Por César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la PUCP.
A propósito de las recientes decisiones tomadas por el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, respecto a remover de sus cargos al fiscal Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, Enfoque Derecho conversó con el constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho en la PUCP César Landa sobre las repercusiones de las acciones del Fiscal de la Nación y cuáles serán los próximos escenarios en el Perú.
ED: Tomando en cuenta las acciones y, en particular, la última decisión del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ¿cómo se ha visto afectada la autonomía e independencia del Ministerio Público?
CL: De acuerdo con la Constitución, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar los delitos y la Constitución ha establecido delitos extraordinarios y la lucha anticorrupción, por eso ha sido declarada imprescriptible con una última reforma constitucional así como también, otros delitos graves como el terrorismo y el narcotráfico. En ese sentido, la decisión que ha tomado el Fiscal de la Nación al no ratificar en sus cargos al fiscal Pérez y Vela pone en peligro, precisamente, esta lucha contra la corrupción vinculada al caso Lava Jato, que es un delito globalizado. Es un delito internacional al punto que se va a sugerir, en los próximos días, un acta de compromiso para que pueda haber mayor información en relación a los hechos de corrupción en el Perú. Incluso, los fiscales de Brasil han expresado su respaldo a la labor que han hechos los fiscales peruanos, hoy destituidos.
Además, el propio Fiscal de la Nación ha asumido el cargo de manera cuestionable en su legitimidad, ya sea por el puntaje obtenido, el cual no era suficiente, o por la falta de votación necesaria en el CNM. Todo ello pone en evidencia que está vinculado, como así se ha denunciado y por eso se ha investigado, a los “Cuellos Blancos del Puerto” que, precisamente, es toda una organización liderada por el ex juez supremo Hinostroza, preso en España, por cooptar ya sea el CNM o la Corte Superior del Callao buscando, a través de la presidencia de la Corte Suprema, apoyar su designación como Fiscal de la Nación. Por ende, hay una serie de elementos objetivos que cuestionan la legitimidad del Fiscal de la Nación y ponen en peligro la autonomía e independencia del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.
ED: ¿La decisión específica del Fiscal de la Nación puede verse involucrada con decisiones anteriores en el Congreso?
CL: Definitivamente, la investigación del caso Lava Jato alcanza no solamente a hechos de corrupción comunes sino también extraordinarios como puede ser el financiamiento de partidos políticos, ya sea al de Keiko Fujimori, Alan García (APRA), PPK, el de Ollanta Humala o Villarán. En ese sentido, ésta decisión debilita toda acción del Ministerio Público y Poder Judicial que, asimismo, es un derecho ciudadano porque la potestad de administrar justicia -dice la Constitución- emana del pueblo y se ejecuta a través de los fiscales y los jueces en el marco de la propia Constitución y las leyes. En consecuencia, esta decisión del Fiscal de la Nación pone en cuestión esta labor constitucional y, por ello, el rechazo de la opinión pública expresada en las calles frente a la destitución de estos fiscales, la cual, ciertamente, ha venido teniendo el apoyo de los grupos vinculados a las investigaciones. Con ello, me refiero a parlamentarios del fujimorismo o, también, los periodistas que son afines a la defensa de estos casos de corrupción.
ED: Frente al Proyecto de Ley anunciado por el Presidente de la República sobre la declaración en estado de emergencia del Ministerio Público, ¿cuáles son las expectativas que se tienen?
CL: Ante esta situación, la respuesta de un Estado de Derecho se debe realizar a través de las disposiciones que la Constitución y las leyes establecen. Alternativas hay, de carácter institucional, político y judicial. La alternativa que se está anunciando por el Poder Ejecutivo es un proyecto de ley para declarar en reorganización el Ministerio Público, quedando en suspenso el Fiscal de la Nación y encargándose una Junta Transitoria de Fiscales. Si bien no conocemos el proyecto de ley a detalle, considero que debería ser presidida por el Fiscal de la Nación último, Pablo Sánchez, a efectos que en un periodo transitorio pueda reorganizarse y darse el restablecimiento, en particular, de los fiscales Pérez y Vela en la lucha contra la corrupción en el caso Lava Jato.
ED: Si bien el Congreso puede negarse a la aprobación de dicho Proyecto de Ley, y consecuentemente, el Presidente puede observar dicha negativa, ¿considera que existe una medida más célere? ¿Fue conveniente no emplear la cuestión de confianza?
CL: El Poder Ejecutivo ha puesto a disposición de la ciudadanía, que se ha reflejado en las urnas, la aprobación del 80% de la lucha por la reforma del sistema de justicia y la lucha contra la corrupción en el sistema político. De modo tal, que hay un aval democrático que no puede ser dejado de lado. Por eso, considero que el Ejecutivo está empoderado para poder plantear este Proyecto de Ley como una cuestión de confianza. Es decir, que en el Parlamento, no obstante a una mayoría resistente a esta lucha contra la corrupción, sea sometida la aprobación urgente de este Proyecto de Ley con la reestructuración que comentábamos. De rechazarla, constituiría un segundo rechazo de cuestión de confianza y el Presidente estaría, de acuerdo con la Constitución, avalado a poder disolver el Congreso y convocar elecciones en el plazo de dos meses y gobernar por Decreto de Urgencia. Creo que ahí habría una respuesta institucional.
Otra respuesta, más ordinaria, es la judicial. Y es que, como toda resolución, en este caso del Ministerio Público, no es que sea inamovible sino que puede ser cuestionada judicialmente cuando viola la ley o la Constitución mediante una acción popular. Para esto, la Constitución protege de manera clara y precisa la lucha contra la corrupción. Esta medida de no ratificar a los fiscales Pérez y Vela va en contra de la disposición constitucional de promover el combate contra la corrupción y no obstaculizarla o impedirla. De modo tal, que la acción popular puede ser planteada por los ciudadanos que así lo hayan expresado o a través de los gremios de abogados que también han expresado, públicamente, que no avalan la destitución de estos fiscales.
De otro lado, también podría plantearse una acción de amparo que anule, con una medida cautelar de suspensión, la resolución administrativa del Fiscal de la Nación que pone en cuestión la lucha contra la corrupción.
ED: Sabemos que la corrupción, junto a sus diferentes formas de manifestación, constituyen un delito proscrito por la propia Constitución, ¿existe alguna falta constitucional cometida por el Fiscal de la Nación en la no ratificación de los fiscales Pérez y Vela?
CL: Va un cúmulo de denuncias constitucionales que han sido recibidas por un lado, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que están en manos de la mayoría parlamentaria, la cual es renuente a iniciar la investigación. Por otro lado, hay investigaciones fiscales, de modo que esta no ratificación de los fiscales Pérez y Vela es una decisión que corona todo este proceso de confrontar y desalentar la lucha contra la corrupción. En consecuencia, es una infracción a la Constitución que puede ser investigada como tal o como una suerte de tipificación penal en su eventual participación en el grupo de “Los cuellos blancos del Puerto”. Con lo cual, esta decisión hay que entenderla en conjunto con todas las denuncias que se vienen formulando y que están siendo impedidas de ser investigadas por él mismo como también por el Congreso, por esta mayoría parlamentaria.
ED: Finalmente, ¿cómo puede analizarse la destitución o renuncia del Fiscal de la Nación en estos momentos? Sabemos que la ciudadanía ha salido a las calles, pero ¿es lo que piden realmente viable?
CL: Sí, pues ninguna autoridad está en el cargo al margen de la ley. El año pasado, se ha pedido la regulatoria del mandato del ex Presidente Kuczynski quien finalmente, ha renunciado. En este caso, no obstante las denuncias, el Fiscal de la Nación ha sido renuente a tomar esa decisión. De modo tal que, hay mecanismos institucionales que la Constitución prevé para que cualquier autoridad, cualquier funcionario público de menor o mayor grado, incluido el Presidente como ya lo comentaba, puede ser sometido a este tipo de investigaciones. En ese caso, considero que un poco de dignidad y respeto a la democracia implicaría que el Fiscal de la Nación deje el cargo sin perjuicio de las investigaciones que correspondan por las infracciones o delitos que esta cometiendo.
Fuente de imagen: Diario Exitosa.
