Alberto Cruces, abogado por la PUCP y asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional

Raúl Feijóo, bachiller en Derecho por la PUCP y asistente jurisdiccional del Tribunal Constitucional

Como una suerte de reflejo de lo que se vivió en el país en el 2018, las vicisitudes de la política también se trasladaron al Tribunal Constitucional y lo obligaron a tomar un rol más activo y pronunciarse sobre varios temas de alto impacto político y social. La concentración de los casos en la segunda mitad del año y el alto número de procesos de inconstitucionalidad de alto perfil son muestra de una tendencia que ha marcado este 2018.

Se trata de un año en el que también se han dado algunos cambios que responden a un modelo distinto de Tribunal, cambios que van desde la nueva práctica de anunciar los fallos antes de la publicación de las sentencias o la puesta en operación de la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias del TC.

Al igual que en el 2017[1], esta es una selección de las que consideramos las sentencias más importantes del año en virtud de su impacto judicial, social y político, así como la discusión académica que generaron. El orden planteado responde a la fecha de publicación en la página web del TC.

Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima y otros (STC 05121-2015-PA/TC)

Publicada en web: 14/3/2018

Publicada en El Peruano: 20/6/2018

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró fundada por unanimidad la demanda de amparo planteada por la practicante de un estudio jurídico que hace trece años denunció por violación sexual a un abogado, luego de haber quedado inconsciente por el consumo de alcohol en el marco de una reunión social. La sentencia declaró nulos los dictámenes fiscales que ordenaron archivar la denuncia contra el agresor, por considerar que estos no cumplían con una debida motivación.

El Tribunal estableció que constituye una obligación constitucional para el Estado peruano el tomar acciones idóneas orientadas a lograr la eficiencia en la impartición de justicia en casos de violencia contra la mujer y, en específico, los de agresión sexual. Asimismo, destacó la vital importancia que presenta la declaración de la víctima como prueba fundamental en los casos de violación sexual.

Finalmente, debe resaltarse lo señalado en la sentencia respecto a que el tomar en cuenta criterios como la demora en denunciar, la edad o la ocupación de la víctima para formalizar una denuncia penal por violación sexual resulta discriminatorio y representa un obstáculo para el acceso a la justicia de quien alega haber sido sexualmente agredida.

Prisión Preventiva de Nadine Heredia y Ollanta Humala (STC 00502-2018-PHC/TC)

Publicada en web: 26/4/2018

Publicada en El Peruano: 20/9/2018

Uno de los casos que causó gran expectativa y debate en nuestro país fue el hábeas corpus contra las resoluciones emitidas por el juez Concepción Carhuancho y los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, las cuales habían impuesto una medida de prisión preventiva contra la ex pareja presidencial.

En esta sentencia, el Tribunal confirmó el carácter de última ratio de la prisión preventiva, debido a la restricción del derecho fundamental a la libertad personal que esta conlleva. En ese sentido, señaló que toda resolución judicial que ordene una prisión preventiva requiere de una especial motivación que demuestre de modo razonado y suficiente que ella no solo es legal, sino proporcionada y, por consiguiente, estrictamente necesaria para la consecución de fines que resultan medulares para el adecuado desarrollo del proceso.

Es importante destacar el detallado análisis que realiza el Tribunal de los argumentos utilizados por los jueces de primer y segundo grado para justificar la expedición de la prisión preventiva. Ello permitió evidenciar la existencia de un vicio de motivación al no haber sido tomado en cuenta por la Sala Penal los medios de prueba de descargo ofrecidos por los recurrentes, por lo que se ordenó devolver la libertad a los favorecidos con la calidad de investigados con mandatos de comparecencia restringida.

Asimismo, debe tomarse en cuenta que esta sentencia presenta algunas importantes consideraciones en torno a la tramitación del recurso de apelación de una prisión preventiva, así como los alcances del plazo razonable en sus audiencias. Por otro lado, recordó la naturaleza cautelar de dicha medida, proscribiendo que su dictado permita establecer responsabilidad penal alguna. Finalmente, hizo énfasis en la necesidad de que los jueces no resulten influenciados por los juicios paralelos o mediáticos al evaluar las solicitudes de prisión preventiva.

Díaz Cáceres de Tinoco (STC 00889-2017-PA/TC)

Publicada en web: 24/5/2018

Publicada en El Peruano: 20/6/2018

Esta sentencia destaca por su fuerte impacto social, pues se trata de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que reivindica el derecho al uso de las lenguas originarias en nuestro país a partir de una demanda de amparo presentada por una ciudadana quechuahablante y analfabeta, a quien la Municipalidad de Carhuaz le había restringido el horario de trabajo en una zona ambulatoria a través de una carta compromiso que no contaba con traducción alguna al quechua.

Aquí el Tribunal estableció que no solo cada persona tiene derecho a comunicarse en su propia lengua ante la autoridad, sino que, si dicha lengua es predominante en una zona (una jurisdicción municipal provincial, por ejemplo), el Estado tiene la obligación de institucionalizar el uso de ese idioma en dicha zona, con los mismos alcances con los que ha institucionalizado el uso del idioma castellano.

Este caso permitió al Tribunal evidenciar que se estaba produciendo una situación de discriminación por indiferenciación, puesto que el Estado venía tratando de la misma forma a quien tenía como lengua materna el castellano y a quién no. En ese sentido, declaró un estado de cosas inconstitucional y dispuso que el Ministerio de Educación (en coordinación con otras entidades del Estado) elabore y publique el Mapa Etnolingüístico del Perú. Dicho mapa ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2018-MINEDU, el cual fue publicado en el Diario Oficial el 16 de noviembre de 2018.

No reelección de alcaldes (STC 00008-2018-PI/TC)

Publicada en web: 5/10/2018

Publicada en El Peruano 31/10/2018

La no reelección de alcaldes se aprobó mediante la Ley 30305, una ley de reforma constitucional que siguió el procedimiento de reforma en dos legislaturas. La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 5323 ciudadanos se orientaba a cuestionar solo el extremo de la reelección de alcaldes. Los argumentos centrales eran que no existía relación directa entre reelección y corrupción, el mal que supuestamente se quería atacar; y, además, que se vulneraban los derechos de participación de quienes querían hacer carrera política.

El Tribunal resolvió en base a la configuración que le da al sufragio pasivo, tomando como fuente el informe que realizó la Comisión de Venecia a pedido de la OEA[2]. Señaló en concreto que el derecho al sufragio admite límites y que no existe un derecho a ser reelegido, como algunos autores habían señalado en nuestro medio. Ante el problema del control de las reformas constitucionales, adelanta el TC como criterio que, de tratarse de una reforma que desnaturalice la Constitución, si podría pronunciarse, conforme desarrolla en el fundamento 48. Se extraña, sin embargo, alguna nota sobre la inconstitucionalidad formal o el control de deliberación, extremos que sí serán importantes en casos posteriores de contenido político en el 2018.

Destacan los votos singulares de los magistrados Blume Fortini y Sardón de Taboada, el primero opinando que debió declararse fundada la demanda pues se están restringiendo los derechos de los vecinos; y el segundo opinando que el control de reformas constitucionales es improcedente.

Publicidad Estatal (STC 00012-2018-PI/TC)

Publicada en web: 22/10/2018

Publicada en El Peruano: 24/10/2018

La Ley 30273, tal vez más conocida coloquialmente como “Ley Mulder”, fue una ley que, a pesar de su nombre, más que regular, prohibía la publicidad estatal en medios privados, salvo algunas contadas excepciones. El caso en el Tribunal se planteó como uno de protección al derecho de todos los ciudadanos a ser informados.

Tal vez una de las notas más interesantes en la presentación de este caso fue el de la presentación de dos amicus curiae (Defensoría del Pueblo y Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico) que aportaron lecturas distintas de la norma, aunque ambos coincidieron en que la norma era inconstitucional.

La sentencia dedica varios fundamentos al desarrollo de la libertad de información y cómo a través del cumplimiento de la obligación de informar del Estado se optimizan otros fines constitucionales. En tanto se trataba de una prohibición absoluta, el resultado del test de proporcionalidad aplicado era predecible: no se superó el subprincipio de necesidad en cuanto a la libertad de información al existir medidas menos gravosas para lograr la finalidad propuesta.

Un tema que se repite en los votos y que se convierte en una de las razones para el voto singular de la magistrada Ledesma, es el de los efectos de la sentencia. Parece existir consenso en el TC de que se requiere una ley que regule la publicidad estatal, lo que reclama el voto singular es que, al no haber vacatio sententiae, se ha dejado carta libre a la contratación.

Icatom (STC 04532-2013-PA/TC)

Publicada en web: 30/10/2018

En materia de derecho constitucional tributario, el caso Icatom es seguramente uno de los más importantes pues avanza sobre lo resuelto en el caso “Medina de Baca” (STC 04082-2012-PA/TC) para responder a una pregunta: ¿Debe SUNAT cobrar los intereses que se generan pasado el plazo en que debió resolverse una controversia ante el Tribunal Fiscal? El asunto, en principio resuelto por el Decreto 891 y la Ley 30230, mantiene importancia para los reclamos sobre periodos anteriores a la vigencia de estas normas.

En “Medina de Baca” ya se había dado una respuesta a este problema pero con la particularidad de que dicho caso era sobre una persona natural. Ha sido Icatom el caso en el que se desarrollan los criterios para resolver este tipo de controversias, decisión que se funda en aquello que indiscutiblemente otorga competencia al TC: la afectación de un derecho fundamental, en este caso, el derecho a obtener una resolución en un plazo razonable.

Sumados a los conocidos criterios sobre el comportamiento de las partes y la complejidad de la materia, destaca un último criterio que obliga a evaluar las consecuencias que la demora tuvo en la situación jurídica del interesado, criterio que seguramente aún será materia de interpretación en sucesivos casos.

Cuestión de confianza (STC 00006-2018-PI/TC)

Publicada en web: 15/11/2018

Publicada en El Peruano: 19/11/2018

La crisis política que hemos vivido en el Perú también tuvo al Tribunal Constitucional como uno de sus actores, mediando entre el Gobierno y el Congreso. Uno de los casos en los que esto se evidenció de forma más directa es el de la inconstitucionalidad de la modificación del Reglamento del Congreso.

Como es de conocimiento general, la resolución legislativa 0007-2017-2018-CR modificaba el Reglamento del Congreso restringiendo la posibilidad de interponer la cuestión de confianza por parte del Presidente a supuestos que no impliquen la modificación de una ley o que no estén relacionados a mecanismos de control político. Asimismo, interpretaba la figura de la crisis total de gabinete a efectos de realizar la disolución del Congreso conforme el artículo 134 de la Constitución.

La inconstitucionalidad material no generó gran discusión. Para todos los magistrados quedaba claro que la modificación trastocaba el principio de separación de poderes y el equilibrio entre Gobierno y Congreso. Más interesante fue la discusión jurídica sobre el control de la deliberación, debate que ya había sido adelantado este mismo 2018 en la sentencia de inconstitucionalidad de la ley del sistema privado de pensiones (STC 00015-2012-PI/TC). El TC si bien reconoce que en anterior jurisprudencia ha validado acuerdos de la Junta de Portavoces para exonerar del trámite de comisión, en este caso se trata de una “reforma trascendental” que toca la “esencia misma de la Constitución” (f.j. 25).

Los votos son ilustrativos y complementan desde sus perspectivas el fallo, excepto el del magistrado Sardón, quien discrepa del control de la deliberación. Por el contrario, en el voto del magistrado Espinosa-Saldaña se puede encontrar el desarrollo de esta figura que puede seguir presentándose en futuros casos.

Fonavi II (STC 00008-2017-PI/TC)

Publicada en web: 23/11/2018

Publicada en El Peruano: 25/11/2018

A raíz de una demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30114, el Tribunal Constitucional consideró necesario evaluar la constitucionalidad del segundo párrafo de dicha disposición, el cual regulaba el proceso de liquidación de las aportaciones y la conformación de la cuenta individual de aportes para cada beneficiario de la devolución de los aportes al Fonavi.

En ese sentido, determinó que la fórmula para la determinación de los aportes a devolver vulneraba el derecho a la propiedad de los beneficiarios, ordenando que la devolución sea por la totalidad de las aportaciones efectuadas por los trabajadores dependientes e independientes, con su correspondiente actualización. En esa línea, declaró inconstitucional por conexidad el Decreto Supremo 016-2014-EF, el cual aprobaba las normas reglamentarias para la implementación de la fórmula de cálculo declarada inconstitucional.

Es necesario anotar que el Tribunal dispuso una vacatio sententiae por el plazo de un año para que el Congreso de la República, en colaboración con el Poder Ejecutivo y la Comisión Ad Hoc, regule el procedimiento de devolución de aportes del Fonavi en los términos establecidos por esta sentencia.

Deben resaltarse los votos singulares de la magistrada Ledesma Narváez y el magistrado Espinosa-Saldaña, quienes consideraron que, debido a que el Tribunal ya se había pronunciado anteriormente sobre la constitucionalidad de la fórmula de cálculo cuestionada, carecía de objeto un nuevo pronunciamiento al respecto.

Jurado Garay (STC 00007-2014-PA/TC)

Publicada en web: 13/12/2018

De las últimas sentencias en ser publicadas este 2018, el caso de Darlyn Jurado Garay ha dado que hablar por las consideraciones que lleva sobre Estado laico y derecho a la educación. El caso concreto no parece ser particularmente especial en la jurisprudencia hasta que el TC lo analiza con mayor detalle. Trata de una profesora de una escuela parroquial que, al perder la confianza en dicho centro de trabajo, es removida del cargo. La demandante al entender que ganó un concurso de méritos para enseñar en esa institución, reclama que se le asignen horas lectivas. La dirección del colegio entiende, más bien, que su empleador es la Dirección Regional de Educación Local y no la institución parroquial.

Un caso que aparentemente era solo de derecho laboral lleva al TC a preguntarse sobre los alcances de la laicidad del Estado, desarrollando así dos exigencias institucionales: la regla de separación entre Estado y organizaciones religiosas; y la regla de la neutralidad. Una lectura sistemática del artículo 50 de la Constitución y la libertad de religión lleva al TC a afirmar que de la Constitución no se desprende una ventaja para la Iglesia Católica. El reconocimiento que se le hace es simbólico mas no se deriva de este un programa normativo de estatus constitucional especial (f.j. 40)

Como consecuencia de esto, el financiamiento estatal de la actividad educativa de la Iglesia es, en las circunstancias actuales, considerado inconstitucional toda vez que afecta las dos reglas de laicidad comentadas. En el fallo se declara fundada la demanda pero al no poder reponerse a la demandante a la institución educativa parroquial por las consideraciones de laicidad, se ordena que se le ubique en algún otro centro educativo. Aun cuando no forme parte del fallo, el fundamento 68 es de especial relevancia: se señala que el Ministerio de Educación debe suspender el financiamiento estatal o uniformizar el financiamiento a centros educativos privados, al margen de su opción religiosa.

Flores Callo y Carrillo Espejo (STC 00799-2014-PA/TC y STC 02677-2016-PA/TC)

Publicadas en web: 14/12/2018

El precedente “Flores Callo” aborda el tema de la emisión de certificados médicos exigidos a una persona para configurar pensiones por enfermedad, los cuales deben ser emitidos por Comisiones Médicas de Essalud. Al respecto, este precedente pudo identificar una crisis en la implementación de dichas comisiones médicas, lo cual en muchos casos generaba una situación de incertidumbre probatoria al existir contradicciones entre los certificados emitidos por estas y los certificados médicos presentados por las compañías aseguradoras.

Es por esta razón que se estableció como precedente una serie de reglas que otorgan plena validez probatoria a los informes médicos emitidos por comisiones médicas evaluadoras del Ministerio de Salud y Essalud, salvo que se presenten determinados supuestos. Es importante señalar que una de las nuevas reglas que establece el precedente es que si se mantiene la incertidumbre sobre el estado de salud del demandante, se le otorgará la oportunidad de someterse a un nuevo examen médico en un plazo razonable.

Por otro lado, el precedente “Carrillo Espejo” establece una serie de reglas frente a las pensiones que no han sido correctamente calculadas y que han generado un pago mayor o menor al que realmente corresponde a los pensionistas. Al respecto, debe resaltarse que el precedente establece un mecanismo de compensación que busca no perjudicar a los pensionistas que han recibido pagos en exceso, pues se prohíbe que se realice un descuento en alguna  de sus pensiones futuras. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el precedente deja a salvo el derecho de ONP de repetir contra los funcionarios responsables del error.

Bonus:

En un año con tantos incidentes, algunas sentencias quedaron fuera de la lista pero aun así ameritan una mención. Entre ellas, la sentencia Transfuguismo II (STC 0001-2018-PI/TC) que incidió sobre temas que ya se habían tratado en Transfuguismo I (STC 00007-2017-PI/TC), habiendo despertado su aplicación gran polémica en un sector del Congreso. Entre otros temas, el caso de la condena del absuelto (STC 00861-2013-PHC/TC) tiene especial importancia dado que obliga a reevaluar la implementación del proceso penal.


[1] https://wwwnfoquederecho.com/2018/01/01/lo-que-el-tribunal-constitucional-nos-dejo-en-el-2017/

[2] Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia). Informe sobre los límites a la reelección  Parte I Presidentes. 2018. (https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2018)010-spa) [consulta 16/12/18)]

 

Fuente de la imagen 

Andina

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