El pasado jueves 11 de octubre, el Congreso de la República aprobó la “Ley Fujimori”, ley que permitiría la ejecución humanitaria de la pena para adultos mayores de 65 años de edad que hayan cumplido un tercio de su sentencia. El Pleno aprobó el proyecto presentado por la congresista Yeni Vilcatoma con 55 votos a favor, 30 votos en contra y dos abstenciones. La iniciativa fue aprobada con los votos de Fuerza Popular y de algunos congresistas no agrupados.

Esta legislación express solo pasó a ser debatida en el pleno y su debate en Comisión fue exonerado; dicho procedimiento fue cuestionado por algunos congresistas y pidieron que el Presidente de la República la observe por haber sido aprobada en un proceso cuestionable.

Debemos ahora preguntarnos si esta ley ha sido aprobada de manera correcta. Si bien algunas leyes sí pueden exonerarse de ser debatidas en comisión y llevarse a cabo en el pleno para su mayor celeridad, esta exoneración se da con la decisión conjunta de los portavoces de cada bancada y se aplica, necesariamente, para cuestiones de suma urgencia en el país. Esta es la razón por la cual la aprobación de esta norma por parte del Congreso, sin previo debate, es controvertida, principalmente por la cuestionable votación de los portavoces y al hecho de que el vocero titular del partido Alianza para el Progreso no haya emitido su voto, y se haya considerado la firma del suplente no estando presente y en presencia del titular en el Congreso.

Es conocido también que, en mayo del 2017, la comisión de Justicia archivó un proyecto del legislador no agrupado Roberto Vieira, que planteaba prisión domiciliaria para reos mayores de 75 años. Esta negación del proyecto de ley fue respaldada por la bancada de Fuerza Popular, cuyos miembros sostenían que no se podía aprobar leyes con nombre propio, e incluso reafirmaron el compromiso en las campañas del 2016 de su lideresa, Keiko Fujimori, para no permitir que se aprueben leyes que beneficien directamente a su padre.

Este último dato sumado a la discusión poco razonable y justa de la Ley recientemente aprobada reafirman que este Congreso no busca legislar para el pueblo peruano, sino para beneficios de algunos. Una discusión previa es fundamental para la aprobación de leyes y normas, ya que mediante esta se busca la universalidad y efectividad de las leyes que se expidan.

Otra parte muy cuestionada es el contenido de la norma, el cual no refleja una ley que permita el arresto domiciliario -para adultos mayores de 65 en mujeres y 75 en varones- sino una que pretende ser más una ley de amnistía. Con esta norma, el sentenciado no estará confinado en su domicilio cumpliendo el resto de su condena con la finalidad de cuidar y conservar su salud, sino que permite que este use un grillete electrónico vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE). Es decir, el reo puede circular libremente como cualquier otro ciudadano, incluso puede realizar viajes más lejanos con solo informar 48 horas antes al INPE. Entonces, cabe preguntarse si este es el modo correcto de cumplir un arresto domiciliario como comúnmente lo conocemos y si realmente se cumple con los fines constitucionales de la pena.

Finalmente, se cuestionan los delitos considerados como excepciones para recibir este beneficio; crímenes por traición a la patria, terrorismo, violación a menores de edad y entre otros. Al respecto, a lo largo del Hemiciclo muchos objetaban por qué no figuraban delitos como el asesinato, secuestro, crimen organizado, hurto y cohecho (algunos de estos delitos por los que curiosamente se ha sentenciado a Alberto Fujimori). Es evidente que no se ha establecido un criterio claro para discriminar los diferentes supuestos típicos. Esto nos lleva también a dudar de las técnicas legislativas usadas por quienes propusieron esa norma.

La aprobación de una ley, especialmente las que regulan la libertad individual, debe ser hecha bajo estrictos parámetros técnicos que contemplen las diferentes disciplinas que competen a la norma. Esto exige que se requieran estudios, rigurosas investigaciones y opiniones para así concluir con una ley realmente efectiva y que no vulnere derechos fundamentales ni bienes jurídicos. En el presente caso, no sólo no se ha seguido el proceso adecuado de deliberación, sino que se ha aprobado sin considerar observaciones de las diferentes instituciones competentes.

Ahora bien, existe una última observación a dicha ley: Fuerza Popular agregó una disposición complementaria que prácticamente exonera del control de convencionalidad a la sentencia de Alberto Fujimori por el caso Barrios Altos. Este agregado prohíbe indultos y amnistías, razón por la cual la Corte Interamericana se opondría a esta amnistía encubierta. Con esta disposición, este partido también planteó que si el sujeto es condenado por un hecho pasado antes de la vigencia de la ley, esta ley también le es aplicable y que puede salir en libertad mediante este “arresto domiciliario”. Esto último puede ser utilizado para volver inaplicable una posible condena contra Alberto Fujimori por el caso Pativilca.

Por todo ello, la reciente ley aprobada por el congreso contraviene todo proceso coherente y razonable de control. Sus diversas aristas apuntan a que es una ley con nombre, la cual beneficia directamente a Alberto Fujimori, y con la que también podrían salir libres personajes como Vladimiro Montesinos y los integrantes del grupo Colina. Es casi predecible que la Corte Interamericana se pronunciará inmediatamente; sin embargo, es necesario que el Presidente observe la ley cuanto antes e interponga una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Fuente de la imagen: Perú 21

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