Por: Carlos Valverde, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro de GEOSE

 

Carlos Valverde: Los audios que han sido emitidos por IDL-Reporteros, ¿contra qué nos confronta? 

Javier Neves: Confirman la existencia de una red de corrupción que atraviesa el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público, donde los nombramientos, ascensos y procesos se negocian.

CV: ¿Qué impacto generan?

JV: La ciudadanía que se ve obligada a ir al Poder Judicial le muestra cómo se manejan las causas, y lo distante que estamos de una solución equitativa y principista de los procesos. Gana el que tiene los mejores contactos, el que tiene más dinero, pero no el que tiene la razón.

CV: ¿Es una crisis de personas o una crisis de sistema?

JN:Ambas. Creo que el sistema está descompuesto gravemente, y las personas que están él contribuyen a su descomposición.

Particularmente, un audio mostró al ahora ex presidente de la Corte Superior del Callao colocando un juez “pro empresa” en beneficio de un empresario que era, en ese momento, demandado en un proceso laboral.

CV: ¿Qué impresión le suscitó?

JN: La corrupción abarca todas las áreas, no hay ninguna exenta de problemas. Lo que me preocupa de este audio es que el presidente de la Corte busca favorecer a una de las partes quizás motivado por intereses económicos. Designa a un juez que va a fallar a favor de un empresario, con lo cual la designación y la solución quedan en entredicho.

CV: Y de esta forma distorsionan los fines del proceso…

JN: El proceso laboral debería igualar la desigualdad con la que de inicio parten los sujetos litigantes, y por eso la ley ya tiene una serie de favorecimientos al trabajador. Fuera de ello, el juez tiene que ser simplemente imparcial. No debería haber un juez que resuelva ciegamente a favor de cualquiera de las partes, sino que le otorgue la razón a quien la tiene.

CV: En el ejercicio del Derecho del Trabajo, hay posiciones que son “pro trabajador” y “pro empleador”. Sobre estas, ¿qué aspectos no son negociables?

La ética. Creo que el abogado defiende al trabajador o al empleador cuando cree que tiene la razón, y lo hace, además, por medios correctos. Entonces, si se actúa así está dentro de los principios y valores de la profesión.

CV: En esa línea, ¿Por qué – casi – siempre hay un abogado detrás de un acto corrupto?

Porque normalmente los actos corruptos se formalizan en contratos o licitaciones y los abogados se encargan de prepararlos. Un cliente corrupto puede recibir una asesoría decente si se limita a señalar lo que es correcto y lo que no; el problema está cuando el cliente corrupto le pide al abogado incurrir en un acto corrupto y el abogado accede a él. Ahí, el honorario termina prevaleciendo sobre los principios.

Hay clientes que dicen qué es lo que quieren y si este calza dentro del esquema legal, entonces el abogado le informa si es viable o no. Pero también hay clientes y abogados que proceden de otro modo: el cliente le dice “yo quiero esto, y de este modo, sea lícito o ilícito”, y el abogado se presta, a sabiendas de su ilicitud, a hacerlo. Eso es profundamente incorrecto.

CV: Y se mina la confianza en el Derecho…

JN: Sí, porque los abogados trabajamos con una materia muy sensible: la justicia. La gente espera que cuando tiene un problema, considerando que la razón está de su lado, se haga justicia. Pero, a veces, los abogados somos un obstáculo para la realización de la ella; contradicen la esencia de la profesión.

CV: ¿La conducta impropia, que lleva a cometer un acto de corrupción, es anterior al aprendizaje del Derecho?

JN:El Derecho nos brinda una serie de herramientas; cómo las use cada uno, como problema ético, depende mucho de la formación familiar, escolar, universitaria. Uno puede ser un abogado que utilice el derecho conforme a valores y principios o puede ser un abogado que lo utilice torciéndolos por intereses económicos. Esa decisión viene influida significativamente por la familia, la escuela, pero no son determinantes, el elemento personal tiene la última palabra.

CV: ¿Qué rol juegan las facultades de Derecho?

JN: La reforma del sistema de justicia no pasa solamente por leyes, sino por comportamientos. Las facultades están obligadas a mostrar conductas correctas y distinguir las incorrectas.

CV: ¿Eso asegura que no haya más abogados corruptos?

JN: No. Solo puede asegurar que hizo todos los esfuerzos posibles para brindarle la mejor formación académica y ética para que luego cada quien actúe conforme a su conciencia. No puede dar un sello de garantía de profesional incorruptible.

CV: Pasando a otros temas, ¿qué se encuentra pendiente, de cara al bicentenario, en materia laboral?

Hay una serie de decisiones en materia laboral que han quedado paralizadas. Los trabajadores reclaman una Ley General del Trabajo, que les restituya algunos derechos perdidos. Los empresarios quieren, más bien, una generalización de la contratación temporal y la sustitución de la reposición por una indemnización. Ese juego de fuerzas está en una situación de empate, y me da la impresión de que va variar en alguna dirección. Aunque podría haber sorpresas.
Un escenario importante va a ser la sustitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque, si bien el legislativo no podría emitir nuevas normas sobre la materia, el Tribunal podría ratificar o rectificar sus pronunciamientos en favor de la protección del despido.

CV: ¿Está de acuerdo con la prórroga de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360)? ¿Por qué?

JN: No. Porque beneficia a unas pocas empresas y se asienta en un contexto diferente al que tuvo inicialmente. Creo que los regímenes especiales deberían ser temporales por definición, porque son regímenes que estimulan a las empresas que se encuentran en una situación compleja, por el sector en el que se ubican; pero si esa situación se ha alterado significativamente, es conceder un beneficio injustificado, excesivo. Por ejemplo, el aporte de 4% a ESSALUD, allí donde regularmente es 9%. Estás empresas pueden pagar tranquilamente el 9%. Este 4% significa un forado importante para ESSALUD que al fin de cuentas atiende a aproximadamente 2 millones de trabajadores. Por eso hay que ser muy cuidadosos.
La propuesta del ministerio parece ser que los regímenes especiales sean permanentes, pero la adscripción de las empresas a ella sea temporal. Es una fórmula más o menos conciliadora de los intereses en juego.
Por otro lado, lo que me parece que no se justifica en ningún caso es extender el régimen especial agrario al sector forestal y acuícola, o peor, como algunos quieren, al sector textil y confecciones. Con ello llegaría el momento en que el régimen especial cubra todos los sectores económicos.

CV: ¿La ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico traería dificultades de implementación?

JN: Es un avance importante. Pero mis preocupaciones van por 1) la revisión de la legislación para adecuarla al convenio y 2) su posterior garantía. El convenio es lo suficientemente ambiguo como para cobijar un rango muy amplio de trabajadoras del hogar. Quizá la propia legislación vigente sea compatible con el Convenio. Hay un segundo problema que es el cumplimiento efectivo de esa legislación. La pobreza en recursos materiales y de inspectores en SUNAFIL no alcanzaría para fiscalizar al sector domiciliario, casa por casa. Creo que habrían muchas dificultades.

 

Fuente de la imagen: Youtube

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