Por Enfoque Derecho

Recientemente, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó un dictamen que propone incorporar al Código Penal el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas. Esta propuesta tuvo su origen en dos proyectos que fueron presentados por dos grupos parlamentarios, Peruanos por el Kambio y Alianza para el Progreso. El dictamen fue exonerado de la iniciativa de debate en la Comisión de Constitución. Ello se logró por medio de la decisión de la Junta de Portavoces del Congreso que, el miércoles pasado, decidió ampliar la agenda del pleno para incluir este dictamen.

Sobre la exoneración de debate en la Comisión de Constitución, existen dos posiciones. Por un un lado, si debe pasar por debate en la comisión respectiva y por el otro, que si al haber sido aprobada por unanimidad ya puede pasar directamente al pleno sin modificaciones. Ahora, considerando el contenido de lo que se discute en el dictamen, ¿cuál debería ser el procedimiento para su aprobación?

Primero, una de las principales falencias en el debate de este dictamen es que no se ha tenido en cuenta la opinión de los organismos competentes en el tema. En la presentación de este se señaló que la ONPE emitió “opinión favorable” mediante un oficio enviado en mayo de 2018; sin embargo, la Oficina dijo que no fue consultada sobre disposiciones que le conciernen del dictamen. También se indicó que la Asociación Civil Transparencia emitió una “opinión favorable” mediante la carta 032-2018/SG del 15 de mayo del 2018. Sin embargo, Gerardo Távara, secretario general de la entidad, manifestó que Transparencia envió una opinión técnica con algunos alcances y observaciones, mas no señalando la posición favorable.

Luego, la tipificación de este nuevo delito generaría conflictos concursales entre el delito de financiamiento de organizaciones políticas y el de lavado de activos. El artículo que el dictamen plantea incorporar al Código Penal para regular el financiamiento ilícito de organizaciones políticas; es decir, el 359-A, propone una pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor a 7 años, en casos agravados la pena fluctúa entre los 6 y 13 años. El problema se generaría en relación a estos casos agravados. Esto porque algunos de estos incluyen supuestos que actualmente están cubiertos por el delito de lavado de activos, como por ejemplo el inciso c que contempla como agravante que se cometa el delito con la finalidad de llevar a cabo actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia y otra forma de ingresar al sistema económico bienes cuya procedencia ilícita conozca o debía conocer. Es así que, como consecuencia de esta nueva regulación, se estarían reduciendo las penas en tanto el delito de lavado de activos contempla una pena máxima de hasta 20 años y, con la nueva tipificación, la máxima agravante otorga 20 años.

Finalmente, la propuesta genera un conflicto de competencias entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Ministerio Público. La primera disposición complementaria final del dictamen incorpora el artículo 31-A a la Ley de Organizaciones Políticas señala que “los informes de investigación de financiamiento prohibido, realizado a las organizaciones políticas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tienen carácter de elemento sustentatorio preliminar para el inicio de las investigaciones a cargo del Ministerio Público, el cual constituye requisito de procedibilidad en la investigación fiscal del proceso penal”. El Ministerio Público es el titular de la acción penal en el país y, con esta regulación, se estaría condicionando su labor a un pronunciamiento previo de un organismo, que si bien es constitucionalmente autónomo, no tiene entre sus funciones ser un primer filtro en relación a la manera en la que se llevará a cabo un proceso penal. Es así que la ONPE ya se ha pronunciado al respecto, indicando solo que se le estarían adjudicando competencias que no le pertenecen, sino que, además, como ya se mencionó no se habrían consultado las disposiciones complementarias del referido proyecto.

En conclusión, debido a la importancia de incorporar un delito como el financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código Penal; y debido a que se estaría condicionando la acción penal del Ministerio Público, consideramos que el dictamen debería volver a ser revisado y debatido.

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