Por Enfoque Derecho

El jueves 10 de enero del presente año, Nicolás Maduro juramentó para un nuevo mandato que se extendería hasta el 2025. Según han informado los medios de comunicación, las elecciones del 20 de mayo del 2018 fueron “ganadas” por Maduro en un contexto de denuncias de coerción, fraude e irregularidades electorales, y una crisis humanitaria en crecimiento. Siendo esta la situación, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, declaró como ilegítima la juramentación de Maduro para su nuevo mandato. Asimismo, Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y varios países miembros del Grupo de Lima mostraron su rechazo al mandatario venezolano.

En vista de ello, en el presente Editorial, Enfoque Derecho realiza un análisis sobre las consideraciones que llevan a calificar como ilegítima la  toma de poder de Maduro y cuáles serían las posibles consecuencias que generarán la adopción de medidas de rechazo de este Gobierno.

Cabe recordar que en las elecciones extraordinarias realizadas en el 2013, Nicolás Maduro llegó al poder tras la muerte de Hugo Chávez, quien lo había designado como su sucesor. Para cuando llegaron las elecciones del 2018, Venezuela atravesaba una grave crisis que había obligado a sus ciudadanos a emigrar a distintos países de la región dadas las pésimas condiciones de vida en su país. En adición a ello, debe tenerse presente la violencia desplegada por el gobierno en contra de sus opositores civiles y políticos, y la creciente inflación que hace cada vez más imposible el acceso a productos y servicios de necesidad básica. No obstante, Maduro persistía en conseguir ganar, nuevamente, las elecciones prometiendo subsidios de alimentos y usando a su favor la desesperación de un pueblo que se hunde cada vez más en la pobreza. Como resultado de todo lo anterior, estas elecciones contaron con una participación del 46% de la población. Es decir, menos de la mitad de los electores emitieron su voto en las urnas.

Como se mencionó en los párrafos anteriores, el proceso electoral en cuestión no estuvo libre de críticas, pues muchos observadores internacionales no pudieron hacer seguimiento de las elecciones y los líderes de la oposición denunciaron una persecución política que les impedía participar libremente en las elecciones. Según Human Rights Watch, desde el 2014 se han documentado al menos 31 casos de tortura contra opositores del gobierno. Asimismo, Foro Penal, una organización venezolana de derechos humanos, reportó más de 12.800 civiles arrestados por participar en manifestaciones en contra del gobierno, incluso algunos fueron detenidos en sus casas sin una orden judicial. A ello se le añade que Maduro consolidó su dictadura al tomar el control de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, además de contar con el apoyo de las fuerzas militares, a cuyos líderes Maduro entregó el control de las industrias de alimentos, petróleo y minería.

Una toma de poder dada en un contexto en el que su principal líder tiene el control de los poderes, despliega una constante y fuerte persecución política y violencia del Estado contra civiles y líderes opositores a su gobierno. Asimismo, la baja participación de electores, está lejos de ser democrática y justa —es decir, lejos de ser legítima—, y no demuestra nada más que el cuadro de un dictador que se aferra al poder a cualquier precio.

En cuanto al plano internacional, los Estados han adoptado diversas medidas en contra del gobierno de Maduro. Una de las principales organizaciones que ha criticado al gobierno es la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual acordó no reconocer la legitimidad del mandato, además de instar a que se celebren nuevos comicios. Dicha decisión se encuentra respaldada tras la declaración del Grupo de Lima, que exhortó a Maduro a no asumir el poder y, en cambio, transferir el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoquen nuevas elecciones. Sin embargo, a Maduro aún le quedan algunas puertas a las que recurrir para no ahogarse en un total aislamiento diplomático. Este podría ser México, quién la semana pasada se negó a respaldar dicha declaración y se perfila como un aliado diplomático de la República Bolivariana. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha ofreciendo ayuda para atender temas urgentes, especialmente relacionados a salud y alimentación.

No obstante, es importante recalcar que, en los últimos años, Venezuela se ha visto aislada de la comunidad internacional, quedando limitada a recurrir a sus pocos aliados diplomáticos y económicos como Rusia, China o Turquía. Si bien tiene el apoyo de países con economías fuertes, tal situación ha generado efectos negativos en su economía nacional. Entre los principales efectos se encuentran la hiperinflación, la cual fue estimada a fines de noviembre de 2018 a un tope de 1.400.000 %; y con una previsión de 10 millones % estimada por el Fondo Monetario Internacional (IMF) para el 2019. Ello ha causado que los precios aumenten desmedidamente, esto ocasiona que la población viva en una situación ínfima, a tal punto que la pobreza extrema está próxima a llegar al 87% de la población. Del mismo modo, la desigualdad socioeconómica ha llegado a su tope, pues solo hay un pequeño sector que puede adquirir productos y servicios de necesidad básica a precios altos. Por otro lado, se encuentra la inversión privada, esta también se ha visto totalmente desincentivada, puesto que la imposición de precios bajos en productos de necesidad básica no permite recuperar la inversión. Por lo tanto, ello genera que tales productos no circulen en el mercado o que lo hagan a precios exageradamente altos. Lo mismo ocurre con la industria petrolera, principal fuente de la economía Venezuela, esta necesita de buenas relaciones diplomáticas, de las cuales actualmente carece debido al tajante rechazo a una reelección considerada ilegítima por gran parte de la comunidad internacional.

Es así que la crisis en Venezuela ha llegado a tal punto en que ya ha dejado de ser una simple crisis económica y se ha convertido en una humanitaria, donde las marcadas desigualdades son palpables en el día a día y no afectan a aquel dictador que se aferra al poder, sino a la población venezolana en conjunto. Pero la crisis aún no ha terminado, le falta mucho más por absorber, junto a sus grandes hermanas: la pobreza y la emigración. Pese a ello, Maduro se niega a aceptar que continuar haciendo promesas de subsidios, imprimir billetes o cambiarle de nombre a la moneda nacional no va a acabar con la crisis que atraviesa Venezuela, sino que por el contrario la agudiza aún más. Lo necesario para restaurar una democracia, que se da por perdida, es que Maduro dé un paso al costado y deje que Venezuela se libere de la dictadura y vuelva de nuevo a sus verdaderos dueños: al pueblo venezolano.

Fuente de la imagen: Infobae

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