Pese a tener impedimento de salida desde el 13 de julio de este año, César Hinostroza Pariachi salió del Perú por Ecuador y luego rumbo a Europa, en donde actualmente se encuentra detenido de manera preventiva. Mientras el ex juez supremo de la Corte del Callao es detenido, en el país, Legislativo y Ejecutivo se atribuyen entre ellos el entorpecimiento de sus actuaciones que llevaron a la fuga de Hinostroza.

Desde que se supo sobre su estancia en España, se han expuesto diferentes hipótesis de cuáles fueron los errores clave para que el ex magistrado huyera del país y con ello encontrar  quiénes fueron los responsables de que esto suceda.

Por un lado, ¿cómo logra Hinostroza salir del país por la frontera de Ecuador?. La Superintendencia Nacional de Migraciones, Organismo Técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior,  fue notificada por el Poder Judicial sobre el impedimento de salida del país sobre César Hinostroza. Por tanto, en razón a sus funciones, tal como lo contempla el artículo 6° inciso f del Decreto Legislativo N° 1130, este organismo debía impedir el ingreso o la salida a nacionales y extranjeros que no cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Uno de los esos requisitos que se debían de cumplir está contemplado en el artículo 49° de la Ley de Migraciones que indica explícitamente que Los nacionales y extranjeros pueden ser impedidos de salir del territorio nacional por las siguientes razones: 2) Pos registrar impedimento de salida u orden de captura dispuesta por autoridad judicial competente. Es por esto que no se explica cómo es que Hinostroza pasa la seguridad de la frontera y por lo que debe de responder el Ejecutivo en competencia de sus funciones.

Por otro lado, se puede comprobar que existe responsabilidad por parte del Congreso de la República en la remisión a tiempo de la resolución de acusación constitucional contra Hinostroza a la Fiscalía. Al respecto, acorde al artículo 89° literal j del Reglamento del Congreso, una vez aprobada la acusación constitucional por el Pleno del Congreso, la resolución debe remitirse al Fiscal de la Nación para que proceda a actuar conforme a sus atribuciones respecto del acusado. No bastaba con que este sea de conocimiento público mediante circulación en diarios locales. En el caso de resolución acusatoria de contenido penal, señala el artículo 100° de la Constitución, el Fiscal de la Nación consta de 5 días plazo para formular la demanda ante la Corte Suprema. No obstante, el expediente no fue enviado hasta después del conocimiento nacional de la fuga de Hinostroza.

De haberse enviado a la Fiscalía la acusación de manera oportuna, se hubiera capturado a Hinostroza Pariachi para su detención preliminar. Así, como se establece en el artículo 268° del Código Procesal Penal , la prisión preventiva es una medida excepcional que puede ser dictada por un juez, a solicitud del Ministerio Público, para que la persona, aunque no haya sido condenada por un delito, ingrese a un centro penitenciario y permanezca recluida allí el tiempo de duración del proceso. La importancia de la prisión preventiva radica en que es una garantía del proceso efectivo, ya que ante circunstancias específicas, se optará por ella para ampliar el tiempo de investigación y asegurar el resultado final.

En consecuencia, muchas han sido las reacciones respecto a la responsabilidad de dicha demora, desde la Presidencia del Congreso, Salaverry ha señalado la destitución del cargo de José Antonio Abanto, oficial mayor; Patricia Robinson, jefa de gabinete de asesores; y César Delgado, director general parlamentario. Asimismo, la explicación que han señalado los miembros del Congreso encargados de la remisión se enfoca en la sobrecarga laboral con la que el Congreso contaba por esos días: cuestión de confianza, evaluación de reformas constitucionales, etc. Sin embargo, siendo este un caso crítico y de esencial importancia para el país, el Congreso debió tomar las medidas adecuadas y necesarias para un adecuado manejo, no solo de la remisión sino de todo el proceso que se desarrolló en el Congreso.

De modo que, debieron cumplirse, adecuadamente, funciones, plazos y atribuciones tanto desde el Ejecutivo por parte del Ministerio del Interior y, su organismo especializado, la Superintendencia Nacional de Migraciones con respecto a la restricción de salida del país de Hinostroza desde el 13 de julio como también, por parte del Congreso de la República en cuanto a la remisión de la resolución acusatoria. En ese sentido, puede evidenciarse una responsabilidad mutua por parte de estos poderes que debieron prever las consecuencias de una inadecuada diligencia en el cumplimiento y ejercicio de su labor pública

 

Fuente imagen: Perú21

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