Ahora bien, entiendo que este tipo de decisiones generen polémica, pero no debemos olvidar dos cosas: primero, que la doctrina de las sentencias interpretativas no es nueva entre nosotros. Se utiliza en nuestra jurisprudencia constitucional desde hace al menos 16 años, y luego, que las propias normas que rigen el funcionamiento del TC autorizaban a sus integrantes a hacer uso de aquella.

En lo que sí podemos discrepar, en todo caso, es en si su uso fue adecuado o no, y en este punto creo que  el TC actuó correctamente, pues ya en su sentencia previa había advertido que el derecho a la libertad de conciencia era inherente a la función parlamentaria y que el mismo no podía ser proscrito con base en la pertenencia de un congresista a un grupo político o bancada.

  1. Si precisamente se llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República para archivar la acusación constitucional contra cuatro miembros del colegiado, ¿por qué ahora dejar amplio margen de actuación al Congreso respecto a la aplicación del modificado artículo 37, en vez de exhortar a que se agreguen expresamente las aclaraciones realizadas en la sentencia?

Porque el TC no tiene competencia para obligar al Congreso a legislar en un sentido u otro. El TC puede exhortar al Congreso a que apruebe leyes que, a su modo de ver, podrían resolver problemas jurídicos u optimizar la protección de derechos, pero dichas exhortaciones no son vinculantes. El Congreso las puede evaluar, pero con base en su propio criterio y libertad de acción decidir otra cosa.

Aquí es importante tener en cuenta que al TC se le pidió que se pronunciará sobre la validez de una norma, no sobre cómo debía legislar el Congreso. Y lo que el TC decidió fue que dicha norma era válida siempre que se la interpretara en un sentido conforme a la Constitución.

No debemos perder de vista que el TC no es un actor político, es un órgano que resuelve conflictos constitucionales y que sus sentencias tienen por objeto garantizar que las medidas políticas no atenten contra los derechos fundamentales de las personas y que se adopten en un clima de libertad y pluralidad democráticas.

Finalmente, creo que la sentencia emitida por el TC es valiosa porque permite ahondar en la comprensión de la dinámica parlamentaria, pero sobre todo, porque ir delineando los alcances (y limitaciones) de nuestra Constitución orgánica. Necesitamos más sentencias de ese tipo, pues como señalan diversos autores, le hemos prestado demasiado atención a la denominada Constitución de los derechos y hemos perdido de vista la Constitución del poder, esto es, la parte de la Constitución relativa a cómo se ejerce y distribuye el poder en un Estado Constitucional de Derecho.

Fuente de la imagen: Perú 21

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