Mariano Peró, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Columbia y asociado de Miranda & Amado.

El 6 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo Nº 1332, que facilita la constitución de empresas a través de los Centros de Desarrollo Empresarial – CDE (el “Decreto Legislativo”)[1], el cual modificó diversos artículos de la Ley General de Sociedades (la “LGS”) en materia de denominación o razón social, objeto social, y poderes y atribuciones del gerente general. Según ha sido materia de otros comentarios[2], a través del Decreto Legislativo se modificaron, entre otros, el artículo 14 de la LGS, ampliando las facultades del gerente general o de los administradores de las sociedades.

En virtud de la norma modificada estos representantes gozan, por su solo nombramiento y salvo estipulación contraria en el estatuto o régimen de poderes de la sociedad, de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil y de las facultades de representación previstas en la Ley General de Arbitraje, de las facultades de representación para el inicio y realización de todo procedimiento, gestión y trámite a que se refiere la Ley del Procedimiento Administrativo General, de las facultades de disposición y gravamen respecto de los bienes y derechos de la sociedad, pudiendo celebrar todo tipo de contratos, firmar y realizar todo tipo de operaciones sobre títulos valores sin reserva ni limitación alguna, y en general realizar y suscribir todos los documentos públicos y privados requeridos para el cumplimiento del objeto de la sociedad.

Este cambio tuvo como finalidad facilitar la marcha de los negocios al evitar la incertidumbre de los terceros contratantes y los costos asociados a la inclusión de una larga lista de facultades de representación. Sin embargo, una importante duda que surgió con la promulgación del Decreto Legislativo fue si esta regla aplicaba solo a los gerentes y administradores designados a partir de la entrada en vigencia del mismo o si era extensiva a todos los regímenes de poderes y representantes –incluso aquellos que hubiesen sido nombrados con anterioridad; lo cual implicaba que en la práctica se estaría ampliando los poderes que les habían sido concedidos expresamente bajo otro marco legal.

Es por ello que el 19 de abril de 2017, al publicarse el Decreto Supremo Nº 006-2017-PRODUCE que aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo (el “Decreto Supremo”)[3], se precisó en su disposición complementaria transitoria única que “[l]as disposiciones previstas en el quinto y sexto párrafo del artículo 14 de la Ley Nº 26887, sobre nombramiento y facultades del gerente general o los administradores de la sociedad, se aplican a las modificaciones de estatuto o constituciones de empresa, adoptadas u otorgadas e inscritas durante la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1332.” (Énfasis añadido.) Ello, de acuerdo a su Exposición de Motivos, con el fin de “evitar interpretaciones retroactivas de la norma que afecten regímenes de poderes ya establecidos.”

De esta manera, los gerentes generales o administradores de las sociedades gozarán por su solo nombramiento, y salvo estipulación contraria, de las facultades “ampliadas” previstas en el artículo 14 modificado de la LGS, siempre y cuando hayan sido nombrados o sus poderes hayan sido otorgados o modificados con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Supremo, el 20 de abril de 2017. Los terceros que contraten con la sociedad tendrán que revisar cuándo fueron otorgados los poderes o nombrados los representantes a fin de corroborar que cuenten con las mismas.

Cabe preguntarse, sin embargo, qué sucederá de tratarse de una modificación de poderes parcial, o de un nombramiento de un nuevo representante, pero otorgándole facultades de un régimen de poderes más antiguo. ¿Debiera entenderse que la modificación normativa se encuentra “integrada” en el sentido de la modificación o del nombramiento? Creemos que ante la duda debiera analizarse el caso particular y favorecerse la voluntad expresa de la sociedad, manifestada a través de su régimen de poderes vigente. Sin perjuicio de ello, y dado que la solución no es perfecta, reiteramos que valdría la pena que las sociedades revisen sus regímenes de poderes o hagan mención expresa a la aplicación del artículo 14 de la LGS en sus nombramientos de representantes a fin de evitar posibles controversias.


[1] El cual puede encontrarse en http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-facilita-la-constitucion-de-empresas-decreto-legislativo-n-1332-1471011-4/

[2] Ver PERÓ MAYANDÍA, Mariano. “Modificaciones a la Ley General de Sociedades en materia de denominación social, objeto social, y atribuciones del gerente general mediante el Decreto Legislativo Nº 1332”. En: LibrEmpresa, blog de Enfoque Derecho. 4 de julio de 2017. http://www.enfoquederecho.com/2017/07/04/modificaciones-a-la-ley-general-de-sociedades-en-materia-de-denominacion-social-objeto-social-y-atribuciones-del-gerente-general-mediante-el-decreto-legislativo-n-1332/

[3] El cual puede encontrarse en https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-decreto-legisl-decreto-supremo-n-006-2017-produce-1510285-3/

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