Por Enfoque Derecho

El pasado 27 de agosto del 2018, la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó al congresista Edwin Donayre a cinco años y seis meses de prisión efectiva por el delito de peculado.

Este caso, conocido popularmente como “El gasolinazo”, hace referencia al presunto robo y comercialización de combustible que había sido asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar entre enero y noviembre del 2006. El delito de peculado, previsto en el artículo 387° del código penal, fue cometido por Donayre siendo funcionario público y aprovechándose de dicha posición, con la cual habría solicitado, recibido y, posteriormente, vendido petróleo y gasolina a grifos personales, apropiándose para ello, según lo estima la Fiscalía, de 2,571 mil soles.

En el Congreso, la discusión ha girado en torno a si se debe levantar, de inmediato, la inmunidad parlamentaria que protege a Donayre en su calidad de congresista, en tanto ya ha sido condenado en primera instancia dentro de un proceso abierto por un delito cometido con anterioridad al inicio de su gestión, o si se debe esperar hasta la última instancia. En ese sentido, Enfoque Derecho analizará el alcance de la inmunidad parlamentaria respecto a los fines de la condena en el marco del caso en específico.

La inmunidad parlamentaria existe para brindar protección especial a los parlamentarios, de manera que estos no sean procesados por delitos comunes o sean arrestados sin la previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, salvo en caso de delito flagrante.

Esta institución se encuentra regulada tanto en la Constitución como en el Reglamento del Congreso. Es así que, por un lado, el artículo 93° de la Constitución establece lo siguiente: “[Los congresistas] No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante”. Por otro lado, el artículo 16° del Reglamento del Congreso esclarece un punto que es clave para comprender cabalmente el caso Donayre: “La inmunidad parlamentaria no protege a Congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal, que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente, con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni se suspenden”. Por consiguiente, la inmunidad parlamentaria no fue pensada para promover la impunidad, sino que, en pocas palabras, establece la exigencia de una previa autorización para que los parlamentarios puedan ser procesados en el fuero común. La importancia de la previa autorización consiste en evitar detenciones o procesos penales que tengan una motivación política, y que, en consecuencia, perturben el adecuado funcionamiento de la labor parlamentaria.

En resumen, hay tres cuestiones esenciales y concurrentes respecto a esta institución. En primer lugar, el proceso y ejecución de la pena privativa de la libertad del congresista están sometidos a decisión del Congreso. En segundo lugar, la inmunidad no protege a la persona respecto a procesos que habrían sido iniciados antes de la elección. Y, en tercer lugar, esta prerrogativa parece tener una vocación tuitiva hacia los parlamentarios en tanto se busca evitar persecuciones políticas.

En ese sentido, si se decide esperar a que se le levante la inmunidad al congresista Donayre, estaríamos ante un escenario en el que existiendo una sentencia que establece una pena privativa de la libertad, esta no tendría mayor eficacia en tanto estaría sujeta a la decisión final del Congreso.

Esta situación genera diversos problemas. En primer lugar, atenta contra la naturaleza de la institución. La inmunidad parlamentaria, como se ha indicado en los párrafos precedentes, tiene por objetivo servir como un filtro para evitar detenciones y procesos penales con posibles motivaciones políticas. Asimismo, como parte de su esencia, no protege ante procesos ya iniciados antes de asumir el cargo. La condena que recae sobre el militar peruano se dio en razón de un delito cometido antes de que asuma el cargo de congresista. Por ello, es preciso recordar que Edwin Donayre fue elegido como representante de los ciudadanos para el periodo 2016 – 2021 por Lima. Por lo tanto, la inmunidad no alcanza al proceso que es analizado en este editorial.

En segundo lugar, no ejecutar la pena implica una vulneración al derecho a la ejecución de la resoluciones judiciales. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 00607-2009-AA, señala que este es una de las dimensiones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla. Sin embargo, el caso no es tan sencillo, debido a que existe una contradicción entre cuerpos normativos respecto a la actuación inmediata de las sentencias condenatorias y el efecto suspensivo de ciertos recursos que podrían ser planteados. Por un lado, los artículos 293° y 330° del código de Procedimientos Penales establecen que, independientemente de que se imponga un recurso, la sentencia condenatoria debe ser ejecutada. Por otro lado, y en contraste al criterio normativo anterior, el código Procesal Penal genera dudas respecto a esto, debido a que si bien en su artículo 418.2° indica claramente que la sentencia condenatoria se ejecuta inmediatamente, sin perjuicio de que haya interpuesto el recurso de apelación, su artículo 402° le da al juez el margen para que evalúe el caso concreto y opte por una inmediata ejecución u otras vías dispuestas.

En tercer lugar, el utilizar la inmunidad como un mecanismo para evitar la ejecución de la pena podría ser calificado como un delito contra la administración justicia. Esta clasificación de delitos comprende conductas que afectan la correcta y oportuna administración del servicio de justicia mediante la interferencia u obstaculización de, en este caso, resoluciones que le competen al Poder Judicial. En específico, estaríamos ante el delito de encubrimiento personal (artículo 404° del Código Penal) que consiste en sustraer a una persona de la persecución penal o a la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia. Ello precisamente porque, como ya lo había aclarado el Tribunal Constitucional en la sentencia 0013-2009-PI/TC, ante el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria que formule el Poder Judicial -ya sea para una detención o la apertura de un proceso penal-, al Congreso solo le compete evaluar si existen o no motivaciones políticas, más no inmiscuirse en temas de fondo que le son de estricta competencia al Poder Judicial. Es decir, el Congreso no evalúa la supuesta inocencia o culpabilidad; por el contrario, solo debe enfocarse en descartar o no una persecución política.

En atención a todo lo anterior, la inmunidad parlamentaria de la que goza actualmente el congresista Edwin Donayre no alcanza a la condena que ha sido dispuesta contra este en el marco de una proceso penal sobre un delito cometido con anterioridad al inicio de su gestión. Asimismo, a ello se le añade que al Congreso lo que le compete en estricto, para levantar la inmunidad, es analizar si existe o no una persecución política en el pedido que se le formule. De otro modo, si continuamos en una situación como la actual, estaríamos ante un Poder Legislativo que deja sin valor ni eficacia a una sentencia del Poder Judicial, obstaculizando así su correcto y oportuno funcionamiento e independencia.


Fuente de la imagen: Andina

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