Francisco Tong, socio del área de Recursos Naturales y Medio Ambiente del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados.

 

Ya sea en la calle, en los medios de comunicación, en las redes sociales o incluso de algunos políticos o autoridades locales, escuchamos frecuentemente el reclamo según el cual los extranjeros se “llevan” nuestros recursos minerales, “sin dejar nada a cambio”.

Como veremos a continuación, eso no es cierto. Al menos, no para la minería formal. Por lo tanto, resulta fundamental hacer el deslinde respectivo.

Como se sabe, la actividad minera es una actividad de alto riesgo, no solo porque requiere conocimientos y capacidades técnicas especializadas para no causar daño, incluso a los propios mineros; sino también porque nada garantiza, ni aun las investigaciones científicas más avanzadas, que lo que el empresario minero y sus geólogos determinaron que podría existir en el subsuelo inicialmente, realmente se encuentre ahí en las proporciones, cantidades y calidades esperadas.

Así pues, es muy frecuente que prospectos o incluso yacimientos muy prometedores finalmente resultan siendo descartados pues no permiten una explotación razonablemente rentable. En esa medida, millones de dólares invertidos en exploración minera terminan sirviendo para nada. En consecuencia, invertir en minería no es cosa de juego y hay que estar preparado para perder la inversión realizada.

Para nuestro país y, en general, para cualquier país con potencial minero, es fundamental alentar la inversión en exploración minera pues mientras más proyectos existan mayor será la probabilidad de que alguno de ellos se convierta en una mina. Consecuentemente, la sola presencia de inversionistas mineros, nacionales o extranjeros que exploren nuestro país, ya representa un beneficio pues incrementa la posibilidad de una nueva mina.

No tiene sentido que sea el Estado el que invierta y arriesgue grandes cantidades de dinero en exploración minera sabiendo el alto riesgo de perder esa inversión y pudiendo destinar esos recursos a inversiones más urgentes y/o que representen un mejor y más seguro retorno.

En línea con lo anterior y como veremos a continuación, no es cierto que los inversionistas mineros, al menos los formales, se “lleven” nuestros recursos mineros sin dejar nada a cambio pues, además del evidente beneficio para el país que cada vez más inversionistas inviertan en exploración minera, estos inversionistas deben asumir altos costos para mantener vigentes sus concesiones además de otras obligaciones que resultarían aplicables de iniciarse una eventual etapa de producción minera.

En primer lugar y entre otras obligaciones, para mantener vigente una concesión minera se exige el pago de un derecho de vigencia de US$ 3.00 por hectárea cada año. Teniendo en cuenta que los pequeños mineros no pueden poseer más de 2,000 hectáreas, podremos hacernos una idea del número de hectáreas que podría requerir un proyecto minero mediano o grande y del pago por derecho de vigencia que su titular deberá realizar.

En adición a lo anterior, las normas mineras históricamente han exigido alcanzar, dentro de un plazo razonable, una determinada producción minera mínima, que evidentemente pagará los impuestos que correspondan.

Así pues, se ha establecido claramente que de no alcanzarse la producción mínima en 10 años de otorgado el título de concesión o por lo menos haber realizado inversiones significativas para alcanzar dicha producción, a partir del próximo año (2019) se empezará a pagar una penalidad muy superior a la que se venía pagando hasta este año.

En resumen, la nueva penalidad iniciará en un monto aproximado de US$ 25.00 dólares por hectárea (2% de la UIT) y se irá incrementando a US$ 63.00 dólares por hectárea (5% de la UIT) y finalmente a US$ 126.00 dólares por hectárea (10% de la UIT) con el paso del tiempo. A modo de ejemplo, un proyecto minero realizado en 3,000 hectáreas podría llegar a pagar anualmente, en el último tramo de 10% de la UIT por hectárea, una penalidad anual máxima de US$ 378,000 solo para mantener vigentes sus concesiones. Además, en caso dicha producción mínima no se lograra en 30 años de otorgado el título de concesión, ésta caducaría indefectiblemente.

Así pues, es muy importante tomar en cuenta que estos pagos, derecho de vigencia y penalidad, se deben pagar simplemente para mantener vigente una concesión minera que podría no haber empezado a producir aún.

Asimismo, en caso se logre contar con los recursos económicos y geológicos para iniciar un proyecto de explotación, los inversionistas mineros deben pagar al Estado la regalía minera que es calculada sobre la utilidad operativa trimestral de la empresa y que, en pocas palabras, podría representar entre el 1% y hasta el 12% de dicha utilidad y sin que el monto respectivo pueda ser menor al 1% de los ingresos generados por las ventas de la empresa en el trimestre.

Como se puede apreciar, anualmente los inversionistas mineros pagan grandes cantidades de dinero para mantener vigentes sus concesiones. Luego, además, deben asumir una serie de obligaciones por la producción que obtienen, incluida la regalía minera. Por lo tanto, nada más falso que los mineros formales se llevan los recursos minerales sin dejar nada a cambio.

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Fuente de la imagen: Ojo Público

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