Cristina Gonzáles, estudiante de la Facultad de Derecho en la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho

Con una propuesta bandera que costaría 25 000 millones de dólares, Donald Trump consolidó su campaña presidencial en el 2016. Sin embargo, una vez dentro de la Casa Blanca, la decisión de iniciar la construcción del muro fronterizo con México no ha sido lo esperado por el republicano. Aproximadamente, han sido dos años los que, forzosamente, Trump ha tenido que esperar por un respuesta concreta del Congreso de los Estados Unidos respecto al presupuesto que este último otorgará para el financiamiento del muro. Fueron alrededor de 35 días de cierre administrativo de los Estados Unidos – el más largo en su historia, que concluyó con la firma del pacto presupuestario seguida de la declaración de emergencia nacional. Ello, debido a que, el pasado jueves 14, el ejecutivo esperaba la aprobación de 5 700 millones de dólares para el inicio de la construcción del muro; no obstante, lo aprobado ha sido significativamente menor: 1 375 millones de dólares.

Este viernes 15, finalmente, Trump declaró en emergencia nacional a los Estados Unidos con el fin de conseguir los fondos necesarios para el muro. Una declaratoria de emergencia no solo cuestionable en la motivación de la misma sino también como estrategia por parte del republicano. En este artículo, precisamente, se analizará estas dos características no tan claras que han despertado controversia en todo el mundo.

“National Emergencies Act”. En primer lugar, este poder especial y temporal que concede una ley estadounidense de 1976 al presidente de los Estados Unidos para declarar en emergencia nacional al país y disponer de fondos sin ley previa del Congreso. Este se ha concretado frente a amenazas críticas que el país ha enfrentado a lo largo de la historia[1]– donde se necesitaba una inmediata respuesta gubernamental. Un poder que ha podido ser ejecutado por Bush y Obama frente emergencias como las del 2005 (huracán Katrina), atentados del 11 de setiembre y 2009 (epidemia de gripe H1N1), respectivamente. Básicamente, para la ejecución de este poder, el mandatario debe señalar cuales de las prerrogativas – antes otorgadas por el Congreso, va a emplear para gestionar la emergencia.

En segundo lugar, no es la primera vez que el actual mandatario estadounidense recurre a la declaratoria de emergencia nacional[2]; no obstante, la “emergencia” no queda tan claro y pareciera ser una suerte de medida desesperada frente al fracaso de una propuesta electoral. Este poder tiene fundamento en la emergencia que Estados Unidos puede atravesar y a la cual debe hacer frente lo más pronto posible. No obstante, las críticas respecto a la naturaleza del poder no se han hecho esperar, sobretodo, cuando se trata del cumplimiento de una propuesta electoral populista.

Algunos demócratas como Nancy Pelosi, presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, han afirmado que la ejecución de este poder por parte de Trump significaría una violación a la Constitución al omitir la aprobación del Congreso (ley expresa) con respecto al presupuesto estadounidense. No obstante, hemos de volver a señalar que frente a emergencias como las del 11 de setiembre, por mencionar alguna, la ley ha resultado acertada. Es decir, este poder especial, pese a no seguir el lineamiento “común” de la separación de poderes propio de un sistema presidencial como el estadounidense, ha servido frente a emergencias extremas. El terreno se vuelve más complejo cuando se trata de delimitar o definir frente a qué emergencia es necesario dicho poder. Entonces, la problemática no yace en la naturaleza de la ley en sí misma sino en la particular ejecución de esta frente a una crisis migratoria que no existe. La lupa debe situarse en la legitimidad de la motivación de ejecutar este poder, precisamente, cuando el Congreso haciendo ejercicio de su poder presupuestario constitucional le ha cerrado las puertas a Trump para la construcción del muro tal y como él prometió en el 2016.

En tercer lugar, la motivación de esta emergencia nacional, según afirma Trump, es una aparente crisis migratoria. Para analizarla, debemos dirigirnos las cifras que el Departamento de Seguridad Interior estadounidense maneja, las cuales señalan que en el año 2000 eran 1,6 millones de personas detenidas por cruzar la frontera ilegalmente mientras que, en 2018, la cifra se redujo a 400 000. Asimismo, Trump ha afirmado que la epidemia de opiáceos en Estados Unidos es debido al ingreso de criminales y droga desde la frontera. No obstante, como señala la BBC y el diario El País, “ni los datos ni los expertos amparan dicha relación”. Finalmente, Trump ha sostenido en innumerables ocasiones la presencia de terroristas entre las personas que cruzan ilegalmente la frontera; sin embargo, hasta la fecha, no se ha comprobado la existencia de campos de entrenamiento ni de terroristas o vinculados a algún atentado.

Precisamente, la no legitimidad de la declaratoria de emergencia es uno de los argumentos más vociferados para una pronta impugnación de la medida frente a los tribunales. La opción de la emisión de una resolución conjunta de las dos Cámaras del Congreso que termine con la emergencia no es muy factible en estos momentos ya que, naturalmente, el Presidente puede rubricar o vetar la resolución como lo haría con cualquier otra ley.

Actualmente, un bloque de 16 Estados norteamericanos han demandado a la administración que Trump viene realizando tras la acusacion de obar los fondos del gobierno nacional. Los mandatarios de estos 16 estados afirman que es inconstitucional desviar fondos pertenecientes a todos los ciudadanos, quienes han venido aportando conforme a Ley, como lo ha señalado Xavier Becerra, fiscal general del Estado de California.

Ahora bien, una vez en los tribunales, se deberá evaluar no solo la legitimidad sino los efectos (en tanto precedente) y riesgos a los que el gobierno se enfrentaría. Bajo la declaratoria de emergencia nacional, los fondos destinados por el Congreso a otros conceptos pueden ser empelados para la construcción del muro; es decir, se puede recurrir hasta a los fondos del Pentágono. Es alarmante que, la Casa Blanca haya informado a la prensa que se evalúa el empleo de fondos destinados a ayuda para desastres en California y Puerto Rico – isla que se encuentra en reconstrucción tras el huracán María en 2017. De modo que, dicha desviación de los fondos para cubrir una “emergencia” que no encuentra sustento en la realidad significa un riesgo nada acertado para Estados Unidos.

Al respecto, a través de un comunicado oficial, Nancy Pelosi, presidenta demócrata de la Cámara de Representantes y Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, afirmaron que “la declaración ilegal del presidente sobre una crisis que no existe violenta gravemente nuestra Constitución y hace a Estados Unidos un país menos seguro, al robar fondos urgentemente necesarios de Defensa destinados a la seguridad de nuestros militares y nuestra nación”.

Por otro lado, como estrategia por parte de Trump para concretar una de sus propuestas banderas, parece no haber sido la decisión más acertad. Ello, debido a que, si bien Trump tiene apoyo de la mayoría republicana[3], que la medida vaya a ser debatida y cuestionada en los tribunales y, probablemente, llegue a la Corte Superior, significa la dilatación de una decisión final con respecto al financiamiento del muro. Cabe resaltar que en el pacto presupuestario firmado el 15 de Febrero, se incrementó el presupuesto dirigido a la seguridad fronteriza con México. Asimismo, acorde a la última Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono, la frontera sur no es parte del plan de defensa nacional como parte prioritaria. Sin embargo, como se ha desarrollado, al mandatario estadounidense parece no importarle, como en reiteradas oportunidades ha venido demostrándolo, la objetividad de las cifras y análisis realizado por especialistas alrededor de determinados temas como el cambio climático o la “crisis migratoria” y la seguridad nacional.

Se puede afirmar que frente a dos años de continua lucha por lograr conseguir los fondos necesarios para el muro, la decisión del Congreso del pasado jueves significó para Trump un fracaso político. Sin embargo, como era de esperarse, sin expectativas de admitir dicho fracaso, el mandatario recurrió a un terreno pantanoso como es el de la “emergencia nacional”. Con miras a las elecciones 2020, Trump ha preferido que se diga de él que ha “contra-atacado” pero no que ha cedido o se ha rendido frente a la decisión del Congreso – decisión propia de un poder presupuestario taxativo.

En ese sentido, si bien existe el poder presidencial para declarar en emergencia nacional los Estados Unidos, la ejecución de dicha medida representaría un problema jurídico en la eficacia del sistema presidencial de división de poderes en los Estados Unidos. La legitimidad de la medida frente a una “crisis migratoria” que Trump estaría creando es cuestionable e inevitablemente, conllevará a una discusión frente a tribunales. De modo tal que, una decisión sobre la construcción del muro está lejos de ser determinada en las próximas semanas pese al ímpetu y seguridad con el que Trump ha declara en emergencia los Estados Unidos, pese al ímpetu de una medida desesperada.

[1]Desde la entrada en vigencia de la ley, han sido 58 declaratorias de emergencia nacionales – 31 de estas aún vigentes.

[2]En diciembre del 2017, con el objetivo de determinar sanciones drásticas contra violadores de derechos humanos. En setiembre del 2018, para sancionar a agentes extranjeros que habrían interferido en las elecciones estadounidenses. Y, en noviembre del 2018, contra miembros del gobierno de Nicaragua a raíz de protestas violentas en Estados Unidos.

[3]Desde el partido republicano, la senadora Susan Colins ha manifestado su rechazo frente a la decisión del mandatario estadounidense, afirmando que “declarar la emergencia nacional en este caso sería un error”.

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