Los audios expuestos por IDL-Reporteros evidencian la red de corrupción en la que se encuentra el sistema judicial peruano, especialmente el Consejo Nacional de la Magistratura. Debido a que las conversaciones involucran a los mismos consejeros del CNM, el Presidente Vizcarra solicitó esta semana una sesión extraordinaria al pleno del Congreso de la República para que este pudiera remover a todos los miembros que comprenden la institución en uso de las facultades conferidas por el artículo 157° de la Constitución Política.

Luego de ello, se presentó la iniciativa legislativa N°3216/2017-CR mediante la cual se propone la declaración de emergencia del CNM por nueve meses; esta debe considerar una reestructuración del funcionamiento integral del la institución. Otra de las propuestas es que, por el tiempo que dure este proceso, se suspendería la vigencia de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.

Se ha entendido que esta reestructuración debe ser una oportunidad para fortalecer el CNM, lo que debe reflejar sus implicancias también en una mejora de la Ley y así reforzar, desde el eje legislativo, las condiciones de nuestro sistema de justicia. Debido a la importancia del órgano constitucional, en el presente editorial se propondrán algunas modificaciones para mejorar su funcionamiento.

Debemos empezar reconociendo la relevancia del CNM, sobre todo en un país como el nuestro. Esta es una institución creada con el fin de evitar que solo el poder político designe a los jueces y fiscales, sino que más bien, mediante la participación de los diferentes grupos civiles, se conforme un Consejo plural y capacitado de dar potestad a los jueces y fiscales de impartir justicia. Así, teniendo en cuenta el artículo 138° de la Constitución en el que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura cumple con la función de ser un órgano constitucionalmente autónomo de democracia representativa que se encarga de la designación, remoción y establecer la continuidad de los administradores de justicia.

Ahora que se ha determinado la relevancia del CNM en nuestro sistema de justicia, es importante también observar cómo es que el deficiente funcionamiento de este vulnera los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Los casos de corrupción dentro del órgano constitucional repercuten directamente en todos quienes nos regimos bajo este sistema. Esto debido a que el nombramiento de jueces y fiscales por cuestiones apartadas de criterios objetivos en las diferentes pruebas para poder asumir al cargo de juez o fiscal, deviene en una grave afectación en la imparcialidad de las autoridades, y por ende, no garantiza los derechos procesales de los administrados. Esto último deviene en la vulneración de los derechos que componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

Centrándonos en lo que debe ser la modificación de la Ley N° 26397, Ley Orgánica del CNM, esta exige presentar un claro y objetivo proceso de elección de magistrados, todo ello, a fin de evitar otra crisis judicial como la que viene sufriendo nuestro sistema estatal. Esta modificación debe reforzar, inmediatamente, los siguientes puntos.

Actualmente, el artículo 28° de la antes mencionada ley señala que “Los consejeros deben guardar reserva respecto a las informaciones y deliberaciones que reciben y realicen con motivo de la evaluación de los candidatos”; sin embargo, esto ocasiona secretismo y arbitrariedad al momento de tomar decisiones en el órgano. Es por ello que, como primera modificación, la designación de los jueces y fiscales requiere culminar con una resolución debidamente motivada en la cual se expresen las causas por las cuales se pretende elegir a tal personal para el puesto correspondiente -juez o fiscal-. Este punto es relevante para que dichas designaciones sean transparentes, involucren al sistema entero, y puedan garantizar un correcto proceso. Asimismo, de esta manera se evitarán subjetividades como elegir jueces o fiscales por fines personales.

Segundo, el artículo 17º de la misma Ley nos habla sobre la composición del CNM, el cual en sus numerales 5 y 6 indica que dos consejeros deben ser elegidos por los Rectores de las universidades, particulares y estatales respectivamente. Sin embargo, este punto podría resultar poco beneficioso a la hora de designar magistrados, ya que no podrían ser competentes ni con los conocimientos adecuados para elegirlos. En ese sentido, para una mayor efectividad, estos dos consejeros deben ser elegidos solo por aquellos representantes de las universidades que se encuentren acreditadas por la SUNEDU, lo cual les otorgará legitimidad a la hora de realizar sus funciones; asimismo, deben de participar solo universidades que tengan una Facultad de Derecho, ya que al final esta es una competencia jurídica, la cual recae sobre este mismo sistema.

Las competencias principales del CNM consisten en designar, ratificar y revocar. Entonces, finalmente, se debe reforzar el mismo proceso de elección y evaluación de los jueces y fiscales. Este debe ser un proceso de evaluación de calidad a diferencia de lo que se viene realizando actualmente. Se requiere un proceso de evaluación cuyas preguntas están orientadas a evaluar la capacidad no solo académica de los postulantes, sino también éticas de aquellos que se encargaran de elegir a los que administran justicia, en lugar de interrogantes que encubren el machismo y la incapacidad persistente en nuestra sistema.

En síntesis, frente a todo lo expuesto, al reconocer la relevancia del órgano constitucional en el sistema judicial peruano, es importante realizar una modificación y reestructuración del CNM y su Ley Orgánica, todo ello a fin de establecer consejeros competentes para la correcta designación y evaluación de los jueces y fiscales, quienes cumplan adecuadamente sus funciones y se garantice la efectiva administración de justicia. En medio de la crisis actual del sistema judicial, es importante reconocer que nuestros órganos de justicia deben ser protagonistas de un cambio estructural para así poder percibir un cambio real en nuestras instituciones.

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