1. Confirmación de 7 meses de prisión preventiva contra el suboficial Elvis Miranda.

El 29 de enero se confirmó los 7 meses de prisión preventiva del suboficial Elvis Miranda por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura, quien fue detenido el 13 de Enero por los presuntos delitos de homicidio y abuso de autoridad contra Juan Ramírez Chocán cuando este último era perseguido por haber cometido robo en el distrito de Castilla, Piura.

La fiscalía afirmó mediante un comunicado que el uso del arma de fuego por el suboficial Elvis Miranda fue desproporcionado, para consecuentemente disponer la apertura de una investigación. Por otro lado, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)  abrió investigación al juez David Zapata, quien dictó la prisión preventiva de 7 meses contra el suboficial.

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2. Apertura de investigación a Marcial Rubio por caso de cobros indebidos en la PUCP.

El pasado 31 de Enero, se dispuso la apertura de investigación a diferentes autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) entre los cuales figura el ex rector, Marcial Rubio. Las investigaciones giran alrededor de la investigación preliminar por 30 días de los supuestos pagos indebidos en las mensualidades de los alumnos de dicha casa de estudios. Los presuntos delitos señalados son los siguientes: delitos contra el patrimonio y apropiación ilícita. Dentro de los investigados figuran Pepi Patrón, Efraín Gonzales y profesores como Iván Meini, Iván Montoya y Guillermo Boza.

Las acciones del Ministerio Público serán desarrollar una pericia contable del importe de ingresos percibidos del pago de moras de los alumnos durante el periodo 2012 al 2018. Conjuntamente, se evaluará los montos de importes asignados  a los programas de Maestría en Derecho Penal, Derechos Humanos y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos a cargo de la Administración de la PUCP.

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3. Congreso aprueba la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

El 01 de Febrero, se aprobó la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, órgano que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El pasado miércoles, dicho proyecto fue rechazado por el Pleno del Congreso; sin embargo, tras la convocatoria a cargo del Presidente del Congreso de los titulares de las comisiones de Justicia y Constitución, el pasado viernes, lo aprobaron con 80 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención.

Lo que ha llamado la atención es la no inclusión y posturas opuestas en relación a la paridad de género. Fundamentalmente, lo que se buscaría incluir con la paridad de género es que al menos tres de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia sean mujeres. La titular de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, afirmó que la meritocracia es el criterio que debe primar y que la paridad de género conllevaría a violar la constitución al considerarla discriminatoria. Al respecto, bancadas como la de Nuevo Perú y Bancada Liberal afirmaron su rechazo a la eliminación de la cuota de género. No obstante, es preciso resaltar que en diferentes oportunidades el TC ha señalado que el principio de igualdad y no discriminación afirma que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho tiene que existir una justificación razonable y proporcionada que perciba la realidad nacional.

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4. Congreso aprueba la Ley de Probidad en la Abogacía.

El 29 de enero, el Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia sobre el Proyecto de Ley de la Probidad en la Abogacía. El dictamen aprobado elimina toda referencia al rol ético de las facultades de Derecho a diferencia de la inicial propuesta del Ejecutivo. En agosto del 2018, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley en donde se proponía un rol más activo de las autoridades (ej. CAL) y de la ciudadanía (denuncias) en la lucha contra la corrupción. Asimismo, pretendía que todas las facultades de Derecho incluya, en sus planes de estudio, cursos específicos de formación profesional ética (artículo 5).

Las razones de rechazo del Proyecto en cuestión son, fundamentalmente, la no consideración de la necesidad de una regulación por parte del Congreso de dicha materia y la supuesta violación de la autonomía universitaria. Sin embargo, para el análisis de este proyecto, es necesaria una interpretación sistemática de la Constitución. Por lo tanto, deben leerse conjuntamente el artículo 14 de la Constitución, que afirma la obligatoriedad de formación ética en los procesos educativos militares o civiles, y el artículo 18, que afirma que se debe garantizar la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.

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