Venezuela atraviesa una de sus etapas más difíciles en medio de una crisis que ha hecho insostenible la vida en el país y ha obligado a migrar a miles de ciudadanos. Estos se han establecido en diferentes países de Latinoamérica en búsqueda de  vivienda y trabajo, de los que se ven privados en su país debido a la inestabilidad política, social y económica generada por la dictadura.

El número de ciudadanos venezolanos que cruzan la frontera con Ecuador incrementa constantemente al ser esta una de las vías más accesibles para llegar a los demás países de la región; es así que esta semana el país del norte ha decidido limitar el pase a quienes cuenten con pasaporte válido y vigente y dejar fuera a quienes solo se presenten con la cédula de identificación. Esta medida, según el gobierno ecuatoriano, está dirigida a evitar la trata de personas, la seguridad ciudadana y a tener un mayor control fronterizo.

Perú ha replicado esta medida, por lo que la entrada al país, desde el 25 de agosto, podrá ser solo para quienes cuenten con pasaporte. La razón que han dado las autoridades peruanas es similar a la de Ecuador: con esto se busca un mayor control de la frontera para así mantener la seguridad del país. Sin embargo, es necesario preguntarnos cuál es el verdadero trasfondo de esta medida y si es la más idónea para los fines que buscan las autoridades de ambos países.

Debemos considerar que esta medida se fundamenta en la soberanía del Estado, el cual se encuentra facultado para determinar si permite o no el ingreso de los ciudadanos extranjeros o nacionales al país. Si bien existe un derecho al libre tránsito involucrado en este escenario de migración, tal derecho no comprende en su contenido el derecho de ingresar a un país, sino más bien a no ser privado de su entrada de manera arbitraria. Esto quiere decir que, si bien el Estado puede restringir el ingreso de ciudadanos venezolanos al Perú por motivos de seguridad, este debería considerar motivos razonables para hacerlo y el contexto de crisis actual en el país del norte.

Aunque el pasaporte es un medio de identificación más certero que la cédula migratoria, se debe considerar lo inaccesible que este es para miles de ciudadanos venezolanos. Para tramitar el documento de identificación, se debe contar con un monto de 1200 a 5000 dólares americanos y un año de trámites para finalmente obtenerlo; esto es imposible debido a la situación de precariedad en la que se encuentra Venezuela y hace altamente improbable su obtención.  Considerando la dificultad para contar con un pasaporte y que este finalmente no garantiza la identificación del ciudadano, las autoridades deberían centrarse en medidas que refuercen la veracidad de los documentos presentados y con ello tener un mayor control de los registros y antecedentes de quienes migran.

Por otro lado, con la exigencia del pasaporte no se logra el fin que dicen buscar las autoridades -la seguridad del país y de quienes migran- ya que sin un mayor control de la autenticidad de los documentos no se logrará obtener la información real de las personas y se recaerá en lo que precisamente buscan evitar: reducir el número de ciudadanos con registros penales, en búsqueda por las autoridades, etc. Esta medida más bien puede derivar en la formación de un contexto donde se torne usual la práctica de actos  ilegales en las fronteras en las que se monten vías alternas para el ingreso a los países, se falsifique documentación, aumente la trata de personas y otras actividades ilícitas.

Es por ello, que es necesario que los países se enfoquen en medios más efectivos y menos restrictivos para la identificación de los migrantes venezolanos. Para ello, consideramos que se debe dejar de lado medidas populistas que responden a los reclamos ciudadanos, los cuales recaen en conductas discriminatorias.

En conclusión, si bien no se niega la soberanía de cada país al limitar el derecho al libre tránsito frente a consideraciones como las de seguridad nacional, las medidas deben ser analizadas tomando en cuenta, por un lado, la particular situación humanitaria de los migrantes venezolanos;  y, por otro lado, la efectividad de la medida y sus consecuencias. Como se ha expuesto, la exigencia del pasaporte a los venezolanos generaría mayor índice de prácticas ilícitas para lograr el ingreso a nuestro país, el cual no ayudaría consecuentemente a mantener el orden del territorio nacional, es por ello que la medida optada por nuestras autoridades resulta ineficaz y contraproducente.


Fuente de la imagen: DCN Digital

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