Por: Cristina Gonzáles, miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho

“Power tends to corrupt and absolutely power tends to corrupt absolutely”. Ya a mediados del siglo XIX el historiador y político inglés, Lord Acton, convertía en famosa una frase que sin haber dejado de tener fuerza hoy y que, por el contrario, resulta verificable sin mayor diligencia, genera la necesidad, una vez más, de una mirada crítica al poder.

El ordenamiento jurídico ha sido cuestionado a lo largo de los años, uno de los momentos cruciales que condujo al cambio de paradigma fue los crímenes realizados durante la Segunda Guerra Mundial. La defensa de funcionarios públicos y detentadores de poder señalando el cumplimiento de la ley y el alcance que dicho cumplimiento devino en detrimento de la persona humana produjo un giro revolucionario. Es así, que en 1948, no solo se dio la Declaración Universal de Derechos Humanos sino que también se consagró a la Constitución como norma normarum y lex legis.

Se dio paso a una nueva era en donde el constitucionalismo era el gran protagonista. La consolidación del respeto y la promoción de los Derechos Humanos conjuntamente con la eficacia horizontal y vertical de la Constitución se afirmaban como la creación más acertada, humana y democrática posible. Ahora, el poder recaía en la creación del constituyente: la Constitución. Aparentemente, ello trajo consigo el rechazo de la tesis positivista en donde el juez no podía dejar de aplicar la ley. Se instauró un paradigma donde tanto el legislador negativo como positivo se encuentran subordinados al contenido constitucional: normas y principios. De modo tal que, con la consagración de la Constitución en la cúspide del sistema escalonado de validez y producción normativa, se le reconoce facultades y obligaciones a los 3 poderes (jurisdiccional, ejecutivo y legislativo) que conforman el Estado Constitucional de Derecho.

No obstante, pese al cambio de paradigma y a las grandes obras que se han dado en pro del perfeccionamiento del sistema, la crítica con respecto a la eficacia de facto del mismo ha sido negativa. La continuidad, en la praxis, del desconocimiento de derechos fundamentales, deberes constitucionales y principios democráticos, parece emitir señales que buscan que quitemos la lupa del sistema y su funcionamiento abstracto, y la acerquemos a las personas que hacen posible el funcionamiento en concreto.

Resulta acertado el análisis  del dicho popular que versa así, “más vale un centímetro de buen juez que un kilómetro de buenas leyes”. Considero que es en esta frase donde se pueden fusionar dos desarrollos constitucionales que harían de cualquier ordenamiento jurídico el más eficaz. No solo son necesarias buenas leyes que respeten y obedezcan a la Constitución sino también, jueces probos que no solo se limiten, únicamente, a aplicarlas. Pero, ¿qué sucede cuando legisladores que, por intereses particulares o por desconocimiento del texto constitucional, no producen buenas leyes o cuando jueces y funcionarios públicos son meros bocas de la ley, como señalaría Montesquieu?

Por un lado, es necesario resaltar que la labor legislativa no implica solo que las leyes se condigan con el principio de validez del sistema reconociendo a la Constitución como lex legis y norma normarun sino que se promuevan y se de la emisión de leyes que busque garantizar todas las libertades y derechos reconocidos por la Constitución. Evidentemente, esta promoción implica reconocer el alcance del poder que tiene el Parlamento y, en casos de delegación de facultades, el Ejecutivo. Entonces, el poder que ejerce el parlamento no solo es de naturaleza política sino también jurídica y las decisiones que se tomen tras el debate y resolución en el Congreso van a ser determinante para el reconocimiento, promoción y respeto en la praxis de derechos y principios constitucionales.

Al respecto, por ejemplo, en el caso de los derechos sexuales y de igualdad a la comunidad LGTBI, estos ya se encuentran identificados en la Constitución en el artículo 2 inciso 1 y 2 y en artículo 3 (numerus clausus) que permiten incorporar nuevos derechos que, precisamente, se fundan en la dignidad del hombre. Entonces, la decisión del reconocimiento legal al cambio de nombre, unión civil, entre otros, parece ser más una decisión política que una decisión jurídica. Decisión política que precisamente, supone un proceso de debate en el pleno, donde poco más de un centenar de congresistas, tienen la posibilidad de expresar sus posiciones con respecto a la decisión en concreto. No obstante, como se adelantó al inicio, se han dado supuestos en donde las decisiones optadas no van acorde a Derecho, no va acorde a los establecido por el Constituyente y terminan bien por no promover leyes que fomenten la igualdad y el respeto de derecho o por aprobar leyes como la referida a la restricción de publicidad del estado en medios privados (ley N° 2133).

Por otro lado, no solo se trata de leyes sino también de diversas facultades otorgadas al Parlamento como centro de representación de la soberanía nacional. Al respecto, el pasado 28 de setiembre la Comisión del Congreso decidió sobre la acusación constitucional al exmagistrado César Hinostroza al encontrarse vinculado en los CNMAudios.  El voto por la no acusación al mencionado por el delito de crimen organizado reconocido en el artículo 317 del Código Pena impide la investigación a fondo de uno de los casos de corrupción más endémicos de los últimos años en el Perú.

Con todo ello, una vez más, parece que el Congreso y en específico, el parlamentario, no ha logrado asimilar el poder que detentar ese cargo público significa. Evidentemente, no tiene un poder absoluto pero muchas veces, las situaciones fácticas llegan a generar gran concentración de poder que ya el desarrollo del sistema en el que se desenvuelve tiene las manos cruzadas ante el funcionario que se sirve del poder que detenta en perjuicio del propio sistema y de la sociedad. Aquí, lo elemental no es tener solo buenas leyes, como podría considerarse los elementos básicos de nuestra Constitución, sino que se dé énfasis en el enfoque en el factor humano. Es éste el que al final del día terminará por utilizar de manera adecuada o no las herramientas que el ordenamiento en tanto sistema le pueda proveer, incluyendo los poderes, facultades y discrecionalidades. Será este el que terminará por ejercer dicha labor en función de intereses sociales y generales o en función de los propios, en función de un poder que termina por corromperse.

 

Fuente de la imagen: EL HERALDO

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