Oscar Súmar, Director de Regulación Racional y Doctor en Derecho por UC Berkeley

Hace pocos días escribí sobre como OSIPTEL fue creado originalmente para responder a una demanda por regulación (al ser un sector que pasaba del monopolio estatal al monopolio legal y luego al oligopolio). Sin embargo, con el paso de los años la competencia en dicho sector ha ido creciendo, haciendo cada vez menos necesaria la presencia de un regulador específico en dicho sector.

A pesar de lo anterior –y contracorriente- el apetito regulatorio de OSIPTEL se ha incrementado. Cada vez regula más y cada vez pone más multas a los actores en dicho mercado. Como solo hay un número x de regulaciones –teóricamente- razonables en una industria, hace tiempo que OSIPTEL está inventando normas sin sentido económico alguno. Su última propuesta normativa implica prohibir a las operadoras vender planes similares a otros ya existentes en el mercado, a mayor precio, lo cual implica –en el fondo- una regulación de precios que obligará a las operadoras a adecuar sus planes tarifarios.

Nos explicamos: la regulación, como cualquier otro bien, tiene un rendimiento decreciente. Si tenemos sed, la primera Coca-Cola nos sabe a dicha, pero la segunda un poco menos, la tercera nos empalaga y la número 20 nos hace vomitar. Algo parecido nos pasa con la regulación: un mercado sin normas es impensable, necesitamos al menos reglas básicas sobre propiedad, contratos y responsabilidad civil. Las siguientes normas como protección al consumidor o libre competencia son útiles, pero su impacto es más ambiguo. Un tercer grupo de normas, como protección de datos personales o neutralidad de la red, son harto discutibles, pero defendibles en base a argumentos que puedan sonar razonables. Todo lo que venga después es intentar descubrir la pólvora y está -casi de inicio- condenado al fracaso: en ese grupo se inscribe un proyecto de norma que prohíbe planes similares pero más caros.

Cuadro: límite de la razonabilidad

Supongamos que la empresa C ofrece un plan de X datos y Z llamadas a 100 soles. Luego, la empresa M ofrece ese mismo plan pero a 120. ¿Es discriminación injustificada? (tal como lo llama OSIPTEL). Por su puesto que no, y decirlo desconoce principios económicos y legales básicos. A saber:

  • El valor es subjetivo: que ambas empresas ofrezcan planes con los mismos datos y llamadas, no hace que las dos ofertas sean iguales. Mi valoración de la oferta depende de mil factores, la mayoría de los cuales no son medibles fácilmente. Por ejemplo, de la reputación de la marca.
  • La discriminación de precios cumple una importante función en el mercado, ayudando a la sociedad a llegar al óptimo. La idea detrás de la discriminación de precios es casi exactamente la misma que de la eficiencia: asignar los bienes a sus usos más valiosos. Si una persona valora el plan como 100 y otra como 120, lo eficiente es que uno pague 100 y el otro 120. De lo contrario, habrá una pérdida social de eficiencia. Además, La discriminación de precios no requiere justificación alguna. La única discriminación que está prohibida (y requiere justificarse en un buen motivo) es la que está constitucionalmente prohibida. Si yo le vendo más caro a las personas que –creo- valoran más mi producto o le vendo más barato a los que tienen más información sobre precios, ¿qué motivo prohibido existe? Evidentemente, ninguno, por lo tanto no requiero justificar mi actuación.
  • En el fondo, entraña una regulación de precios encubierta, lo cual está expresamente prohibido en Perú (artículo 4 del DL 757) y es –a todas luces- una política económica equivocada cuyos efectos conocemos de sobra, lamentablemente.

Todo esto, cabe anotar, a pesar de que OSIPTEL supuestamente sigue los principios de calidad regulatoria. Esto demuestra, una vez más, que dichos principios poco o nada pueden hacer en contra de regulaciones sin sentido, sino que se necesita un cambio más profundo que pasa por una demanda de regulación de calidad por parte de la sociedad.

En definitiva, este tipo de propuesta normativa solo demuestra que OSIPTEL ha pasado ya los tres estadíos de la regulación que podrían justificarse como razonables y cualquier regulación posterior tendrá siempre un manto de duda sobre ella. Ni siquiera el uso de estándares sobre calidad regulatoria puede evitar esto. En el caso particular de esta propuesta normativa, ésta pierde de vista principios económicos y legal básicos.

Fuente de la imagen: Perú21

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